Page niega el presupuesto prometido años jóvenes agricultores, destina el dinero del desarrollo rural a otras partidas que no fomentan al mismo

En Toledo, a 4 de febrero de 2025

Esta es la causa por la que más de la mitad de los jóvenes de Castilla-La Mancha no se puedan incorporar como agricultores en 2025. Cuando asumió el poder decidió disponer de vidas y haciendas. Lo primero que hizo fue un brutal recorte a los agricultores ecológicos, siguió con la desaparición de otras líneas o su minoración, del Programa de Desarrollo Rural. Su único objetivo fue siempre el crecimiento sin medida de GEACAM, empresa que suplanta un servicio público que como tal, debería sufragarse de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades. Al hacerlo de esta forma, se evita la fiscalización del Tribunal de Cuentas, lo que facilita convertir la empresa pública en agencia de colocación de miembros del partido, incapaces de obtener cargo público.

El acto final de la obra es no conceder la incorporación a la actividad agraria a más de la mitad de los aspirantes. Algo que jamás antes había ocurrido ¿Motivo? El presupuesto de GEACAM se ha triplicado desde 2015 y el PDR actual ha sufrido un recorte de 500 millones respecto al anterior por su mala gestión de estos fondos.

La consecuencia la estamos viendo, los jóvenes agricultores, que queriendo iniciar su trabajo y viéndose rechazados, van a perder un año de su vida, los precontratos de arrendamiento de tierras que tenían firmados (con lo dificultoso que es encontrar quién te ceda fincas) algunos, ilusionados, habían realizado inversiones que ahora les resultan inasumibles. Todo consecuencia de que el Gobierno regional juega con las vidas y haciendas de sus conciudadanos.

Por esto Unión de Castilla La Mancha convoca una concentración el día 18 de febrero a las 10:30 en Toledo, frente al Palacio de Fuensalida.

Vamos lograr que García Page rectifique y ninguno de los jóvenes agricultores quede atrás.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha se manifestó en Madrid el día 28 de enero para reclamar más controles en la entrada de miel para garantizar el origen y calidad

Pide que se impulsen las marcas de origen y que se impongan aranceles para poder amortiguar la entrada de mieles de países que producen a bajos costes

En Toledo, a 30 de enero de 2025

Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha participado y secundado las movilizaciones en defensa de la apicultura, que ha tenido lugar este martes, 28 de enero, frente al edificio de la Comisión Europea para reivindicar, entre otros temas, un mayor control de la miel importada.

En esta concentración, que se celebraba simultáneamente en Portugal y en Francia como signo de protesta del conjunto del sector a nivel europeo, Unión de Uniones ha criticado que se esté permitiendo, supuestamente, la entrada de miel adulterada poniendo en riesgo las explotaciones apícolas europeas y en cuestión la calidad de la miel.

En este sentido, pide una regulación con más controles en la entrada de productos apícolas de países terceros para garantizar la correcta trazabilidad alimentaria.

Igualmente señala que, con los acuerdos comerciales con países terceros, se estaría fomentando una competencia desleal, con la entrada de miel con costes muy inferiores.

Desde Mercosur, se calcula la importación de cerca de 45.000 toneladas, mientras que desde Ucrania, aunque en muchas ocasiones el origen del producto no es de este país, han pasado de 10.000 toneladas a 60.000 toneladas en los últimos 10 años. En el primer semestre de 2024 aumentaron un 85% respecto al mismo período de los tres años anteriores, por lo que hay que revisar los aranceles.

Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha pide que se impulsen las marcas de origen y que se impongan aranceles para poder amortiguar la entrada de mieles de países que producen a bajos costes y que está provocando una competencia desleal. Asimismo, si estas medidas no sirven, se debería habilitar un mecanismo de compensación al sector por su peso en el mantenimiento de la biodiversidad.

Así, la organización recalca que el 75% de los alimentos que se consumen y el 84% de las plantas silvestres dependen de la polinización de las abejas.

Como ya avisamos en nota de prensa del 28 de octubre de 2024 García-Page menosprecia a la agricultura y ganadería en el nuevo Estatuto de la región., sobre el olvido y marginación de los agricultores y ganaderos en el nuevo estatuto de Castilla la Mancha, desgraciadamente se cumplen nuestros malos augurios sobre la política regional hacia nuestro campo.

