Los Gobiernos no podrán adoptar medidas de emergencia sobre transgénicos a menos que exista un riesgo evidente

Sentencia Organismos Modificados Genéticamente

Así lo dicta la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la UE en una sentencia emitida ayer día 13 sobre el Caso C-111/16 que dirimía la acusación a cultivadores de maíz transgénico MON 810 que obraron en contra de un decreto del Ministerio de Agricultura Italiano que lo prohibía como medida de emergencia en virtud del principio de precaución. La Sentencia que cuando el riesgo para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente no es evidente, dichas medidas de emergencia no pueden ser adoptadas.

En 1998, la Comisión Europea autorizó la comercialización de maíz transgénico MON 810. En su decisión, la Comisión se remitió al dictamen del Comité Científico en el que se indicaba que no existía ningún motivo para creer que dicho producto tuviera efectos adversos sobre la salud humana o el medio ambiente.

En 2013, el Gobierno italiano pidió a la Comisión que adoptara medidas de emergencia para prohibir el cultivo de maíz MON 810 a la luz de algunos nuevos estudios científicos realizados por dos institutos de investigación italianos. Sobre la base de un dictamen científico emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Comisión llegó a la conclusión de que no existían nuevas pruebas científicas para apoyar las medidas de emergencia solicitadas e invalidar sus anteriores conclusiones sobre la seguridad del maíz MON 810. A pesar de ello, en 2013 el Gobierno italiano adoptó un decreto ministerial que prohíbe el cultivo del MON 810 en territorio italiano.

En 2014, el Sr. Giorgio Fidenato y otros cultivaron maíz MON 810 en violación del decreto ministerial, por el que fueron procesados.

En el marco de un proceso penal entablado contra estas personas, el Tribunale di Udine (Tribunal de Distrito de Udine, Italia) solicitó al Tribunal de Justicia de la UE aclaración sobre si las medidas de urgencia pueden adoptarse cautelarmente en relación con los alimentos, sobre la base de principio de precaución. En principio, de conformidad con el principio de precaución, los Estados miembros podrán adoptar medidas de emergencia para evitar riesgos para la salud humana que no hayan sido aún plenamente identificados o comprendidos debido a la incertidumbre científica.

En su sentencia de ayer, el Tribunal señala, en primer lugar, que tanto la legislación alimentaria de la UE como la legislación de la UE sobre alimentos y piensos modificados genéticamente tratan de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del interés de los consumidores, en un mercado interior en el que la libre circulación de alimentos y piensos seguros y sanos es un aspecto esencial.

En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia considera que, cuando no es evidente que los productos modificados genéticamente puedan constituir un riesgo grave para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente, ni la Comisión ni los Estados miembros tienen la opción de adoptar medidas de emergencia, como la prohibición del cultivo de maíz MON 810.

El Tribunal subraya que el principio de cautela, que presupone una incertidumbre científica en cuanto a la existencia de un riesgo particular, no es suficiente para la adopción de tales medidas. Aunque este principio puede justificar la adopción de medidas provisionales de gestión del riesgo en el ámbito de los alimentos en general, no permite descartar o modificar las disposiciones establecidas en relación con los alimentos genéticamente modificados, que ya han pasado por una evaluación científica completa antes de ser puestos en el mercado.

Además, el Tribunal de Primera Instancia considera que un Estado miembro puede, cuando haya informado oficialmente a la Comisión de la necesidad de recurrir a medidas de urgencia y, en caso de que la Comisión no haya actuado, adoptar dichas medidas a nivel nacional. Además, puede mantener o renovar esas medidas, siempre y cuando la Comisión no haya adoptado una decisión que exija su extensión, modificación o derogación. En estas circunstancias, los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para apreciar la legalidad de las medidas de que se trata.

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