Reclaman no ampliar la protección al lobo sin el consenso de los ganaderos

lobo y ganadería

Unión de Uniones critica que el Gobierno haga oídos sordos a las reclamaciones del sector ganadero y le recuerda que no se pueden cargar a las ayudas PAC las indemnizaciones que son son responsabilidad del Estado

Unión de Uniones, ante la futura orden ministerial que incluiría al lobo en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y la intervención realizada este jueves por parte de la ministra de Transición Ecológica, insiste en que no se puede, primero, catalogar la especie sin el consenso del sector que lo sufre y las comunidades afectadas y, luego, pretender crear un plan de gestión y conservación buscando ese consenso.

Unión de Uniones lamenta que la propuesta de la ministra Teresa Ribera siga adelante, pese al absoluto rechazo de todo el sector ganadero y critica que pretenda meter a todas las CC.AA en el mismo saco, sin tener en cuenta que la realidad de la especie es muy distinta de un territorio a otro.

En este sentido, y así ha incluido la organización entre sus alegaciones cuyo plazo finaliza este viernes, la realidad de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia es muy diferente al resto de España e incluir a las poblaciones del lobo al norte del Duero en el LESPRE, no va a propiciar una mejora en su población, que en estas comunidades tiene una tendencia positiva, pero sí un gran perjuicio en las comarcas ganaderas con mayor riesgo de sufrir ataques.

Además de este aspecto, entre las propuestas presentadas por Unión de Uniones, se encuentra también la necesidad de basarse en un censo nacional actualizado, una justificación técnica de rigor, estudios de impacto ambiental sobre la ganadería extensiva y un amplio consenso previo y no al revés.

La organización también propone la creación de una base de datos nacional de ataques de fauna salvaje al ganado, similar al GeoLoup francés, así como considerar un abatimiento enfocado a aquellos ejemplares que provoquen ataques de ganado recurrentes a pesar de tener medidas preventivas que conseguiría avanzar más en los planes de gestión y que ya contemplan una gestión de la población en función del riesgo de ataques.

Asimismo, la organización considera muy grave que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aún nadie haya presentado un estudio técnico sobre la necesidad de incluir al lobo en este listado, ni del impacto que esto pueda traer sobre la ganadería extensiva, los ecosistemas protegidos asociados a ésta ni sobre el tejido socioeconómico de las zonas rurales, que también se encuentran entre las responsabilidades de este ministerio. “Da la sensación de que se quiere sacrificar rápidamente y sin anestesia al ganado extensivo, sobre todo en las zonas donde hay más presencia de lobo”, comentan.

Más papeletas para que las compensaciones por ataques estén dentro de la PAC

Unión de Uniones, califica de fría la defensa de Planas a los ganaderos profesionales, y demanda que no dé su brazo a torcer ni permitir que las ayudas por ataques se incluyan dentro de la PAC,. ”La PAC está para apoyar la producción de alimentos de forma sostenible, no para pagar las indemnizaciones que son responsabilidad del Estado”, recuerdan desde la organización.

“Aunque el ministro no lo dijera abiertamente, Ribera sí que lo dejó caer”, comentan desde Unión de Uniones. “Pedimos que Planas no sea condescendiente y si es el MITECO el que quiere proteger al lobo que en vez de quitarle presupuesto a Agricultura y a los ganaderos que lo busque en sus cajones”, añaden.

La organización recuerda que el impacto económico de los ataques de lobos es muy alto. Sólo en las cuatro comunidades autónomas con mayor población de lobos se registran más de 8.000 ataques al año, a los que hay que sumar los que no reconocen. Aunque de igual importancia son implicaciones emocionales, como argumentaba Planas, Unión de Uniones insiste en que el Gobierno no puede poner un palo en la rueda al desarrollo de una actividad más que necesaria y que representa un alto porcentaje dentro de la agroalimentación del país.

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