En Toledo, a 27 de enero de 2025

Tras crear falsas expectativas a los jóvenes que se quieren incorporar a la actividad agraria, asegurando que nadie se quedaría fuera, ahora estos jóvenes están recibiendo en cascada la denegación de sus expedientes de incorporación.

Juegan con sus vidas, rompen sus ilusiones y acaban con sus ganas de dedicarse al más noble oficio que es alimentar a quienes les rodean.

Les han hecho incurrir en un gasto, en torno a los dos mil euros, para presentar una solicitud que antes se hacía de forma gratuita en las oficinas comarcales agrarias.

Les han hecho perder un año de sus vidas y les ponen en la encrucijada de decidir si se arriesgan a volver a presentarla a riesgo de que les vuelvan a engañar.

La cifra de expedientes denegados supera el 50% en toda la región, siendo escandalosa en algunas provincias.

El mayor escarnio lo produce, que esto ni si quiera nos pueda sorprender, pues el Gobierno de Page ya nos ha acostumbrado al maltrato continuo del sector agropecuario. Lleva muchos años redirigiendo los fondos PDR, destinados a la agricultura y la ganadería a sus intereses en la empresa GEACAM. Comenzó con la agricultura ecológica, expulsando a la mitad y recortando un 70% los importes. Continuó eliminando los planes de mejora, siguió recortando las inversiones FOCAL y aumentando las trabas administrativas, dejando sin apoyo a la apicultura, las razas autóctonas y la ganadería en general, olvidando al azafrán y un largo etc de recortes.

Pero la más grave de todas, la puntilla al sector, es negar la incorporación a los jóvenes que son el futuro del sector y sin los que es imposible el relevo generacional para el campo. Nos preguntamos si es realmente lo que busca el Gobierno de Page, ya que tan fielmente sigue las consignas europeas para el agotamiento y lenta agonía del sector.

Sí, aunque parezca inaudito, se van a quedar fuera del campo los jóvenes que quieren seguir trabajando y dando de comer a la población.

¿Donde están las promesas de que nadie se quedaría sin las ayudas a la incorporación? Por desgracia engordando el saco de las mentiras de Emiliano García Page y su fiel escudero Julián Martínez Lizan.

¿Van a seguir siendo cómplices las organizaciones agrarias que ahora se sientan en la Consejería, a cambio de su porción del pastel? Porque en lugar de ser sindicatos que defienden los intereses y derechos de los agricultores y ganaderos, se han convertido en unas instituciones administrativas que hacen, a cambio de dinero, lo que antes hacía la Administración sin coste para el sector. Miran a otro lado mientras se quita el presupuesto del PDR a los campesinos, para dárselo a GEACAM. Llevan desde 2016 encubriendo y consintiendo una situación, que ante su pasividad se hace cada vez más monstruosa.

Desde la Unión de Castilla la Mancha, le pedimos al Presidente Emiliano García Page, que si aún conserva un mínimo de dignidad y vergüenza, se resuelvan favorables todas las solicitudes de incorporación de los jóvenes al sector agrario.

Conminamos al resto de organizaciones agrarias a que se opongan frontalmente a esta situación y denuncien el continuo desvío del dinero del PDR a la empresa GEACAM. Es imprescindible que todo el sector se levante en contra de la política de lenta agonía por asfixia, que está infligiendo este gobierno al campo castellano manchego.

En estos días están teniendo lugar inspecciones durante la campaña de aceituna en la provincia de Toledo.  Aunque pueda parecer increíble, alguno de los motivos de sanción son la inexistencia de servicios para cagar y mear en el campo.

En Toledo, a 16 de enero de 2025

Las protagonistas de esta hazaña son dos inspectoras de trabajo que deben tener la perturbadora idea, de que el campesino es incapaz de ir tras una oliva o un matorral cualquiera a cumplir con la llamada de la naturaleza

A las mismas inspectoras que realizan estas visitas a las explotaciones agrarias, aún no se las ha visto portando una taza de váter, como tampoco se ha visto la que reglamentariamente debe acompañar a la pareja de la Guardia civil que las escolta.

Debido a esto, los agricultores hemos llegado a la conclusión de que tanto los inspectores de trabajo como la Guardia civil llevan pañales, para en el caso de sentir una necesidad, suplir la falta de esos servicios que no los acompañan.

