·         Ocho plataformas de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha de las cinco provincias marcharán en una concentración de protesta el martes 14 de noviembre a partir de las 10:00 h desde la Consejería de Agricultura al Palacio de Fuensalida

·         Las principales reivindicaciones son el pago inmediato de las cantidades adeudadas, 70% de los ecorregímenes, así como la falsa ayuda de sequía es decir zonas de favorecidas y de montaña

·         “Que vengan todos los consumidores a defender la cesta de la compra, porque si la agricultura no funciona, el campo no da de comer a la gente”

·         “Traen de fuera alimentos que si yo los produjera me meterían en la cárcel. Me están diciendo que un producto es cancerígeno, y me traen de fuera de España alimentos tratados con productos que llevan aquí prohibidos 10 años”.

Toledo a 6 de noviembre de 2023

El dinero desviado de la PAC para el desarrollo rural acaba en manos de una empresa privada de CLM en lugar de llegar al delicado sector agrario.

Dicha empresa ha sido hackeada con la posible pérdida de datos sensibles de los agricultores.

El retraso del pago de las ayudas a los agricultores está injustificada.

Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha aún no han cobrado un euro de los ecorregimenes, ese 70% adeudado, autorizado por Bruselas por la sequía ¿Desidia del Consejero de Agricultura, intención de hundir el sector? No se sabe, aunque se presupone según declaraciones de los agricultores.

Según informa Unión de Uniones de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, la Consejería de Agricultura ha delegado la monitorización a la empresa GEACAM.  Cuestión que, según sentencia del Tribunal Supremo, es ilegal.

También comentan desde el sindicato que es público y notorio que los sistemas informáticos de GEACAM han sido pirateados y secuestrados por hackers. Además de retrasar el pago, podría haber ocurrido que los datos de cien mil agricultores y ganaderos de la región obren en poder de dichos piratas.

Si ya resulta escandaloso el encargo de la administración pública a una empresa privada de la tramitación de expedientes administrativos suplantando a los funcionarios, lo es más cuando datos confidenciales se trasladan a una empresa. Números de cuenta, direcciones, DNI, importes, etc.; todos estos datos podrían estar en manos de piratas informáticos, con las consecuencias que esto podría tener. Y todo por una presunta ilegalidad cometida por la Consejería de Agricultura, es decir, por el Consejero. Unión de Uniones de Castilla-La Mancha desconoce si la sentencia del Supremo crea norma, pero en todo caso piensa que resulta cuando menos irregular que se retiren competencias a los funcionarios y se den a trabajadores del ámbito privado. Más aún, cuando esto ocurre con una empresa financiada con fondos públicos. Fondos que vienen de la Unión Europea destinados a el sector agropecuario.

En concreto, 500 millones de euros que no han llegado al bolsillo de los agricultores, dinero que además de no ser destinados a su perceptor natural, se utilizan para fiscalizar al campesino.

No solamente retiran dinero al agricultor, si no que retrasan el cobro de lo que se le debe y se pone en peligro su información confidencial.

Siendo así, Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha se ve en la obligación de denunciar ante la opinión pública todos estos hechos y pedir al Consejo de Agricultura que solucione esta situación, proceda al pago inmediato del 70% adeudado por los ecorregimenes y tome las medidas necesarias para depurar responsabilidades por encargar funciones administrativas a una empresa, al tiempo que corrige el desvío de fondos destinados al sector agropecuario a empresas ajenas a él a través de los fondos del desarrollo rural (PDR), proveniente de la PAC.

Toledo a 3 de noviembre de 2023

Las ayudas de compensación de renta, de sequía (del Ministerio de agricultura), y de zonas desfavorecidas (de la Consejería de agricultura) no llegan al agricultor.

A pesar de la situación de sequía que ha afectado gravemente a sectores como el cereralista, con una cosecha exigua, o el olivar con dos años sin cosecha, el Ministro de agricultura y el Consejero de agricultura de Castilla-La Mancha, sin mostrar vergüenza alguna no pagan el dinero que deben.

La promesa del Ministerio de una ayuda por la sequía, o la de la Consejería de agricultura de Castilla-La Mancha con una falsa ayuda de sequía (ya que se trata de la antigua ayuda a zonas desfavorecidas enmascarada y en detrimento de las ayudas directas a profesionales), no se han visto realizadas.

