Las industrias vitícolas se adhieren a la denuncia por un presunto delito de información privilegiada

La Asociación de Empresarios de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) se ha adherido a las denuncias presentadas recientemente por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha y la Plataforma de Defensa de La Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha contra la Consejería de Agricultura “por información privilegiada”, por haber facilitado, supuestamente, «la orden de ayuda a la agricultura ecológica a empresas privadas”.

Así lo ha trasladado la entidad en una nota y ha confirmado su presidente, Lorenzo Delgado, a este diario, quien ha señalado que este jueves remitieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un escrito para sumarse a la querella. Igualmente, ha lamentado la acusación planteada por las organizaciones querellantes, sobre que “se habría filtrado información reservada” y se habría informado “privilegiadamente a unas empresas, organizaciones y entidades de certificación respecto de las ayudas o subvenciones que la Junta va a aprobar en el ámbito de la agricultura ecológica”.

Para AIVE “existen fundados indicios” de que el departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo habría facilitado a algunas empresas, organizaciones o entidades datos sobre el nuevo proyecto de subvenciones a la agricultura ecológica «mucho antes de que las asociaciones denunciantes interpusieran las demandas”. Igualmente, el trato privilegiado, según la entidad que representa a los industriales vinícolas, también fue anterior a la que recibieron de manera pública u oficial “las compañías a las que representamos”.

Son unos hechos que, en opinión de Delgado, “conllevarían un evidente perjuicio”, al haberse roto “la regla de igualdad de trato a los administrados, al resto de agricultores ecológicos e, incluso, a las compañías certificadoras no favorecidas por ese trato discriminatorio”.

La filtración, por el contrario, habría favorecido la realización de “maniobras de posicionamiento en el mercado» a los privilegiados, una “ventaja competitiva desleal” que les ha permitido “comunicar a sus clientes los requisitos necesarios a cumplir antes de la publicación de la convocatoria”, frente a otros campesinos y empresas auditoras.