La situación supera el absurdo, se convierte en un esperpento, en una astracanada. Lo que pide la inspección de trabajo viene a ser algo así como exigirle a la brigada que arregla la línea de alta tensión que porten un servicio o al grupo de alta montaña de la Guardia Civil o al SEPRONA que en todas y cada una de sus salidas transporten un baño móvil ¿A que parece una tontería?  Pues esta tontería es motivo de sanción desde la perspectiva de cierta inspección de trabajo.

La ya conocida como «brigada dodotis» está provocando el efecto contrario al deseado, diarreas, bien por miedo a que por muy legal que sea tu situación y aunque sigas un escrupuloso cumplimiento de la legislación, seas sancionado, o incontinencia urinaria ante lo ridículo del caso.

Si unimos este nuevo desaguisado a la bajada injustificada del precio del aceite, la especulación del mercado, el aumento de costes de producción, la mala climatología y los juegos de malabares que se deben hacer para cumplir normativas ambientales y burocráticas de la nueva PAC, se comprende la desesperada situación del sector olivarero y del agropecuario en general.

Es por esto que unión de Castilla La Mancha pide a la inspección de trabajo que recapacite y suspenda estas conductas inspectoras, que además de ridículas están generando intranquilidad y animadversión entre la gente del campo.

Como muestra patente de nuestra buena disposición hacia la inspección de trabajo les ofrecemos desde esta organización cuatrocientos rollos de papel higiénico y tres paquetes de salvacolina.

La Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha expresa su profunda preocupación y rechazo ante las recientes acciones emprendidas por el Gobierno regional, liderado por Emiliano García-Page, dirigidas contra los agricultores ecológicos.

En Toledo, a 15 de enero de 2025

En los últimos días, miles de agricultores han recibido notificaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha reclamando supuestas deudas correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. Estas reclamaciones se producen tras una serie de irregularidades administrativas que han dejado a los agricultores afectados en una situación de indefensión jurídica:

Falta de comunicación de incidencias: En su momento, la Consejería de Agricultura no informó adecuadamente a los agricultores sobre las supuestas incidencias detectadas, impidiéndoles presentar las alegaciones correspondientes en plazo.

Inspecciones irregulares: Se han realizado inspecciones de campo por personal no funcionario.

Ausencia de respuesta a reclamaciones: Los agricultores que presentaron alegaciones no han recibido respuesta ni explicación alguna por parte de la administración, vulnerando su derecho a la defensa.

Además, es importante destacar que, según la normativa vigente, las supuestas deudas reclamadas estarían prescritas, dado que han transcurrido más de cinco años desde el periodo en cuestión.

Esta situación se suma a una serie de decisiones políticas que han perjudicado gravemente al sector de la agricultura ecológica en la región:

Recortes en las ayudas: En 2015, el Gobierno de García-Page redujo en un 67% las ayudas destinadas a la agricultura ecológica, afectando a miles de familias. La Comisión Europea ha reconocido que es el Gobierno de Castilla-La Mancha quién ordenó recortar la ayuda, en una comunicación posterior, en la que afirmó que: «Cabe señalar que la responsabilidad de elaborar programas para la ejecución de los Fondos de la Unión Europea recae en los Estados miembros». En el ámbito regional, esta decisión recayó directamente en el Gobierno de Castilla-La Mancha. También en 2023, se produjo un recorte similar, expulsando a 5.000 agricultores del sistema de ayudas.

Desvío de fondos: Se ha priorizado la asignación de recursos a empresas públicas como GEACAM, en lugar de fortalecer el cuerpo de funcionarios y garantizar una gestión transparente y eficiente de las ayudas.

La Plataforma considera inaceptable que, en lugar de apoyar y fomentar la agricultura ecológica, el Gobierno regional implemente medidas que generan inseguridad jurídica y económica entre los agricultores.

Por todo ello, exigimos al Gobierno de Castilla-La Mancha:

1. Retirada inmediata de las reclamaciones indebidas enviadas a los agricultores ecológicos.
2. Depuración de responsabilidades por las irregularidades administrativas cometidas.
3. Restablecimiento de las ayudas a la agricultura ecológica a niveles anteriores a los recortes, garantizando el apoyo necesario para el desarrollo sostenible del sector.

