Unión de Uniones pide que se paralicen las subidas arbitrarias e indiscriminadas del IBI rústico

majada

Unión de Uniones subraya que las fincas agrícolas e inmuebles rústicos vinculados a las explotaciones no son elementos meramente patrimoniales, sino que constituyen los medios imprescindibles para el ejercicio de la actividad agraria

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pide que se suspendan las revisiones catastrales que se están realizado en miles de municipios rurales, ya que las revalorizaciones ficticias de inmuebles y bienes rústicos que se están produciendo, se encuentran lejos de la realidad agraria.

La organización ha detectado un incremento desmedido del Impuesto de Bienes Inmuebles causado en parte por los resultados obtenidos de las actuales revisiones catastrales de inmuebles rústicos que se sitúan, no sólo lejos de la realidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderos, sino incluso por encima del valor de mercado.

Por ello, la organización considera que, a la luz de esta situación y ante lo desproporcionado de algunas de las revalorizaciones que se están produciendo en un gran número de municipios del todo el Estado, se debiera proceder a una paralización de las revisiones catastrales hasta elaborar un diagnóstico e identificar los errores del sistema.

Independientemente de que el Impuesto de Bienes Inmuebles sea en tributo local y su cuantía dependa en última instancia de los ayuntamientos, dicho impuesto se determina sobre el valor catastral de las fincas y bienes inmuebles rústicos.

“Creemos que se están aplicando criterios que acaban aumentado injustificadamente las valoraciones.” – afirman desde Unión de Uniones – “Por ejemplo, naves agrícolas que se equiparan a naves industriales, cercas cubiertas por toldos o pérgolas que se valoran como instalaciones cerradas, fincas agrícolas sin intención de dejar de serlo que se tratan como urbanas o, simplemente, parcelas cuyo valor catastral asignado queda, dada la situación del sector, por encima de las expectativas del precio de venta que podría alcanzar en el mercado.” – explican.

En este sentido, la organización pone de manifiesto el claro ejemplo de los invernaderos ya que se valora catastralmente como una construcción de uso industrial y los clasifica como nave de fabricación y almacenamiento cuando se trata de estructuras ligeras e inherentes al cultivo. Esta casuística, que implica una tributación por IBI superior a la que en realidad debería corresponder, afectaría a unas 50.000 hectáreas de invernaderos en toda España.

Unión de Uniones subraya que las fincas agrícolas e inmuebles rústicos vinculados a las explotaciones no son elementos meramente patrimoniales, sino que constituyen los medios imprescindibles para el ejercicio de la actividad agraria y que, por lo tanto, un tratamiento fiscal desproporcionado supone un incremento de los costes productivos que merma la competitividad de nuestro sector productor y reduce su capacidad para generar empleo en los municipios rurales

Asimismo, Unión de Uniones considera que la aplicación de los criterios de valoración en las revisiones se están realizando bajo criterios distintos en cada uno de los territorios del Estado, aplicándoles, además, un tipo de IBI diferente según el Ayuntamiento de que se trate. Ello provoca que parcelas o instalaciones agrarias de características similares acaben tributando cantidades muy dispares, cuyo importe no depende tanto de criterios técnico-económicos justificados, sino de los déficits locales y del afán recaudatorio de los gobiernos municipales.

La organización recuerda que la agricultura y la ganadería es un sector productivo del Estado que, realiza una gran contribución a la balanza comercial del país, con una exportación del entorno de 40 mil millones de € anuales. No obstante, numerosos sectores productores agrarios atraviesan crisis de precios que los sitúan por debajo de los costes de producción. Por lo tanto, una fiscalidad desproporcionada es otro factor que amenaza su viabilidad económica.

Por estos motivos, Unión de Uniones pide a la Administración Tributaria y al Ministerio de Agricultura que se paralicen, por ahora, las revisiones catastrales hasta que se diagnostiquen los problemas del sistema de valoración que están dando lugar a incrementos desmedidos del IBI y una moderación del tipo aplicado por los ayuntamientos para evitar llevar al límite a muchos miles de explotaciones de agricultores y ganaderos.

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