El señor Martínez Lizán, consejero de agricultura de Castilla-La Mancha no ha  abonado el pago de los ecorregimenes, pese a la autorización de Bruselas para realizarlo. Que el plazo de solicitud de la PAC de esta campaña se halla prorrogado, no es excusa ni motivo justificado para retrasar el pago sine die. Los políticos cobran mensualmente sus sueldos mientras piensan que los agricultores pueden subsistir sin recibir el dinero que se los adeuda. No cabe decir más que están realizando una pésima gestión de los fondos públicos comunitarios o estatales destinados al sector agropecuario.

En una situación de sequía acuciante, a la que se añade unos costes de producción jamás imaginados, se permiten retrasar los pagos cuando deberían ser conocedores de la agobiante situación de los agricultores y ganaderos profesionales. Mas está claro que estos dirigentes que padecemos, o desconocen totalmente la situación del sector, o les trae sin cuidado.

Es por esto, que Unión de campesinos de Castilla-La Mancha exige el pago inmediato de todos los importes adeudados por la administración. Ayuda de sequía del Ministerio, ayuda a zonas de montaña y zonas de favorecidas por condiciones climáticas o geográficas y el pago de los ecoregímenes. De no hacerlo en los próximos días tanto el Ministro como el Consejero de agricultura de Castilla-La Mancha serán los responsables de la desarticulación del sector agrícola y ganadero.

Ha analizado los datos oficiales de las muertes y muestra su preocupación ante la escasa respuesta de las administraciones

Madrid, 19 de octubre de 2023-  Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos certifica, a partir de los datos oficiales, que está habiendo incrementos de mortalidad en las granjas de vacuno muy por encima del promedio habitual en las zonas más afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.

La organización ha analizado la evolución hasta septiembre de las muertes ocurridas en ganado vacuno en todas las provincias a través del seguro de retirada y destrucción de animales para estudiar los posibles indicios de la influencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en la mortalidad de la cabaña de vacuno. Si bien cabe destacar que las variaciones pueden deberse a diversos factores además de la propia EHE (sequía, otras enfermedades, etc…), se dan variables que muestran indicios de un incremento de mortalidad atribuibles a esta enfermedad.

En primer lugar, con respecto a meses donde no ha circulado la enfermedad, la variación de mortalidad en provincias y meses en las que sí ha circulado es muy superior. Así, se han observado grandes aumentos de recogida, de hasta un 197% por ejemplo en la provincia de Ciudad Real, durante el pasado mes de julio con respecto al promedio de animales recogidos ese mes en el periodo 2019-2022 por lo que se refiere a la categoría de razas cárnicas. 

Además del incremento de las retiradas con respecto a años anteriores, otro de los indicios es la evolución espacio-temporal de estos picos en la tasa de recogida de animales: se han producido en una secuencia territorial similar y de forma simultánea a la evolución del reporte de focos de la enfermedad por parte del Ministerio de Agricultura.

La organización pone de manifiesto así que en las provincias donde la EHE estaba extendida hasta septiembre, el incremento en la retirada de cadáveres registra datos tan llamativos, aparte del de Ciudad Real, como los de Córdoba (182%) y Huelva (151%) en julio; Ciudad Real (192%), Toledo (128%), Cáceres (113%) en agosto; Madrid (130%), Segovia (121%), Zamora (120%), Ávila (95%) y Salamanca (80%) en septiembre, según los datos oficiales; siguiendo así la misma evolución que ha seguido la EHE.

En cuanto a la mortalidad de los animales, ésta podría estar siendo superior a la ofrecida por las administraciones, que la determinan en un 0,5%, mientras que Unión de Uniones estima, a partir de los datos obtenidos y del SITRAN, una mortalidad de un 0,48% del total de toros y nodrizas mayores de 24 meses en toda la CCAA de Andalucía; 0,74% en Castilla y León; 1,64% en Castilla-La Mancha; 0,70% en Extremadura o 0,74% en Madrid. Datos que serían más graves si se trasladaran a nivel provincial o comarcal, más ajustado a la evolución de la enfermedad.

