La Comisión destapa su intención de limitar las ayudas PAC a 60.000 euros máximo por explotación

Reforma de la PAC

La definición de “agricultor genuino”, que tendría acceso a las ayudas quedaría a criterio de los Estados miembros

La pasada semana se produjo una filtración de lo que podría ser un primer borrador del reglamento de ayudas en la futura PAC, cuya Reforma está siendo abordada. Dos son las principales novedades, la nueva estructura de aplicación a través de planes nacionales de apoyo y el esquema de pagos directos, que contemplaría mecanismos para un reparto más equilibrado de las ayudas imponiendo topes por explotación y ayudas complementarias para las explotaciones de menor dimensión. Unión de Uniones considera que algunas de estas propuestas van en la línea de lo que habría que defender para tener una PAC más justa para los profesionales, pero quedan todavía muchas incógnitas importantes por resolver. Una de las más importantes sería el presupuesto con el que contará la PAC, que dependerá de lo que aprueben los Estados miembros en el marco financiero plurianual; pero también cuáles serán los contenidos de otros reglamentos fundamentales (quizás más que el de ayudas), como el de la Organización Común de Mercado, del que depende en parte la estabilidad y el nivel de los precios pagados a los agricultores y ganaderos. Desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha pensamos que la Comisión (si es que es posible atribuir la filtración a la propia Comisión) nos la largado “una magra” para que estemos entretenidos en discutir el paquete de apoyos directos hasta la propuesta oficial y sondear las reacciones.

El marco

El texto que se ha filtrado sería un presunto borrador del futuro reglamento básico de pagos y ayudas en la PAC después de 2020 y la norma que derogaría los actuales reglamentos 1305/2013 (que regula ahora las ayudas al desarrollo rural) y 1307/2013 (que establece el sistema de pagos directos).

Lo que haría esta normativa sería determinar las reglas generales de la ayuda de la Unión Europea, tanto a través del FEAGA como el FEADER, que se materializaría a través de los Planes de apoyo de la PAC nacionales. Estos planes, cuya elaboración dependería de los Estados miembros (algo en lo que ya hay, en principio, acuerdo en el Consejo de Ministros), habrían de someterse al marco general y objetivos de la PAC decididos a nivel de la Unión Europea; pero los Gobiernos de los diferentes países concretarían las intervenciones a través de las cuales se alcanzan dichos objetivos.

Las intervenciones podrían ser de tres tipos: pagos directos (desacoplados y acoplados); e intervenciones sectoriales (como los presentes planes de apoyo vitivinícolas o las medidas en el sector de frutas y hortalizas), financiados por el FEAGA; y ayudas al desarrollo rural (herencia de los actuales PDR), en las que la participación de la UE sería a través del FEADER.

Como norma general en estas intervenciones, los planes seguirán contemplando la condicionalidad de las ayudas como garantía del cumplimiento de determinadas normas y prácticas en materia de clima, medio ambiente, salud pública, sanidad animal y vegetal y bienestar animal.

En definitiva, los planes nacionales son el marco jurídico que dispondrá el Estado miembro y que regirá la concesión de la ayuda de la Unión a los beneficiarios de conformidad con los principios y requisitos establecidos en el nuevo reglamento.

Intentaremos hacer un apunte de las cuestiones de mayor interés, que pueden dar pistas de por dónde irá la futura PAC en el tema de ayudas y teniendo en cuenta que de otros muchos asuntos importantes, como las medidas de equilibrio en los mercados, este borrador de reglamento no dice nada.

Los “agricultores genuninos”

En uno de los aspectos en los que los Estados miembros tendrán más manga ancha en sus planes es en la definición de actividad agraria y lo que ahora se llamaría “agricultor genuino”, que sería el equivalente al agricultor activo actual y que daría la posibilidad de acceder a las ayudas.

En el caso de la actividad agrícola los países pueden decir que el simple mantenimiento en buenas condiciones de las tierras, también sea (como actualmente) considerado actividad agraria.

Respecto a los agricultores “auténticos” o “genuinos” el texto dice que la definición que establezca cada gobierno debe garantizar que no se concedan ayudas a aquellos cuyas actividades agrícolas constituyan solo una parte insignificante de sus actividades económicas generales o cuya actividad principal no sea agrícola. Los parámetros que pueden utilizar los Estados miembros para definir cuales actividades son insignificantes son: los ingresos, el empleo en la explotación, el objeto de negocio de la empresa, así como su inclusión en registros (registros de explotaciones y similares).

