La organización sindical inicia una campaña de recogida de datos entre los afectados para demostrar a la Consejería el «impacto real y catastrófico» en el campo.

Exigen que el fuego sea declarado causa de fuerza mayor en la PAC y denuncian las pérdidas añadidas por las restricciones «genéricas e inviables» de cosechado.

Toledo, 3 de agosto de 2026. – La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha calificado de «auténtico drama humano y económico» las consecuencias de la última ola de incendios forestales que ha azotado a la región. Con miles de hectáreas calcinadas —especialmente concentradas en la provincia de Guadalajara—, el sindicato advierte que la supervivencia de cientos de explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas pende de un hilo si la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no actúa de forma inmediata.

Para la organización, las pérdidas en el sector agropecuario son de una gravedad extrema. «Nuestros ganaderos se han quedado de la noche a la mañana sin pastos para alimentar a sus animales, obligados a asumir costes inasumibles en forrajes y camiones de agua para evitar que el ganado muera», señalan desde los servicios técnicos de La Unión. A esto se suma la pérdida total de parcelas de cereal pendientes de recolectar, cultivos leñosos calcinados e infraestructuras agrarias destruidas que tardarán años en recuperarse.

El agricultor es la víctima, no el culpable
La Unión quiere romper una lanza a favor de los profesionales del campo frente a la criminalización latente. El sindicato denuncia que el actual sistema del Índice de Propagación de Incendios (IPP), que impone restricciones horarias absolutas al uso de cosechadoras y maquinaria pesada, es «un rodillo burocrático inviable». «Paralizar el campo por decreto sin atender a las realidades locales solo ha servido para agravar las pérdidas de una campaña que ya venía muy castigada, impidiendo cosechar de forma segura en las horas frescas del día», argumentan.

Campaña de movilización y recogida de firmas
Ante la falta de respuestas ágiles por parte de la Administración, La Unión ha lanzado un escrito simplificado de alegaciones y registro de daños dirigido a todos los agricultores y ganaderos afectados. El objetivo es unificar la fuerza del sector con datos mínimos pero contundentes (datos personales, actividad y hectáreas afectadas) para contrarrestar cualquier intento de la Consejería de minimizar la catástrofe.

A través de esta iniciativa, La Unión trasladará formalmente a la Consejería las siguientes exigencias irrenunciables:

1. Declaración urgente de Zona Catastrófica y aprobación de ayudas directas por hectárea quemada o afectada por las restricciones.
2. Garantía total de la PAC: Que la ola de incendios se declare formalmente causa de «Fuerza Mayor» para que las hectáreas quemadas sigan siendo admisibles y los productores no pierdan sus derechos de cobro por un desastre natural.
3. Plan de choque ganadero: Ayudas directas urgentes para el suministro de piensos, paja y agua a la ganadería extensiva.
4. Revisión del protocolo del IPP: Sustituir las prohibiciones genéricas por un modelo de cosechado flexible coordinado con los profesionales sobre el terreno.

«El monte no se limpia prohibiendo la actividad en verano, sino apoyando la agricultura y la ganadería extensiva todo el año» concluyen desde el sindicato, instando a todos los afectados a cumplimentar el escrito para hacer un frente común ante la Administración.

Escrito de alegaciones para afectados

La Unión pone a disposición de todos los agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los incendios un escrito de alegaciones para comunicar los daños sufridos en sus explotaciones. La información recopilada permitirá reforzar ante la Consejería la solicitud de ayudas urgentes y de las medidas excepcionales reclamadas por la organización.

La organización alerta de los robos de melón y sandía en Ciudad Real en un momento de precios
más favorables para el sector.

Toledo, 15 de julio de 2026.- Unión de Uniones de Castilla-La Mancha denuncia los robos de melón y sandía que se están produciendo durante la actual campaña en explotaciones de la provincia de Ciudad Real, especialmente en las zonas de Membrilla y Manzanares.

La organización señala que el melón está recuperando un precio aceptable para los agricultores y advierte de que, cuando un producto mejora su cotización, también se convierte en un objetivo más atractivo para los ladrones. Una situación que ya se ha vivido con otros cultivos, como la aceituna, en momentos en los que alcanzó precios elevados.

