Ante el anuncio del presidente de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, sobre un futuro recorte en la Política Agraria Común (PAC) para destinar más dinero a defensa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reaccionado de manera fulgurante. En palabras del vicepresidente Martínez Guijarro: “un recorte brutal”.

El Ejecutivo regional se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura para abordar este posible recorte.

La Comisión Europea pretende reducir en un 20 % el dinero destinado a la PAC. Pretende, además, la desaparición del segundo pilar de la PAC: los conocidos Programas de Desarrollo Rural (PDR), que, para quien no lo sepa, financian medidas como la incorporación de jóvenes al sector agropecuario, la agricultura ecológica, los planes de mejora, la apicultura, la conservación de razas autóctonas… y, en el caso de Castilla-La Mancha, también a GEACAM.

La honda preocupación del Gobierno regional se explica fácilmente: si desaparece este segundo pilar, desaparecen con él todas las medidas del PDR y, con ellas, la financiación de la empresa GEACAM, dedicada a la extinción de incendios.

Unión de Castilla-La Mancha siempre ha defendido que esta empresa dejase de serlo, y que su personal —con derechos que creemos consolidados— pasase a ser personal laboral o funcionarial de la administración pública.

Durante años, la medida estrella dentro del PDR ha sido la partida destinada a financiar GEACAM, que recibió en el periodo anterior un montante de 500 millones de euros. Esta cantidad supone un importe igual a la suma de las tres partidas más importantes: incorporación de jóvenes, planes de mejora y agricultura ecológica.

Se entiende así la zozobra e intranquilidad del Ejecutivo: enfrentarse a la desaparición de GEACAM o asumir su mantenimiento con cargo al presupuesto general de la Junta de Comunidades.

¿Legítima preocupación? Sin duda. Aunque no sabemos si es por los agricultores y ganaderos, que perderían un importante apoyo para iniciar su actividad, modernizar y actualizar sus explotaciones, o producir con calidad diferenciada; o bien porque la Junta se vería obligada a destinar una parte sustancial de su presupuesto a la extinción de incendios.

Es por esto que, desde Unión de Castilla-La Mancha, insistimos en la necesidad de que los servicios de extinción de incendios forestales se integren en las administraciones públicas, dejando de delegarse en una empresa.

Y que el Gobierno regional luche con uñas y dientes, no ya para mantener el actual presupuesto, sino para incrementarlo en función del aumento del coste de los insumos, con el fin de mantener la viabilidad de las explotaciones de agricultores y ganaderos.

El campo no puede asumir el gasto de la política de defensa europea, ni tampoco el gasto de extinción de incendios.

En Toledo a 31 de Julio de 2025

En los años 60 del siglo pasado, el número de hectáreas quemadas era sensiblemente inferior al de las últimas décadas. El aumento ha sido, en la práctica, inversamente proporcional a la disminución de la población agraria. Esto demuestra que la reducción de ganaderos —que realizaban una labor preventiva al disminuir la materia combustible en los campos— y la de agricultores —que apagaban los fuegos cuando aún no eran más que un conato— ha dado lugar a un mayor número de incendios, más virulentos. Una realidad que choca con el relato oficial, que, de forma insistente y errónea, sigue culpando al campesino de los fuegos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se centra única y exclusivamente en prohibir y limitar la actividad agraria y ganadera, a pesar de que, de los 1.355 incendios anuales, solo 36 tienen origen en la actividad agrícola.

Todos hemos podido ver imágenes de agricultores arriesgando su vida mientras, de forma absolutamente eficiente, atajan el fuego. Todo esto ocurre mientras, desde las administraciones públicas, se trata de obstaculizar su labor, ya sea mediante órdenes a la Guardia Civil para impedirles el acceso a las zonas incendiadas, o con condiciones impuestas por la PAC que, en la práctica, provocan que los cultivos leñosos estén llenos de pasto. Lo que antes eran áreas cortafuegos, hoy se han convertido en superficies extremadamente combustibles.

Redunda en nuestras conclusiones lo expresado por el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, quien, en declaraciones a la prensa, afirma:
«Un fenómeno cuyo origen sitúa en el éxodo rural del último tercio del siglo pasado…»
«A la vez que las nuevas formas de cultivo hacen que parcelas como los olivares ya no sirvan de cortafuegos.»
(Entrevista concedida a la agencia EFE.)

