Unión de Uniones señala al MAPA la importancia de contar con instrumentos de gestión de riesgos para los profesionales en la futura PAC

Unión de Uniones de Agricultores, representada en esta ocasión por los miembros de la Ejecutiva a nivel estatal Joan Cabal y Luís Cortes, se ha reunido hoy con Isabel Bombal, Directora General de Desarrollo Rural Innovación y Política Forestal, del MAPA para presentarle sus propuestas sobre la Reforma de la PAC en materia de desarrollo rural y abordar otras cuestiones de la competencia de este departamento.

Agilidad en los PDR

La organización ha empezado por trasladar a la responsable de Desarrollo del MAPA su preocupación por el estado de ejecución de los programas de desarrollo rural españoles y sus temores de que llegase a perder recursos de Bruselas en la programación 2014-2020. Efectivamente, los PDR podrían tener un retraso de aproximadamente un año, achacable, según el Ministerio a diferentes causas (cambio de Gobierno, funcionar con presupuestos prorrogados en un cierto período, implantación de nuevas medidas…), pero las previsiones tanto del Ministerio como de la Comisión Europea es que el nivel de compromisos actuales permitiría aprovechar todos los fondos FEADER haciendo uso de la regla “n+3”. Lo deseable en todo caso, según Unión de Uniones sería no tener que acudir a esta regla, que permite cargar gastos del PDR 2014-2020 hasta el 2023, y que los planes se agilizasen.

La organización ha pedido que se activen los mecanismos de transferencia de fondos entre CCAA para que aquellas que no cumplan sus objetivos liberen recursos para otras que puedan necesitarlos y hacer una buena gestión del dinero disponible. El Ministerio ya ha puesto en marcha este mecanismo para el presente ejercicio y está a la espera de que las CCAA comuniquen sus previsiones de cierre de ejercicio. No obstante, puede resultar complicado que, con unas elecciones autonómicas a la vista, haya CCAA que reconozcan que no van a cumplir sus objetivos anuales en sus PDR, lo que dificultaría el funcionamiento de este instrumento de compensación.

Recuperar la financiación del Ministerio.

La organización ha pedido también que el Ministerio se plantee un incremento de la tasa de cofinanciación de la Administración General del Estado, que se fijó para este período de programación en un 30%, rebajando sustancialmente las aportaciones estatales a los PDR regionales respecto del anterior período, en el que estaba entre el 40% y el 60%. Unión de Uniones ha señalado que conviene estudiar también las previsiones presupuestarias anuales que se hacen de las medidas de desarrollo rural y su ejecución final, porque hay dinero presupuestado que, al final no se gasta, y eso permitiría al Ministerio, en opinión de la organización y si el dinero está de verdad realmente disponible en los presupuestos, mejorar la tasas de participación del Ministerio en los PDR y consumir así todo el presupuesto.

Unión de Uniones ha recordado que el recorte de financiación de la Administración General del Estado ha sido cuestión repetidamente criticada por el PSOE cuando estaba en la oposición y, ahora en el Gobierno, tiene la oportunidad de corregirlo.

La organización ha señalado que las previsiones presupuestarias del Ministerio en cuanto al dinero del FEADER que a inicio de cada ejercicio se dice que se va a consumir, presentan una desviación muy importante con respecto al dinero que finalmente el FEADER envía a España. Concretamente, entre 2009 y 2017, el Ministerio ha estimado en sus presupuestos que recabaría del FEADER para las políticas llevadas a cabo en el Estado Español financiadas por dicho fondo -entre ellas las de desarrollo rural- del orden de 4.500 millones menos de los que realmente han acabado viniendo a España, lo que supone una desviación del 41 % de lo ejecutado por debajo de lo presupuestado.

La Dirección General por su parte considera que la tasa de cofinanciación del Ministerio en los PDR no es uno de los motivos del actual retraso y que, de hecho, las CCAA no están reclamando al Ministerio una mayor tasa de financiación. Unión de Uniones ha puesto de manifiesto que en sus ámbitos territoriales las Consejerías si usan este argumento para justificar algunos de los problemas de gestión del PDR y que en base a la menor aportación del Ministerio se excusan los recortes o la rigurosidad en la selección de determinadas líneas de ayuda, como por ejemplo, ha sucedido en Castilla-La Mancha con las ayudas a la agricultura ecológica.

Preparando los PDR 2021-2017

A este respecto la Dirección General ha expuesto que para el próximo periodo de programación de desarrollo rural 2021-2017, en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC, sería intención del Ministerio diferenciar su tasa de cofinanciación por medidas con objeto de dirigir de alguna manera los recursos estatales a las líneas que, a nivel estatal también, se estime que tienen un carácter estratégico (mujeres, jóvenes, despoblamiento, innovación).

Precisamente, en relación a las propuestas de la Comisión Europea de cara a la futura Reforma en cuanto a lo que compete a esta Dirección General, respecto de las intervenciones del Plan Estratégico Nacional en Desarrollo Rural, Unión de Uniones ha expresado una primera reacción a las enmiendas que el Ministerio ha presentado al borrador de Reglamento comunitario. La organización comparte la mayor parte de ellas. No obstante, ha planteado dudas acerca de cuál nivel de exigencias de exigencias debe plantearse al joven que se incorpora cuando lo hace en una explotación asociativa en relación al control que ejerce sobre la gestión de la mismas.

Igualmente, considera Unión de Uniones, contrariamente a lo que el Ministerio plantea en sus alegaciones, que la puesta en marcha de los mecanismos de gestión de crisis debe ser de implantación obligatoria para los Estados Miembros. Cosa distinta es, ha aclarado la organización, que se mantengan abiertas las opciones sobre cuáles serían los desencadenantes y el alcance de dichos mecanismo. Pero la organización considera que en el futuro estos instrumentos de gestión de riesgos tendrán cada vez mayor importancia y es bueno que el Estado miembro se vea obligado a estudiar su desarrollo y aplicación. La Dirección General y Unión de Uniones sí que han estado de acuerdo en que el sistema de seguros agrarios español debe quedar totalmente al margen de este debate.

De cara también al siguiente período de programación, en el marco de la Reforma de la PAC, la Dirección General ha manifestado la defensa del Ministerio de que no se produzcan recortes financieros en la futura PAC para el desarrollo rural y de que se mantengan también las actuales tasas de cofinanciación comunitarias, ya que la Comisión plantea una reducción de alrededor de 10 puntos. España propone, además que la tasa de cofinanciación europea sea más alta para algunas medidas estratégicas.

Unión de Uniones, que ya ha presentado también sus enmiendas al proyecto de reglamentos comunitarios, está emplazada por el Ministerio ha participar en los debates que profundizarán en estos asuntos a partir de enero próximo.

La Dirección General ha agradecido las aportaciones de la organización, que ha mostrado su disposición a colaborar con el Ministerio en todo aquello que contribuya a que las ayudas al desarrollo rural estén bien orientadas a las necesidades de los agricultores y ganaderos y a que la gestión sea eficiente para que lleguen a los profesionales en cuantía suficiente y en plazos razonables.

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