«Cuando un producto recupera valor, por desgracia también se vuelve más atractivo para quienes entran en las explotaciones a robar. Lo vimos con la aceituna y ahora vuelve a ocurrir con el melón y la sandía», señalan desde Unión de Uniones CLM.

La organización recuerda que estos robos no solo suponen la pérdida directa del producto, sino que también pueden provocar daños en las parcelas y generar inseguridad entre unos agricultores que ven amenazado el fruto de meses de trabajo.

Los últimos datos anuales disponibles, correspondientes a 2025, recogen 998 robos conocidos en el campo de Castilla-La Mancha, un 27,26 % menos que los 1.372 registrados en 2024. No obstante, Unión de Uniones CLM señala que este descenso interanual no refleja todavía lo que está sucediendo durante la actual campaña ni resta gravedad a los robos que continúan produciéndose en las explotaciones.

Por provincias, Toledo concentró durante 2025 el mayor número de robos conocidos, con 370, seguida de Ciudad Real, con 282. Guadalajara fue la provincia en la que más descendieron estos hechos, seguida de Ciudad Real, donde la reducción alcanzó el 30,71 %.

La organización muestra también su preocupación por el descenso del número de casos resueltos. Los hechos esclarecidos en Castilla-La Mancha disminuyeron un 41,76 % respecto a 2024. De los 998 casos conocidos, únicamente 198 se esclarecieron. Ciudad Real, Toledo y Albacete fueron las provincias en las que se resolvieron más casos.

En este sentido, Unión de Uniones CLM considera insuficientes los medios destinados a vigilar el medio rural. Aunque el número de equipos ROCA ha aumentado en el conjunto del Estado hasta alcanzar los 143, la organización señala que solo alrededor del 0,7 % de los cerca de 82.000 efectivos se destina a vigilar un territorio rural que representa el 85 % de la superficie nacional.

«Es fundamental reforzar la vigilancia y el control en las zonas y momentos de mayor riesgo. Los agricultores no pueden trabajar pendientes de si alguien va a entrar en sus parcelas y llevarse el fruto de meses de esfuerzo», añaden desde la organización.

Por último, Unión de Uniones CLM recuerda que las estadísticas recogen únicamente los hechos conocidos y que existe un número indeterminado de robos que no llegan a denunciarse, en muchas ocasiones por las dificultades burocráticas o por la escasa expectativa de recuperar lo sustraído.

La organización pide mantener un presupuesto específico para el vino y evitar que las ayudas europeas pasen a depender de la cofinanciación de los Estados

Toledo, 13 julio de 20206. Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla – La Mancha  reclama a los gobiernos de España, Francia e Italia y a la Comisión Europea que el apoyo al sector vitivinícola sea una prioridad para proteger la economía, la cultura, el medio ambiente y la actividad de numerosos territorios rurales.

Unión de Uniones Castilla – La Mancha defiende que la Política Agrícola Común (PAC) continúe siendo una herramienta eficaz para acompañar la adaptación del sector y que disponga de recursos suficientes, específicos y ajustados a las particularidades de la vitivinicultura.

La organización rechaza cualquier reducción del presupuesto de la PAC y advierte de las consecuencias que tendría trasladar a los Estados miembros parte de la financiación de unas ayudas que hasta ahora han sido asumidas íntegramente por la Unión Europea.

A su juicio, un sistema de cofinanciación nacional podría generar diferencias entre los niveles de apoyo concedidos en cada país, fragmentar el mercado interior y debilitar la posición del conjunto del sector vitivinícola europeo.

La organización considera que los mecanismos ya existentes, reforzados a través del denominado Paquete Legislativo Vino, deben mantenerse e integrarse en la futura PAC antes de plantear nuevas fórmulas. En este sentido, reclama conservar un presupuesto específico, un marco europeo común y unas medidas, beneficiarios y porcentajes de financiación adaptados a las necesidades del sector.

Asimismo pide que continúen las iniciativas europeas de simplificación administrativa para eliminar barreras burocráticas, reforzar la competitividad y facilitar los intercambios dentro del mercado único.

Pide un periodo transitorio para mantener la intervención sectorial vitivinícola hasta la entrada en vigor del nuevo MFP

La organización ha participado los días 30 de junio y 1 de julio en Irouléguy, Francia, en el Grupo de Contacto vitivinícola, un encuentro anual entre representantes del sector de los tres países para analizar los principales retos de la vitivinicultura e intercambiar y compartir posiciones ante las administraciones nacionales y las instituciones europeas.