Unión de Castilla-La Mancha pide, a riesgo de ser pesados y repetitivos:
Que se deje de atacar al sector agropecuario, culpándolo de causar los incendios, cuando todo demuestra que no solo no los causa, sino que los previene y los apaga.
Que se modifiquen las normas de la Política Agraria Común (PAC) que convierten nuestros campos en auténticos polvorines.
Que no se impida el acceso del campesino a la zona que arde, porque su labor es indispensable en la contención y extinción del fuego.
Que las mismas restricciones que se aplican a la agricultura sean de obligado cumplimiento para el resto de actividades y sectores. O bien, que se levanten para que todos reciban un trato igual.

Y todo esto, para hoy, no para mañana.
¡El fuego no espera!

En Toledo a 24 de Julio de 2025

Días atrás, la autovía A-5 se ha visto envuelta en varios graves incendios, con origen en la misma o en carreteras aledañas. El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su sorpresa y preocupación ante esta circunstancia.

A los agricultores no nos sorprende en absoluto; era más que previsible, al menos desde la perspectiva normativa y legal. Eran días de riesgo extremo de propagación de incendios, en los cuales toda maquinaria agrícola tiene terminantemente prohibido trabajar, mientras veíamos cómo por autovías, carreteras o caminos circulaban todo tipo de vehículos, se practicaban actividades de ocio en el campo o se realizaban pruebas deportivas. Desde una visión lógica, si el campesino tiene prohibida toda actividad, deberían cesar las del resto de ciudadanos.

Se nos ha tomado a nosotros, el sector agropecuario, como emblema de la lucha contra incendios, haciendo ver que prohibirnos realizar nuestras tareas es muestra de la enorme preocupación por el medio ambiente y la lucha contra el fuego de las administraciones públicas. Nada más falso ni alejado de la realidad. Las estadísticas muestran que la superficie quemada por causas agrícolas es mínima, y la realidad demuestra que las gentes del campo son las primeras en acudir a perimetrar, sofocar y extinguir el fuego.

También hemos sido testigos de que, cuando peligran áreas urbanizadas, todos los esfuerzos y recursos se vuelcan en salvarlas. Algo totalmente lógico y natural: primero, salvar vidas y viviendas. Esta forma de actuar solo tiene un pero: GEACAM, la empresa que en Castilla-La Mancha se dedica a la extinción de incendios, no se financia del presupuesto general de la Junta, sino de dinero del Programa de Desarrollo Rural, caudales europeos destinados al sector agropecuario.

Hasta ahora, aun siendo todo muy raro, podríamos darlo por bueno. Ya no tanto cuando los bomberos urbanos (Diputaciones, por ejemplo) se han negado a colaborar en la extinción del incendio, aun estando presentes, por restricciones de su protocolo. Vamos, que los del campo somos buenos para ayudar y poner dinero, pero no para recibir ayuda.

Como consecuencia de lo anterior, Unión de Castilla-La Mancha pide:

• Que las limitaciones derivadas de los índices de propagación de incendios se apliquen a todos los sectores por igual. Si a unos se les prohíbe trabajar, que se prohíba toda actividad desarrollada fuera del casco urbano. Potencialmente, todos pueden provocar incendios, pero, como ya vimos más arriba, la agricultura es la que menos, a pesar de ocupar todo el territorio rural y de que su actividad se desarrolla exclusivamente en él.
• Que se deje de meter mano al cajón. GEACAM debe financiarse con los presupuestos generales, no con los del sector agrario. Si realiza un servicio en beneficio de todos, todos debemos pagarlo, no solo unos pocos. Nadie en sus cabales pretendería que los agricultores pagaran de su bolsillo la sanidad o la educación para toda la población.
• Un cambio en el protocolo de los bomberos urbanos. Si un coche ya está calcinado, mejor ponerse a apagar el pasto y evitar que el foco se extienda. Hay que atender lo perentorio y dejar lo insalvable.

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En Toledo a 21 de Julio de 2025.
Se escuchan voces desde las Cortes de Castilla-La Mancha que niegan el derecho sindical agropecuario a elecciones libres. Se argumenta que la idoneidad de las Organizaciones Profesionales Agrarias (en adelante, OPAs) no depende de lo que pudieran elegir los agricultores, sino de la pertenencia al COPA-COGECA, organización de ámbito privado. El señor Lucas-Torres expone la tesis de que las OPAs pertenecientes a dicho organismo son las que tienen enorme peso y poder negociador en Bruselas.

En estos días, se ha difundido la noticia de un futuro recorte del 20 % en la próxima PAC.

Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha surge así la duda: ¿es real esa enorme capacidad negociadora atribuida por el señor Lucas-Torres? Porque, si así fuera, entonces cabría pensar que las OPAs pertenecientes al COPA no han defendido los intereses del sector, o bien lo han intentado y su capacidad e influencia atribuidas son ficticias.

