Señalamos que, desde 1990, se ha abandonado un 19 % de las tierras de cultivo, en el Día Mundial del Suelo

Día Mundial del Suelo

Mientras se incrementan las exigencias medioambientales para la agricultura y la ganadería, al mismo tiempo se instauran unas reglas de mercado que empujan a la intensificación productiva

Entre 2000 y 2016 el índice de presión urbana en el territorio que calcula el Ministerio de Agricultura ha aumentado 12 puntos, pasando del 60,9 al 72,9 en dicho período

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el Día Mundial del Suelo, quiere llamar la atención sobre las diferentes presiones que han conducido al abandono de la actividad agraria en 3,2 millones de hectáreas de cultivo desde 1990 y reclama la atención de los poderes públicos para revertir la situación.

Según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura, en 1990 la superficie de cultivo en España, al margen de praderas y pastizales, sumaba casi 20,2 millones de hectáreas. En 2016, últimos datos recogidos, esa superficie se había reducido a menos de 17 millones de hectáreas, con un abandono de 3,2 millones de hectáreas, siendo las superficies de herbáceos de secano y los barbechos ligados a su ciclo productivo donde se concentra la pérdida.

Por el contrario, en ese mismo período la superficie forestal se ha incrementado en más de un 21 %, con más de 4,2 millones de hectáreas, en donde la tendencia la lidera el monte abierto, con una cubierta arbolada por debajo del 20 %, lo que significa que no se cuenta con más bosques, sino con más matorrales, con una menor calidad como ecosistema forestal.

Por un lado, la organización considera que la pérdida de suelo de cultivo se debe a la evolución de la política agraria. En este sentido, señala que, mientras se incrementan las exigencias medioambientales para la agricultura y la ganadería, al mismo tiempo se instauran unas reglas de mercado que empujan a la intensificación productiva para intentar mantener la rentabilidad económica de las explotaciones y que motiva el abandono de los secanos y de las áreas menos productivas.

“Los agricultores y ganaderos no podemos hacer frente al constante aumento de los costes productivos” – afirman desde la organización – “Y no hay que olvidarse de los precios que cobramos los productores, en muchos casos, se mantienen a los mismos niveles de hace 20 o 25 años, lo que imposibilita la rentabilidad de nuestras explotaciones”, añaden.

Hace falta una legislación que proteja el suelo agrícola

Asimismo, Unión de Uniones achaca también la evolución del abandono de tierras de cultivo en parte a la presión urbanística que ha podido ser muy importante en las proximidades de los núcleos de población. Si bien no hay análisis recientes, de hecho, datos del Instituto Geográfico Nacional aportan que, entre 2000-2005, el ritmo de incremento de las superficies artificiales ocupadas por urbanización e infraestructuras fue el doble que en todo el período entre 1987 y 2000 y que el número de parcelas urbanas entre 2006 y 2015 aumentó un 11 %, al tiempo que creció más de un 20 % el número de parcelas edificadas. De igual forma, entre 2000 y 2016 el índice de presión urbana en el territorio que calcula el Ministerio de Agricultura ha aumentado 12 puntos, pasando del 60,9 al 72,9 en dicho período.

La organización reivindica el papel de la agricultura y la ganadería en la ordenación del territorio y la fijación de población, frente a los procesos de despoblación que ahora tanto preocupan y apunta hacia la importante contribución que el sector está en disposición de aportar a la economía, la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la regeneración de la calidad de los suelos y el freno a la desertificación.

Igualmente reclama la atención de los poderes públicos para desplegar este potencial mediante una adecuada política agraria, que estabilice los mercados, elimine la volatilidad de los precios y remunere los bienes que la agricultura y la ganadería aportan a la sociedad. Así pues, considera necesaria una revisión de la legislación reguladora del suelo y de la fiscalidad que se le aplica de manera que se protejan los valores productivos, sociales, ambientales, culturales y paisajísticos, del suelo agrario.

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