La Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha denuncia la persecución administrativa y recaudatoria del Gobierno de García-Page hacia los agricultores ecológicos

La Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha expresa su profunda preocupación y rechazo ante las recientes acciones emprendidas por el Gobierno regional, liderado por Emiliano García-Page, dirigidas contra los agricultores ecológicos.

En Toledo, a 15 de enero de 2025

En los últimos días, miles de agricultores han recibido notificaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha reclamando supuestas deudas correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. Estas reclamaciones se producen tras una serie de irregularidades administrativas que han dejado a los agricultores afectados en una situación de indefensión jurídica:

Falta de comunicación de incidencias: En su momento, la Consejería de Agricultura no informó adecuadamente a los agricultores sobre las supuestas incidencias detectadas, impidiéndoles presentar las alegaciones correspondientes en plazo.

Inspecciones irregulares: Se han realizado inspecciones de campo por personal no funcionario.

Ausencia de respuesta a reclamaciones: Los agricultores que presentaron alegaciones no han recibido respuesta ni explicación alguna por parte de la administración, vulnerando su derecho a la defensa.

Además, es importante destacar que, según la normativa vigente, las supuestas deudas reclamadas estarían prescritas, dado que han transcurrido más de cinco años desde el periodo en cuestión.

Esta situación se suma a una serie de decisiones políticas que han perjudicado gravemente al sector de la agricultura ecológica en la región:

Recortes en las ayudas: En 2015, el Gobierno de García-Page redujo en un 67% las ayudas destinadas a la agricultura ecológica, afectando a miles de familias. La Comisión Europea ha reconocido que es el Gobierno de Castilla-La Mancha quién ordenó recortar la ayuda, en una comunicación posterior, en la que afirmó que: «Cabe señalar que la responsabilidad de elaborar programas para la ejecución de los Fondos de la Unión Europea recae en los Estados miembros». En el ámbito regional, esta decisión recayó directamente en el Gobierno de Castilla-La Mancha. También en 2023, se produjo un recorte similar, expulsando a 5.000 agricultores del sistema de ayudas.

Desvío de fondos: Se ha priorizado la asignación de recursos a empresas públicas como GEACAM, en lugar de fortalecer el cuerpo de funcionarios y garantizar una gestión transparente y eficiente de las ayudas.

La Plataforma considera inaceptable que, en lugar de apoyar y fomentar la agricultura ecológica, el Gobierno regional implemente medidas que generan inseguridad jurídica y económica entre los agricultores.

Por todo ello, exigimos al Gobierno de Castilla-La Mancha:

Retirada inmediata de las reclamaciones indebidas enviadas a los agricultores ecológicos.
Depuración de responsabilidades por las irregularidades administrativas cometidas.
Restablecimiento de las ayudas a la agricultura ecológica a niveles anteriores a los recortes, garantizando el apoyo necesario para el desarrollo sostenible del sector.

La Plataforma continuará defendiendo los derechos de los agricultores ecológicos y no descartamos emprender acciones legales para frenar esta persecución administrativa que pone en riesgo el futuro de la agricultura sostenible en Castilla-La Mancha.