Unión de Uniones muestra su preocupación ante los daños que está provocando esta enfermedad y critica la gestión que se está haciendo por parte de las administraciones estatal y autonómicas.  Hay que resaltar que la EHE no es una zoonosis, por lo que no se transmite en ningún caso desde los animales al humano ni a través de la ingesta de alimentos que provengan del vacuno, recalcando la total seguridad en el consumo; pero sí que está provocando graves pérdidas a nivel de granja. Además de este incremento de la mortalidad, se están dando pérdidas en materia de abortos, gastos veterinarios e incertidumbre sobre los efectos a largo plazo de la enfermedad.

Ante esta situación, Unión de Uniones cuestiona que desde las administraciones no se esté respondiendo a la magnitud de una nueva enfermedad con este nivel de afectación para el ganado. Únicamente, por parte de algunas administraciones autonómicas se han prometido ayudas económicas, aunque no se han concretado ni siquiera cuantías presupuestarias.

Unión de Uniones trasladó ya semanas atrás al Ministerio de Agricultura una batería de veinte propuestas, que pasan entre otras cosas por apoyar institucionalmente el desarrollo de vacunas, mejorar la disponibilidad de desinfectantes, coordinar un mayor nivel de vigilancia y prevención en el sector, mayor transparencia y divulgación con el sector, apoyar a las CCAA en la dotación de ayudas directas que compensen suficientemente las pérdidas, inclusión de la enfermedad en el seguro agrario y evitar un recargo por la incidencia de la enfermedad, así como evitar la reducción de ayudas de la PAC por la mayor mortalidad.

Se trata de una medida aprobada como apoyo ante la complicada situación de sequía y el incremento que han sufrido los agricultores y ganaderos en los costes de producción

Toledo, 17 de octubre de 2023– Unión de Uniones señala que la práctica totalidad de las comunidades autónomas no va a abonar el 70% máximo de anticipo de ayudas directas de la PAC que autoriza la Comisión Europea y por tanto los agricultores y ganaderos españoles se van a quedar sin llegar a percibir esa cantidad.

La medida de aplicar hasta el 70% de anticipo de las ayudas fue aprobada como apoyo ante la complicada situación de sequía y el incremento que han sufrido los agricultores y ganaderos en los costes de producción, pero al final las CCAA van a anticipar las mismas cantidades o menos que podrían haber adelantado si no se hubiese pedido a Bruselas ese aumento excepcional de porcentaje de anticipo.

Según los datos recabados por Unión de Uniones, exceptuando País Vasco, que tiene un sistema especial, hay cuatro comunidades autónomas, Cataluña, Cantabria, Canarias y Murcia, que no han solicitado prefinanciación. Solo Castilla y León habría solicitado un montante suficiente para abonar el 70% de su estimación de ayudas directas. Asturias, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana estarían dispuestas a anticipar de entrada en torno al 50% y el resto quedarían ya por debajo incluso de ese porcentaje.

Unión de Uniones pide ante esta situación que las CCAA adopten las medidas necesarias para que, cuanto antes, los agricultores y ganaderos puedan acceder al anticipo del 70%. Una de las medidas que solicitó la organización con motivo de la sequía fue precisamente tramitar en Bruselas que excepcionalmente se permitiese abonar los anticipos, aunque los controles no estuviesen completados, porque la administración tiene suficientes recursos para recuperar aquellas cantidades abonadas a beneficiarios a los que posteriormente se les detecta alguna incidencia. En este sentido, “hay muchos perceptores que no reciben anticipo o reciben menos porque la Administración no ha hecho unos controles o no los ha hecho todos, y con ello se perjudica a todos los beneficiarios por unas posibles incidencias que afectarían a muy pocos”, indican desde Unión de Uniones.

Según el Ministerio de Agricultura (MAPA), el monto de ayudas directas de la presente campaña PAC asciende a 4.875 millones de euros y lo que las CCAA han pedido de momento es 2.453 millones de euros, lo que supone un 50,3%. En esta primera semana de abono la cifra que da el MAPA es de 1.300 millones, que representa solo un 26,7%.