Se sostiene que la única representatividad real es la conseguida en las urnas, ya que es esta la que confiere legitimidad y capacidad negociadora.

La Unión de Castilla-La Mancha reclama que toda organización agraria pueda ejercer el legítimo derecho a acudir a las urnas, y que sean los agricultores quienes decidan cuáles son sus representantes, en lugar de que algunos políticos se arroguen el derecho a hacerlo.
Nadie mejor que el agricultor para decidir qué organización es la idónea. Podrá equivocarse, pero será él quien lo haga. No se considera necesario que un tercero se equivoque en su lugar.

Respecto al ponente de la Ley de Representatividad Agraria de la región, no se cuestiona su buena voluntad. Sin embargo, como dice el dicho: el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

Desde diversos sectores se considera inasumible un recorte presupuestario del 20 % en la futura PAC. Un sector agonizante, desmantelado, al que en su día se le aseguró que la intervención de precios y las normas a que se vería sometido serían compensadas con ayudas a la renta, ha visto cómo, día tras día, se le aumentaban las exigencias y restricciones, al tiempo que se le obliga a competir con países terceros, con las manos atadas a la espalda, mientras a esos países se les otorga libertad total para usar productos prohibidos en la UE y operar sin cumplir normativas ambientales, de bienestar animal ni sociales.

Pocos lo recuerdan, pero la PAC se implementó como medida de salvaguardia de la soberanía alimentaria europea y como instrumento para fomentar el Estado del bienestar. Permitía alimentos a precios asequibles, liberando recursos en los hogares para el ocio, las vacaciones o un segundo coche.

En ese pacto, los agricultores aportaban, y recibían una compensación justa.

Todo eso ha sido desmantelado, recorte tras recorte, en cada nueva reforma de la PAC. La presión normativa ha transformado una Europa con excedentes alimentarios en una Europa con riesgo de escasez. El sector agrario, cada vez más debilitado y al borde de la desaparición, ha provocado que los consumidores vean cómo la cesta de la compra se ha encarecido. Peor aún: ahora con productos de dudosa salubridad y procedencia.

Este nuevo recorte del 20 % podría causar un desabastecimiento total del mercado interno, forzando una dependencia casi exclusiva de las importaciones. Los consumidores deberán enfrentarse a precios similares a los que se conocieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Todo ello plantea desde miembros de la directiva de la Unión de Castilla-La Mancha una duda razonable: ¿es el COPA una entidad que defienda realmente los intereses del campo? Si se observan los resultados de las últimas décadas, la respuesta es negativa.

Por tanto, si esa asociación no cumple esa función, parece lógico pensar que las OPAs adscritas a ella tampoco lo hacen.

El recorte del 20 % en la PAC no solo se considera insufrible, sino que se plantea como necesaria una revisión al alza, acorde con la inflación acumulada en los últimos años. Mientras los precios de los insumos se han disparado, el valor que reciben los productores permanece congelado en niveles propios de los años 80 del siglo pasado.

No se está ante una demanda de caridad ni de privilegios: se trata de justicia social y de una garantía para la sociedad de contar con alimentos sanos, de calidad y a precios razonables.

De no actuarse en consecuencia, el futuro europeo se oscurece. La escasez se convertirá en amenaza tangible: solo los ricos podrán alimentarse dignamente; los demás apenas podrán subsistir.

Los agricultores conocen la realidad del campo. Y su experiencia no puede seguir siendo ignorada.

El estío es una época proclive a los incendios, más aún en años de generosas lluvias que propician abundantes herbazales, los cuales, con la llegada del calor, se convierten en combustible.
Una vez iniciado un incendio, este se extiende como si fuera un reguero de pólvora. Los primeros momentos son decisivos para contenerlo. Se podría pensar que los primeros en llegar son los operativos de la empresa GEACAM, que dispone de un más que espléndido presupuesto. Sin embargo, la realidad nos muestra que no es así.

Los primeros siempre son los agricultores, vecinos del lugar, conocedores del terreno y que se toman cada incendio como si algo suyo se estuviera quemando. La comunicación entre ellos es rápida, ágil y no está sometida a entorpecedores protocolos. Arriesgando su vida y sus bienes (un tractor puede costar muchas decenas de miles de euros), no dudan en acudir a perimetrar el fuego para evitar su expansión.

