El Gobierno regional pide que cesen las restricciones de agua impuestas a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha

• Los regantes del Alto Guadiana, donde se concentra un tercio de la población de Castilla-La Mancha, son los agricultores con menos dotación de agua de España.
• El Consejero de Agricultura, Martínez Arroyo solicita el mismo trato que al resto de regiones.
• Por su parte, el Grupo Popular reclamaba finalizar la tramitación de la regularización de pozos en el Alto Guadiana, pendiente desde 2008. 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido hoy a los grupos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha que aprueben la propuesta para instar al Ministerio para que cesen las restricciones de agua impuestas a los agricultores de Castilla-La Mancha.

En el transcurso del debate el titular de agricultura ha pedido un trato igual que en el resto de regiones del país y ha mostrado su preocupación ante las nuevas restricciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a los agricultores de la región en las masas de agua Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas y Sierra de Altomira, para los que se ha aprobado un régimen de extracciones para el 2018 de 2.200 metros cúbicos por hectárea, en herbáceos (antes 4.278 m3) y 1.500, en leñosos (antes 2.000 m3). Estas tres masas del Alto Guadiana ocupan una extensión de 528.300 hectáreas.

El consejero de Agricultura ha manifestado que pueden ponerse en riesgo la viabilidad de cultivos como el ajo morado de Las Pedroñeras, la cebolla y el melón, que necesitan una dotación de agua suficiente.

La propuesta de resolución impulsada por el Grupo Socialista para defender estos extremos no ha salido adelante, ante la abstención del Grupo Podemos.

Regularizaciones pendientes en el Alto Guadiana

Tampoco ha sido aprobada la moción presentada por el Grupo Popular. El principal grupo de la oposición en las Cortes de Castilla-La Mancha instaba en su texto al Gobierno regional «a continuar con el trabajo emprendido por el anterior Ejecutivo» para finalizar el proceso de regularización de pozos del Alto Guadiana. Este proceso arranca en el año 2008, cuando al amparo del Plan Especial del Alto Guadiana se inició la adquisición pública de derechos de agua en la zona, para poder distribuirlos con criterios sociales y regularizar hasta ciertos límites las extracciones de explotaciones prioritarias y agricultores profesionales. En base a esta actuación se satisfizo a unos 1.000 solicitantes profesionales para pozos en cultivos leñosos (3.000 según el Grupo Popular). Sin embargo, el Plan Especial del Alto Guadiana se quedó en 2011 sin soporte presupuestario (ni político) y ello representó que desde entonces quedan aún bastantes expedientes pendientes de resolución (aquí tampoco hay acuerdo en las cifras: 800 según el Gobierno y 1.700 según los Populares) correspondientes a explotaciones prioritarias.

Por cierto, sobre este asunto, que el Consejero de Agricultura tiene declaraciones del año pasado por el mes de marzo y en otro debate en las Cortes donde decía que las negociaciones con la Administración Central iban bien y que esperaba que 2017 fuera el año en que este problema quedara solucionado. No ha sido así.

El Grupo Popular también incluía en su propuesta de resolución aumentar la superficie de regadío en la región y que el Gobierno haga las gestiones y trabajos necesarios para que Castilla-La Mancha cuente con mayores recursos para abastecer las demandas.

Como hemos comentado, ninguna de las dos resoluciones, ni la del Grupo Socialista, ni la del Grupo Popular, han sido aprobadas; en el primer caso con el rechazo popular y la abstención de Podemos y, la segunda, con la negativa de socialistas y Podemos.

Documento conjunto sobre el agua

El Consejero de Agricultura ha puesto también sobre la mesa el ofrecimiento de alcanzar un consenso sobre la problemática integral del agua en la región que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas, cosa que se antoja difícil visto el desarrollo y conclusión del debate de hoy.

Su intención es abrir una ronda de reuniones con todas las comunidades de regantes y usuarios para pactar un documento que defienda los intereses del 100 % de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, porque todos son consumidores, que espera que cuente con un respaldo unánime en la región, al igual «que ha sido posible en otras comunidades autónomas».

Aunque desde la bancada popular no se ha rehusado negociar ese documento, a nadie se el oculta que el principal escollo político a superar será el futuro del Trasvase Tajo-Segura.

Foto: “IRCcville_Drip Irrigation_Equipment” flickr photo by isedsolutions https://flickr.com/photos/143843618@N03/33901056550 shared under a Creative Commons (BY) license