Lo que sucede en este año no es una excepción, pero no se debería aceptar como algo normal. En campañas pasadas donde también se han producido circunstancias excepcionales como la presente, se ha autorizado por parte de Bruselas la posibilidad de efectuar anticipos, incluso en porcentajes mayores del 70%, y las cantidades adelantadas a los agricultores y ganaderos no han alcanzado nunca esos máximos.

Las CCAA se excusan en que se ha prolongado de forma significativa el período de solicitudes de la PAC y, por lo tanto, ha habido menos tiempo para realizar los controles a los que obliga Bruselas. No obstante, la Unión de Uniones recuerda que “si fue necesario ampliar el plazo de solicitudes es por los problemas e incidencias de las aplicaciones de captura y gestión de expedientes, algo de lo que no son responsables los agricultores y ganaderos, sino las propias administraciones”.

Unión de campesinos de Castilla-La Mancha solicita al actual Consejero de agricultura que se equiparen las ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores (las famosas incorporaciones de jóvenes) con los importes de las regiones homólogas.

Si bien agradecen el aumento propuesto tras sus reclamaciones en los últimos años, consideran que se han quedado a medio camino.

En el anterior periodo de la PAC para el desarrollo rural (PDR) se devolvieron 700 millones de euros de los 2.000 millones que recibía Castilla-La Mancha desde Europa y afirman “esto es algo que no debe volver a ocurrir en el sector regional”.

Toledo a 13 de octubre de 2023

Unión de campesinos de Castilla-La Mancha acoge con expectación el anuncio del Gobierno regional del incremento de las ayudas a jóvenes agricultores hasta los 60.000 euros. Manifiesta dicho sindicato que pese a ser una mejora respecto a los 29.000 anteriores sigue estando muy lejos de los 100.000 otorgados en otras regiones homólogas. También resulta preocupante a ojos de dicha organización la introducción del «hasta sesenta mil euros». Pues debe ser una ayuda de base por igual para todos los solicitantes sin baremos, ni modulaciones.

Aunque Unión agradece que esta relativa mejora sea producto de los escritos enviados al anterior consejero y de las notas de prensa en las que se explicaba el agravio comparativo con otras comunidades autónomas, considera que aún queda mucho camino para igualar a los jóvenes incorporados en Castilla-La Mancha con los de otros lugares de España.

Es por esto que la Unión de campesinos de Castilla-La Mancha dirige un nuevo escrito al recién estrenado consejero de agricultura en el que se le plantea:

• 100.000 euros de ayuda a fondo perdido para todos los jóvenes incorporados (como se asignan en regiones homólogas).
• Que la adquisición de ganado sea subvencionable en los planes de mejora e incorporaciones como en su día lo fue (ya que no tendría sentido que solamente se incentive la agricultura y no la ganadería).
• Que la adquisición de maquinaria y otro tipo de herramientas o muebles necesarios para la actividad no padezca la exigencia de que deba ser de nueva adquisición, y se permita su adquisición de segunda mano. siendo que en muchas explotaciones no existe una necesidad objetiva de que el material sea nuevo, porque ocasiona incurrir en un gasto injustificado agronómicamente y convierte cualquier nuevo negocio en una actividad prácticamente inviable. Más en el momento del lanzamiento de la actividad qué es cuando el joven se verá en mayores dificultades económicas. (Solo se entendería la insistencia en la obligación de la adquisición de maquinaria y material nuevo si la intención real de esta ayuda es que la reciba de forma indirecta el concesionario o fabricante de maquinaria, en lugar de que vaya destinada realmente al joven agricultor o ganadero incorporado)
• Eliminación de la figura del tutor, ya que es un gasto que anteriormente asumían las OCAs y no está favoreciendo a las ejecuciones de los planes por parte de los agricultores, si no que más bien les obliga a incurrir en un gasto muy importante sin la contraprestación de un servicio de calidad.
• La financiación a la inversión debe ser del 90%, similar a lo establecido en otras regiones
• Creación de una línea de préstamos puente, ágiles y sencillos de obtener, a bajo interés, hasta que se reciba el pago de la incorporación. Pago que debe ser rápido e inmediato en el tiempo a la fecha de certificación
• Es deseable incentivar de modo adicional, a la nueva explotación por circunstancias orográficas o en caso de que el joven incorporado sufra alguna merma en sus capacidades.  Incentivar supone un plus a estas circunstancias, no una merma al resto de casos.
• La convocatoria de las incorporaciones de jóvenes agricultores y de planes de mejora deben tener carácter anual como ocurre en otras regiones y no esporádico como hasta ahora bien ocurriendo en Castilla-La Mancha.

