Toledo, 22 de enero de 2014.- La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que a lo largo de todo el proceso de definición de la futura PAC ha faltado valentía en las decisiones políticas para corregir las notables deficiencias de la Política Agrícola Común, de las cuales, la desequilibrada distribución de ayudas, es una de las más importantes. Se necesitará un mayor esfuerzo presupuestario de la Comunidad Autónoma para aprovechar todos los recursos europeos destinados al Desarrollo Rural.

A lo largo de las discusiones de la futura PAC, Unión de Uniones valoraba como aspecto básico positivo la aparición en escena del Agricultor Activo sobre el que pretendidamente debían focalizarse las ayudas agrarias y que, en cierta medida, serviría para enmendar el equivocado rumbo que la PAC ha tomado desde la Agenda 2000 con el desacoplamiento de las ayudas agrarias. No obstante, la Conferencia Sectorial, con las últimas decisiones tomadas, ha acabado de devaluar una definición de Agricultor Activo que ya venía menguada de los Acuerdos alcanzados a nivel comunitario.

La Conferencia Sectorial ha decidido no aplicar la posibilidad, recogida en los reglamentos comunitarios, de excluir de las ayudas agrarias a las personas físicas o jurídicas cuya actividad agraria representa una parte insignificante de sus actividades económicas o cuya actividad principal no consista en ejercer una actividad agraria.

La medida adoptada en su lugar exige para los perceptores de más de 1.250 euros anuales que las ayudas agrarias no representen más del 80 % de sus ingresos totales agrarios. Esta medida va dirigida sobre todo a sacar del sistema a propietarios (un total de cerca de 71.500 según datos ofrecidos por el Ministro) que tienen cedida la gestión de la explotación y que cobran las ayudas PAC (por un montante de unos 550 millones de euros), que no recibe el arrendatario, como una especie de renta simulada y diferida. Esta situación debe efectivamente ser normalizada; pero la medida adoptada no va a representar ningún beneficio para el agricultor que realmente realiza la actividad productiva si no se establecen en paralelo mecanismos que permiten asignarle los importes de referencia correspondientes a los 550 millones de euros de las ayudas que hasta ahora venían cobrando los propietarios. Se trata además de una medida que necesitara de definiciones precisas sobre qué se entiende como ingreso agrario y medidas de control exhaustivas para evitar puertas falsas que permitan volver a entrar en el sistema a quien no deba estar en él.

Otras medidas que podrían haber contribuido a un más equilibrado reparto de las ayudas agrarias, como la imposición de techos máximos por explotación, quedaron excluidas del nuevo Reglamento de Pagos Directos. Pero tampoco la Conferencia Sectorial se ha pronunciado acerca de cómo se aplicará la opción de modulación, que si contempla el Reglamento, para recortar al menos un 5 % de las ayudas a los perceptores de más de 150.000 euros anuales. De hecho, si se aplica este porcentaje mínimo, los grandes perceptores saldrán beneficiados respecto de la PAC actual, en la que se les aplica ya un recorte del 10% (para todos a partir de los 5.000 euros) y del 14 % a partir de los 300.000 euros.

Por otro lado, la regionalización pactada en la Conferencia Sectorial para el cálculo de las ayudas no tiene otro objeto que mantener el status quo actual minimizando los efectos de la convergencia y los posibles trasvases de fondos. Su mayor valor no es, aunque eso se diga desde el Ministerio, “que dará viabilidad a todos los sectores productivos”, sino que tranquiliza a la mayoría, incluso a aquellos que, por su peor situación de partida, podrían haberse beneficiado de una mayor convergencia y de un cierto trasvase de recursos.

En definitiva, la Unión de Uniones considera que ha faltado valentía, no sólo en la Conferencia Sectorial, sino también en el ámbito de la Unión Europea, para hacer una verdadera Reforma para focalizar los apoyos agrícolas en un modelo de agricultura profesional, que además, en un contexto de desregulación de los mercados son quienes más sufren sobre sus rentas las consecuencias del encarecimiento de los inputs y la volatilidad de los precios.

“Se dice que lo importante es la agricultura activa” –ha matizado Jorge Rodríguez, Secretario General de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha- “y estamos de acuerdo. Pero a nosotros no nos da igual quien haga esa agricultura activa”, argumentando a continuación: “Habrá quienes piensen que lo mismo da que la agricultura activa la hagan decenas de miles de agricultores y ganaderos o que la hagan unas pocas decenas de grandes empresas. O incluso que es mejor lo segundo…total, si generan actividad económica y empleo ¿Qué problema hay?. Eso es lo que piensan algunos. Nosotros no; porque las grandes empresas estarán aquí mientras le saquen la manteca a las ayudas o al campo, pero en el momento en que las ayudas desaparezcan o saquen más beneficios de otro sector o en otro sitio, despiden a la gente y se van. Deslocalizarse le llaman a eso. Sin embargo, los agricultores no nos deslocalizamos. Estamos ligados a nuestra explotación y a nuestro pueblo y estaremos aquí para seguir sacando adelante la agricultura y la ganadería y el medio rural cuando esas grandes empresas se vayan, a lo mejor, con los bolsillos llenos”.

La Unión de Uniones considera una buena noticia que varias comunidades autónomas se hayan puesto de acuerdo en coordinar una única aplicación informática para la gestión de la nueva PAC y espera que los trabajos se aceleren de manera que el nuevo programa de captura de solicitudes esté listo a tiempo con el fin de que los agricultores y ganaderos no acumulen, a la ya de por sí complejidad del sistema de ayudas que se ha diseñado (greening, modificación de derechos, varios tipos de derechos, comprobaciones y controles, etc…) incidencias e inconvenientes derivados de un deficiente funcionamiento de la aplicación.

En cuanto a los criterios de distribución de los fondos de desarrollo rural, al igual que se ha hecho con el sistema de ayudas directas, la Conferencia Sectorial ha establecido también elementos correctivos para que las alteraciones respecto de la situación vigente sean las menos posibles. De ello ha resultado que las medidas del futuro Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, aún por definir, podrán contar con un nivel de financiación comunitaria similar al del período 2007/2013 y cercano a los 1.150 millones de euros. Más allá del alivio que esto pueda suponer, Unión de Uniones pone el acento en la redacción de un PDR adecuado a las necesidades estructurales del sector de la región. Por otro parte, la Unión de Uniones confía en que la Consejería de Agricultura haya evaluado las consecuencias que pueda tener el hecho de que la Conferencia Sectorial haya aprobado que el Ministerio participará en el 30 % (y no en 50 % como viene siendo hasta ahora) en la cofinanciación con la que el Estado Español habrá de responder a esos 1.150 euros de recursos comunitarios, lo que implicará necesariamente un mayor esfuerzo presupuestario de la Comunidad Autónoma para que no se pierdan fondos europeos, como ya podría haber ocurrido este ejercicio pasado.

Por último sobre el acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de asignar de partida 67,7 millones de euros (más de la mitad del montante disponible a a nivel nacional) para los proyectos de reestructuración de viñedo llevados a cabo por viticultores de nuestra región, la Unión de Uniones felicita a la Consejería por haber logrado que se reconozca el extraordinario esfuerzo que estamos haciendo los viticultores de esta región por mejorar la competitividad de nuestras explotaciones y la calidad de nuestras producciones; pero urge también a que se paguen los expedientes que aún no se han abonado a los viticultores de proyectos correspondientes a planes de reestructuración del anterior período y que tienen ya sus inversiones certificadas.