Las ayudas directas desacopladas

En la nueva PAC, de avanzar en el sentido de la filtración, habría cuatro tipos de pagos directos desacoplados:

  • Apoyo de ingresos básicos para la sostenibilidad (BISS);
  • Apoyo de ingresos redistributivos complementarios para la sostenibilidad (CRISS);
  • Apoyo de Ingresos Complementarios para Jóvenes Agricultores (CIS-YF);
  • Plan voluntario para el clima y el medio ambiente (“Eco-scheme”).

La ayuda a la renta básica se trataría de un pago por hectárea, que se aplica a través de derechos que deben ejecutarse sobre una hectárea admisible para ser cobrados (similar al actual pago básico). El valor de esos nuevos derechos se basará en los actuales derechos de pago básico y en el pago verde y cada país podrá establecer cuantías uniformes por hectárea o diferenciando por territorios o condiciones agronómicas o socioeconómicas. Lo que no está muy claro es si estos nuevos derechos tendrán o no un cierto componente histórico, aunque parece que en el caso de España podría quedar a criterio del Gobierno. Como ahora, habría una reserva de derechos para jóvenes y nuevos agricultores y se permitiría la transferencia entre agricultores genuinos y dentro de la misma región en la que se asignen.

En cuanto a la ayuda redistributiva, se trataría de un complemento por hectárea para las primeras hectáreas de todas las explotaciones (que reciban la ayuda a los ingresos básicos anterior). Del país dependerá fijar el importe (nunca mayor del importe medio de la ayuda básica), si distingue o no entre tipos de superficie y el número máximo de hectáreas a pagar.

Estos dos pagos, el básico y el redistributivo, sería obligatorio que los Estados miembros lo pusieran en sus planes. No sucede así con otros dos pagos que pueden o no implantarse en el Plan Nacional. El primero se trata de una ayuda a los jóvenes que se hayan instalado por primera vez, en forma de pago anual desacoplado por hectárea (cada país definirá las condiciones para poder cobrarla) y el segundo, una ayuda voluntaria de carácter ambiental por asumir en la explotación determinadas prácticas (que quedan igualmente a criterio de los Estados miembros, pero siempre orientadas a los objetivos comunes de la PAC) y puede adoptar la forma de pagos adicionales a los pagos desacoplados o bien compensación de costes y reducción de ingresos.

Umbral y tope de los pagos desacoplados

Cada país fijará un umbral (que puede ser en cuantía o en superficie admisible) por debajo del cual no se cobrarán las ayudas desacopladas.

Pero, de obligado cumplimiento para los estados miembros, también se establecerá un tope por explotación de 60.000 euros anuales (es lo que aparece en este borrador-filtración), descontando los costes salariales y el coste equivalente al trabajo no remunerado en la explotación (del titular se entiende u otras contribuciones). Los cálculos de salarios se harán sobre medias a escala nacional o regional y se multiplicarían por las unidades de trabajo declaradas por el agricultor para ver donde se queda el tope máximo de ayudas que puede cobrar una explotación.

Lo que se ahorre de este recorte iría a alimentar el pago redistributivo y si sobra puede dedicarse a otros pagos desacoplados, o incluso, si aun así no se gasta todo, a las intervenciones de desarrollo rural.

Pagos acoplados

Al igual que en la PAC actual, los estados miembros podrán conceder a los agricultores genuinos en los sectores de cereales, oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, nueces (es el único cultivo de frutos cáscara que se menciona), patata para almidón, leche y productos lácteos, semillas, carne de ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, lúpulo, remolacha azucarera, caña y achicoria, frutas y hortalizas y monte bajo de rotación corta.

La condición es que sean particularmente importantes por razones económicas, sociales o ambientales y que experimenten ciertas dificultades. La ayuda, en forma de pago por hectárea o animal, tiene que destinarse a mejorar la competitividad y/o la sostenibilidad y/o la calidad de los sectores o tipos de agricultura. En todo caso las hectáreas serán admisibles y los animales deberán estar identificados (si es obligatorio, según la especie).