Todas estas propuestas con la intención de evitar lo ocurrido en el periodo anterior del PDR, donde se han devuelto 700 millones de euros a Bruselas por no haberlos gastado en las líneas del programa que presupuesto el Gobierno regional cuando planteó sus peticiones para el PDR a la Unión Europea.

La organización tratará de que se conozca si las prácticas denunciadas, de sentenciarse, han provocado perjuicios resarcibles a los viticultores

Madrid, 10 de octubre de 2023– Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha tomado la decisión de personarse como acusación popular en el procedimiento abierto por la citación de la Audiencia Nacional a Félix Solís y García Carrión como investigados en un presunto fraude en la comercialización de vinos calificados en la Denominación de Origen Valdepeñas. La organización persigue conocer si ello habría podido causar un perjuicio económico a los viticultores de cara a futuras reclamaciones.

Unión de Uniones ya ha mantenido en días pasados contactos con los viticultores de la zona de Valdepeñas, preocupados por la situación de indefensión en la que se encuentran en cada vendimia. “La posición de dominio del mercado que tienen allí estas dos grandes firmas les permiten imponer unilateralmente sus condiciones de precios y de recepción de la uva” explican desde la organización, que está recabando información para presentar las correspondientes denuncias a AICA si se evidencian incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria por haber pagado precios por debajo de los costes de producción.

A esta situación se une ahora la causa abierta por la Audiencia Nacional en la que van a ser investigadas las bodegas de Félix Solís y García Carrión por comercializar presuntamente vinos amparados por la DO y calificados como de crianza, reserva o gran reserva sin cumplir el pliego de condiciones para ello. La Audiencia Nacional también dirige el procedimiento contra las certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, que deben acreditar que el vino comercializado cumple el condicionado correspondiente. “Otro escándalo que viene a sumarse a la lista de hechos lamentables que se vienen viviendo desde hace años en la DO, en la que, incluso bajo la gestión de la Consejería de Agricultura, tras la disolución de la Interprofesional, la industria hace y deshace a su antojo”, critican desde la organización.

La organización considera que, si está en duda la catalogación del proceso envejecimiento del vino, está en cuestión toda la trazabilidad del sistema y por eso Unión de Uniones se va a personar como acusación popular en la causa “Queremos saber si la uva que se ha pagado a los viticultores como uva de mesa -prácticamente a la mitad de precio de la que se recepciona como DO- ha ido a vino de mesa o a qué ha ido”, manifiestan. La organización quiere que se esclarezcan totalmente estos hechos para, en su caso, si se sentencia que ha habido prácticas que han ocasionado un perjuicio económico a los agricultores, éstos tengan base legal para reclamar compensaciones por los daños ocasionados. 

Unión de uniones de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha ofrece formación agraria gratuita durante el mes de octubre en distintas localidades.

Más abajo se pueden ver los carteles con el detalle de fecha, horario y lugar de cada curso:

• poda e injerto del pistachero (en Talavera de la Reina del 9 al 13; en Campo de Criptana del 16 al 19; en Villafranca de los Caballeros del 24 al 27 de octubre),
• agricultura ecológica homologado (En Talavera de la Reina del 16 al 20 de octubre),
• aplicador de fitosanitarios cualificado (En Madridejos del 16 al 27 de octubre),
• bienestar animal en el transporte (En Pantoja del 2 al 6 de octubre y en Sonseca del 24 al 27 de octubre).

• JORNADAS sobre la nueva PAC: Ecorregímenes, cuaderno digital y fertilización alternativa. Campo de Criptana el 20 de octubre a las 15.00; Madridejos el 21 de octubre a las 8.00; Villacañas el 28 de octubre a las 8.00; Guadalajara el 30 de octubre a las 15.00.