La Plataforma continuará defendiendo los derechos de los agricultores ecológicos y no descartamos emprender acciones legales para frenar esta persecución administrativa que pone en riesgo el futuro de la agricultura sostenible en Castilla-La Mancha.

La Economía Social (ES) y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) juegan un papel crucial en la transformación del tejido empresarial agrario hacia un modelo más inclusivo y sostenible. En este contexto, la Estrategia Española de Economía Social (EEES) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proporcionan un marco sólido para guiar a las empresas agrarias rurales hacia la eficiencia energética, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Además, la condicionalidad social de la Política Agraria Común (PAC) refuerza la importancia de cumplir con estándares sociales en materia de empleo y sostenibilidad, vinculando las ayudas agrarias al cumplimiento de criterios relacionados con los derechos laborales y el bienestar de las personas trabajadoras. Esto obliga a las empresas agrarias a no solo mejorar su impacto económico y medioambiental, sino también garantizar condiciones laborales justas, avanzando hacia una mayor sostenibilidad social y territorial.

1. Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial
   Las empresas agrarias deben comprometerse con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), adoptando prácticas que respeten el medio ambiente, las personas y las comunidades en las que operan. La RSE debe integrarse en todos los aspectos de la actividad empresarial para contribuir a un desarrollo más justo y sostenible.
2. Garantizar la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

Trabajar activamente para revertir la masculinización del sector agrario, facilitando el acceso de mujeres, especialmente aquellas en riesgo de vulnerabilidad, a puestos de trabajo de calidad en el ámbito rural. La igualdad de género en el acceso al empleo es clave para un sector agrícola más inclusivo.

3. Fomentar la Cohesión Territorial y Evitar la Despoblación

Apoyar el desarrollo de la Economía Social en zonas rurales como un motor de crecimiento y cohesión social, creando empleos sostenibles y servicios que respondan a las necesidades locales. Esto contribuye a frenar el despoblamiento y a revitalizar el entorno rural.

4. Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Estrategia Empresarial

Integrar los ODS en la planificación y gestión de las empresas agrarias, alineando sus acciones con la promoción del bienestar social, económico y ambiental. La Economía Social y la RSE deben ser pilares para promover un modelo de desarrollo sostenible.

5. Promover los Valores de la Economía Social
   Impulsar los principios de la Economía Social, como la solidaridad, la gestión democrática y la participación de las personas trabajadoras, para generar una mayor equidad y sostenibilidad en el ámbito rural. Estos valores refuerzan el compromiso con un desarrollo inclusivo y responsable.
6. Generar Empleo de Calidad en el Ámbito Rural

Apostar por la creación de empleos dignos y de calidad en el medio rural, especialmente en el sector agrario, facilitando la formación y la capacitación de las personas trabajadoras para mejorar su empleabilidad. Las empresas de Economía Social deben garantizar condiciones laborales justas y dignas para todas.

7. Apoyar el Empleo de Colectivos Vulnerables
   Realizar un diagnóstico de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en la economía social, identificando las barreras que enfrentan los colectivos vulnerables para acceder a empleos de calidad. Promover la inserción laboral de estos colectivos mediante formación, asesoramiento y medidas específicas de inclusión.
8. Desarrollar un Diagnóstico de Necesidades en Zonas Rurales

Analizar las necesidades específicas del ámbito rural para identificar oportunidades que puedan ser cubiertas por las empresas de Economía Social. La ES puede ser una herramienta eficaz para evitar el despoblamiento y generar cohesión territorial, impulsando el desarrollo local.

9. Fomentar la Eficiencia Energética en las Empresas Agrarias

Promover la adopción de tecnologías energéticas sostenibles que optimicen el uso de recursos y reduzcan la huella de carbono. Las empresas agrarias deben implementar prácticas de eficiencia energética que impulsen su transición hacia una economía verde, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

10. Apostar por la Economía Verde en el Medio Rural
    Transformar las empresas agrarias hacia un modelo de economía verde que priorice la protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Incorporar prácticas agrarias sostenibles que respeten la biodiversidad y minimicen el impacto ambiental.

Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno regional olvida y margina a los agricultores y ganaderos en el nuevo Estatuto.