El tope máximo que pueden dedicar los Estados miembros a los pagos acoplados es un 10%, aunque puede subir hasta un 13% si la parte que exceda del 10% financia un pago acoplado a proteaginosas.

Intervenciones en desarrollo rural

En principio se trata de un abanico de intervenciones que los Estados pueden o no aplicar y extender a todo o parte de su territorio y que serían herederas de las que actualmente se enmarcan en los programas de desarrollo rural y se financiarían a través del FEADER. De entre las posibilidades que el borrador de reglamento prevé, cada país podría escoger aplicar alguna, varias o todas las siguientes:

  • Ayuda a compromisos de gestión.- Aquí entrarían, por ejemplo, las agroambientales y la agricultura ecológica, pero podría tratarse también de compromisos no relacionados con el medio ambiente.
  • Pago por limitaciones específicas.- Serían pagos por hectárea en zonas con limitaciones naturales o con restricciones por aplicación de las Directivas de hábitats y aves (Red Natura 2000 y otras) y de la Directiva de agua. Sólo se compensa el efecto de las restricciones en mayores costes y pérdidas de ingresos.
  • Inversiones.- Se trata de ayudas, que llegaría a ser de hasta el 75 %, a las inversiones para alcanzar los objetivos de la PAC (por ejemplo, planes de mejora de explotación).
  • Puesta en marcha de empresas agrícolas y rurales.- Pueden ser para jóvenes agricultores o para actividades no agrícolas en áreas rurales. Las condiciones del plan empresarial las fijará el Estado miembro y la ayuda máxima también (aunque la UE permitiría financiar hasta 100.000 euros).
  • Herramientas de gestión de riesgos.- A Unión de Uniones de Castilla-La Mancha nos llama la atención de que después de todo lo que se ha hablado de la gestión de riesgos y de que iba a ser un elemento clave en la futura PAC, al final se quedaría (aunque esto una filtración de un borrador de reglamento y faltan otros por aparecer) prácticamente como en la actualidad, o sea, como una posible medida dentro del paquete de desarrollo rural. Adoptaría la modalidad de contribuciones financieras a las primas de planes de seguro o a fondos comunes de inversión. La determinación de la cobertura, del cálculo de las perdidas, de los umbrales para activar la herramienta y las reglas de funcionamiento y constitución dependen del Estado miembro y la tasa máxima de ayuda sería del 70 % de los costes elegibles.

A las anteriores, entre las intervenciones del desarrollo rural, también se podrían incorporar ayudas a la cooperación, que permitiría ayudar, además de otras situaciones, la colaboración entre jóvenes y agricultores mayores con vistas a facilitar el relevo en la explotación y otras líneas de apoyo al asesoramiento o la formación en el sector.

Intervenciones sectoriales

Sin extendernos demasiado en esta última opción para los Estados miembros, también podrían establecerse en los Planes Nacionales ayudas sectoriales que, por lo que se desprende del borrador, seguirían un modelo muy similar al del actual Plan Nacional de apoyo al Sector Vitivinícola (reestructuración, inversiones, subproductos, promoción…), de los programas operativos de frutas y hortalizas y del plan apícola, si bien el Estado miembro puede ampliarlos a otros sectores amparados por la Organización Común de Mercados.

El que quiera revolución, que se la haga

En definitiva, admitiendo que esta filtración responda realmente a lo que la Comisión presentará a finales de mayo a los Ministros y a falta de muchos detalles por concretar, a Unión de Uniones de Castilla-La Mancha no nos parece que la Reforma que se plantea desde la Comisión sea algo revolucionario. Tan sólo la aplicación obligatoria de topes de ayudas por explotación y de pagos redistributivos para las primeras explotaciones podría tener la novedad de conseguir un reparto más equitativo de las ayudas agrarias, y esto ya veremos en que queda, porque los Ministros de Agricultura no parece que estén por la labor de dejarse imponer esta cláusula. Por lo demás, se deja bastante margen a los Estados miembros para que decidan… En otras palabras, Unión de Uniones saca como conclusión que la Comisión apuesta por ser continuista y que quien quiera hacer una revolución, que la haga con lo suyo. Otra cosa es el efecto distorsionador que esto pueda tener en un mercado de la Unión Europea con 27 posibles mecanismos de ayudas distintos.

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