Durante la reunión, los participantes coincidieron en el difícil momento que atraviesa el sector, marcado por el impacto del cambio climático sobre las cosechas y la competitividad, la ralentización del consumo mundial, la inestabilidad de los mercados de exportación y del contexto geopolítico, el incremento de los costes de producción y el exceso de cargas administrativas.

Unión de Uniones Castilla – La Mancha reclama que se desplieguen las medidas estas sin demora y que el trabajo realizado durante los últimos dos años tenga continuidad en la futura PAC. Para ello, considera necesario establecer un periodo transitorio que permita mantener la intervención sectorial vitivinícola hasta la entrada en vigor del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, así como el despliegue inmediato de las denominadas medidas de crisis (cosecha en verde, destilación de crisis y, sobre todo, arranque definitivo)

La organización advierte de que hay 364 municipios en emergencia por plaga de conejos y zonas en las que se pierde hasta el 80 % de la cosecha.

Toledo, 3 de julio de 2026.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, tras la reunión del Comité de Coordinación Ibérico del Conejo de Monte, impulsado por España y Portugal celebrada este miércoles, insiste en que los agricultores se sienten indefensos ante los daños que provocan los conejos y las soluciones planteadas por la administración no están funcionando.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, en el marco de esta jornada en la que se ponían las bases para una cooperación transfronteriza en la gestión sostenible del conejo en la Península Ibérica, reclama que se tenga en cuenta de forma efectiva los daños que su sobrepoblación provoca en numerosas explotaciones agrarias.

La organización resalta la complejidad de la situación ya que conviven dos realidades muy distintas: territorios saturados de conejos, donde los agricultores sufren pérdidas en sus cultivos, y zonas en las que se busca fomentar la cría o la repoblación por la escasez de ejemplares. En todo caso insiste en que encontrar un equilibrio es algo complejo y los agricultores no pueden verse en ese estado de indefensión.

“La administración tiene que dar soluciones”, comenta Anastasio Yébenes responsable de Desarrollo Rural de Unión de Uniones, recordando que, en muchos casos, los productores no cuentan con una cobertura suficiente por parte de los seguros agrarios. ”La única solución que dan es ponerle puertas al campo y esta propuesta no sirve para una parte importante de los agricultores afectados, especialmente aquellos que trabajan con parcelas pequeñas, dispersas o difíciles de proteger”, añade.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha reclama que las administraciones actúen sobre los principales reservorios de conejos, como vías ferroviarias, autovías, humedales, instalaciones de placas solares y otras infraestructuras que, en la práctica, funcionan como refugio y foco de reproducción de la especie.

En este sentido, insiste en que el problema del conejo de campo no es menor, existiendo zonas, especialmente en Castilla – La Mancha, donde hay 364 municipios declarados en emergencia por plaga de conejos. Además, advierte de que en algunas zonas afectadas entre el 70 % y el 80 % de la cosecha se puede quedar sin recoger por los daños ocasionados, una situación que evidencia la necesidad de que el plan de acción propuesto por el Gobierno empiece a dar frutos reales en el campo.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera, además, que los informes y actuaciones vinculados al pacto ambiental para santuarios, refugios y otros espacios similares son insuficientes. La organización advierte de que algunos vallados instalados pueden impedir la entrada de fauna salvaje grande, pero no de especies pequeñas como el conejo, lo que provoca que estos animales puedan acceder mientras sus depredadores quedan fuera, favoreciendo un desequilibrio que puede agravar todavía más la plaga.

El MAPA y el MITECO incumplen la obligatoriedad de elaborar una Ley de Gestión de la fauna silvestre.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha recuerda, además, que esta situación no parte de cero. La organización impulsó la inclusión en la Ley 30/2022 de una disposición adicional que obligaba al Gobierno a presentar una Ley de gestión de la fauna silvestre para la prevención de los daños ocasionados a la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, pese a los reiterados requerimientos realizados por Unión de Uniones de Castilla La Mancha ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este mandato legal sigue sin cumplirse.

Para la organización, resulta inadmisible que se sigan celebrando reuniones y jornadas mientras continúa pendiente una herramienta normativa que debería servir para dar una respuesta real a agricultores y ganaderos afectados por los daños de fauna silvestre.

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