Toledo, 28 de octubre de 2024

En el actual Estatuto de Castilla-La Mancha, el artículo 4 establece que uno de los objetivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el aprovechamiento y potenciación de los recursos económicos de la región, en especial de su agricultura y ganadería. Asimismo, el artículo 41 indica que todos los órganos de la Junta de Comunidades deben impulsar el desarrollo de los sectores económicos de mayor interés regional, incluyendo la agricultura, ganadería e industrias derivadas.

Cómo no podía ser de otra manera también el actual Estatuto de Castilla-La Mancha asume la competencia sobre agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

En diversas ocasiones, la última en Talavera de la Reina durante la segunda jornada del II Foro Tecnológico de Talavera, el propio García-Page ha señalado que la agricultura y la ganadería representan el 18% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha, generando empleo con unos 100.000 agricultores y ganaderos. Sin embargo, en la redacción del nuevo Estatuto, García-Page ha omitido en gran medida a la agricultura y la ganadería, mencionándolas solo de manera marginal dentro de las competencias de la región. Si realmente son tan importantes para García-Page y Guijarro, ¿por qué no se refleja?

En el nuevo Estatuto en el artículo 9, se echa en falta un principio de la actuación de los poderes públicos relativo a la agricultura y ganadería que indique que la Junta tiene como objetivo la potenciación de la agricultura y ganadería y que desarrollará políticas dirigidas a impulsar el desarrollo y crecimiento de la agricultura y la ganadería dotándolas de los fondos económicos necesarios.

Así mismo, en el artículo 20 falta el reconocimiento del derecho de agricultores y ganaderos a que los fondos económicos provenientes de la Unión Europea se destinen íntegramente al desarrollo y crecimiento de la agricultura y la ganadería.

En el artículo 80, dentro de los principios de la política económica, Page y Martínez Guijarro omiten mencionar que la Junta debería impulsar el desarrollo económico de la agricultura y la ganadería como medio para combatir la despoblación.

Martínez Guijarro afirmaba: “Creemos que el Estatuto no levantará ampollas en el ámbito territorial… responde a las necesidades de la región, pero no tiene que incordiar a nadie”. Sin embargo, la realidad es que el nuevo Estatuto no atiende las necesidades de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, los cuáles mueven la quinta parte de la economía regional.

Toledo, 15 de octubre de 2024. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las declaraciones realizadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre el arranque de viñedo imitando a Francia, critica que haya descartado esta vía sin haber comprobado la acogida.

Unión de Uniones destaca el momento de crisis que atraviesa el sector y muestra su malestar porque el ministro descarte opciones a priori. En este sentido, denuncia que las administraciones efectuaron malas prácticas al imponer el arranque de variedades blancas y sustituirlas por tintas en los programas de reestructuración de viñedo financiado por el PASVE por lo que no se puede lavar las manos tan alegremente.

Unión de Uniones señala que el sector no puede seguir dando tumbos arrancando variedades blancas que ahora están siendo mucho más solicitadas que las variedades tintas, sin contar con datos fehacientes para llevar a cabo un proceso de reestructuración que se ha demostrado equivocado.

Por esto mismo, la organización considera necesario que, de manera paralela a los debates del Grupo de Alto Nivel Vino en Bruselas, el Ministerio convoque con urgencia una Conferencia sectorial que dé cuenta de la demanda de arranque existente, defina las fuentes de financiación a utilizar, establezca los criterios de admisibilidad y prioridad y atienda a las señales del mercado con políticas de reestructuración, promoción e inversiones que permitan al sector afrontar los retos de futuro”.

“Si Francia se plantea arrancar hasta 100.000 has., pone a disposición del sector más de 120 millones de euros y está fijando importes de ayuda de hasta 4.000 €/ha. con el fin de reequilibrar el sector, no entendemos como el ministro deshecha esta opción que tendría efectos beneficiosos entre los viticultores con intención de abandonar el sector con un componente social importante, más aún después de cinco campañas con rentabilidades negativas en muchas zonas productivas.“, comentan desde la organización.

Unión de Uniones insiste en que no solo es preciso contar con financiación suficiente, sino que también es necesario que los planes estratégicos que abundan en ejercicios econométricos que pocas veces se ajustan a la realidad tomen en consideración esas señales de los mercados.

“Es cierto que cada país tiene su problemática y sus soluciones, pero las soluciones de España, por ahora, son nulas”, concluyen desde la organización.