Antiguamente, el toque del campanario a rebato y hoy, con los móviles, tardan minutos en subirse al tractor para comenzar las labores de extinción. No es raro —más bien frecuente— que los medios aéreos aparezcan horas después, algo inexplicable, pues un helicóptero o un avión son sensiblemente más rápidos que los tractores. Las brigadas de tierra de GEACAM tampoco se caracterizan por la inmediatez. Más protocolos que ralentizan todo.

Esto da lugar a reflexionar sobre si el modelo de extinción es el idóneo:
¿Se deberían suprimir los estúpidos y entorpecedores protocolos?
¿Debería la Consejería de Agricultura y la de Desarrollo Sostenible pagar las horas de tractor empleadas en la extinción?

No lo sabemos, pero sí sería al menos deseable indemnizar al agricultor que pierde su tractor cuando está apagando un fuego. Porque eso ocurre, a veces, un tractor arde mientras realiza una labor en beneficio de toda la sociedad, de forma voluntaria y altruista.

Considerando que ese mismo agricultor que pierde el tractor ve mermados sus ingresos porque una parte sustancial del dinero del Programa de Desarrollo Rural se destina a GEACAM, sufre una doble pérdida patrimonial. Primero, porque le quitan un dinero que, desde Bruselas, viene destinado a él; y segundo, porque se queda sin tractor, herramienta básica en la que se basa su sustento. Es fácil concluir que el que más pone, más pierde. Y sin indemnización alguna. Es más, sin muestras de gratitud.

Puede darse el caso de que, días después, mientras siega con la cosechadora, esta arda por accidente y provoque un pequeño incendio. No solo perderá otras decenas de miles de euros, también será multado por carecer de permisos, como el de trabajar a menos de 400 metros del monte, o por incumplir caprichosos horarios determinados por la administración.

Unión de Castilla-La Mancha pide:

-Que se deje de quitar dinero a los agricultores para dárselo a GEACAM.

-Que se indemnice al agricultor que sufra pérdida patrimonial en la realización de labores de extinción.

-Que se deje de demonizar al sector agropecuario como si fuese el causante de los incendios, cuando en realidad es la primera barrera frente a ellos.

-Que el número de teléfono para comunicar un fuego deje de ser el 112, que ha demostrado su lentitud de forma recurrente, y se cree otro número exclusivo.

-Que se cambien los protocolos para que sean más ágiles (con el fuego, el tiempo es primordial).

-Y que la Guardia Civil no impida a tractores y vecinos acceder a la zona del incendio, pues son imprescindibles en su extinción.

Como ejemplo: ya se vio el año pasado en el incendio de La Estrella (Toledo). Los vecinos pudieron apagarlo cuando no era más que un conato, pero la Guardia Civil impidió que se hiciese.

Nos gustaría también que los bomberos de Diputaciones o urbanos tuvieran flexibilidad como para descartar un coche ya insalvable y apagaran el pasto (ejemplo: La Estrella), o que las brigadas de INFOCAM, si un tractor arde, lo apaguen y no respondan, como ya ha pasado, que “no tienen órdenes”.

La sociedad debe saber que, sin los agricultores, los incendios no se apagan.

Castilla-La Mancha, 5 de julio de 2025
La organización agraria La Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha ha hecho llegar a los ayuntamientos de las comarcas más afectadas su Documento Técnico para la Erradicación de la Plaga de Conejos, con el objetivo de recabar apoyos institucionales y presionar para que se tomen medidas eficaces ante una plaga que lleva más de 25 años asolando al campo castellanomanchego.
El documento ha sido elaborado por la propia organización tras recoger numerosas quejas de agricultores y ganaderos, hartos de sufrir daños constantes sin que las administraciones ofrezcan soluciones efectivas. Tras más de dos décadas de parches y actuaciones dispersas, la situación demuestra que las medidas aplicadas hasta ahora han sido claramente insuficientes.
La propuesta plantea una estrategia integral y coordinada entre instituciones, pero subraya que su puesta en marcha exige un presupuesto económico específico, no solo para ejecutar las actuaciones, sino también para compensar a los agricultores por los perjuicios acumulados durante años.
Asimismo, La Unión de agricultores y ganaderos de CLM solicita a los ayuntamientos su adhesión formal al documento.
Con los municipios adheridos, se pedirá una reunión conjunta con la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, con el fin de exigir un compromiso firme y dotación presupuestaria para abordar el problema de forma estructural.
“No estamos ante una emergencia puntual, sino frente a una plaga crónica que se arrastra desde hace un cuarto de siglo. Es hora de tomar decisiones serias, con respaldo político, técnico y económico”, señala la organización.
Los ayuntamientos interesados en adherirse pueden enviar su apoyo por escrito a:
uniondeunionesclm@gmail.com
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