Los contratos públicos podrán dar prioridad a los productos ecológicos

Productos ecológicos

Unión de Uniones considera que es una buena noticia para la producción ecológica y para la salud de los ciudadanos, pero la aplicación de los criterios ecológicos en los contratos debería ser obligatoria, no voluntaria.

El Ministerio ha presentado el borrador del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social (2018-2025).

En el plan se determinarán los productos, obras y servicios en los que la Administración General del Estado va a promover un consumo público que tenga en cuenta parámetros medioambientales, así como los criterios ecológicos a tener en cuenta en las distintas fases de contratación de los mismos. Afectará a un total de 20 campos de actuación de los contratos públicos entre los que destacan la alimentación y restauración pública, construcción y gestión de edificios, la construcción y mantenimiento de carreteras, el suministro de electricidad, los equipos de impresión y ordenadores, el papel y el transporte.

Los criterios medioambientales previstos en el plan se basan en los criterios actuales de contratación pública ecológica de la Unión Europea y, según propone el Ministerio, son criterios voluntarios, que podrán ser incorporados a los pliegos de contratación como criterios de adjudicación o de selección del contratista, especificaciones técnicas del contrato o condiciones especiales de ejecución.

Como se ha comentado, a los efectos del Plan, entre los bienes, obras y servicios prioritarios de contratación están los servicios de restauración (es decir, la alimentación en organismos de la Administración, tales como hospitales, ministerios, cuartes, colegios…); y entre los muchos criterios ecológicos que se pueden incluir para valorar las ofertas en este ámbito están: la compra de alimentos de producción ecológica; la de alimentos producidos con «sistemas de producción integrada» o equivalente; la compra de productos animales con niveles de bienestar elevados y la de productos de temporada.

Es una buena noticia que el Estado se plantee que estos criterios de prioridad a la hora de elegir las mejores ofertas que contrata en los servicios públicos; no obstante, Unión de Uniones piensa que la aplicación de criterios ecológicos en la contratación pública no debería ser de carácter voluntario (es decir, que la Administración de turno pueda decidir si hacer o no uso de ellos) sino que su utilización para seleccionar las mejores ofertas debería ser obligatoriamente incluida.

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