Toledo, 4 de septiembre de 2014.- La Presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal anunció en el debate sobre el estado de la región una reducción del tramo autonómico del IRPF, así como la eliminación de las tasas a los certificados de exportación, que son acogidas positivamente por la Unión de Uniones por cuanto pueden beneficiar a las agricultores y ganaderos y a nuestra industria agroalimentaria. No obstante, considera que en las cuestiones que han centrado su intervención en materia agraria, como la aplicación de la PAC, la situación del sector vitivinícola, el Plan de Desarrollo Rural y la crisis rusa, ha expuesto una visión demasiado autocomplaciente, pasando por encima de las cuestiones más espinosas.

Rebaja de Impuestos y Tasas

En relación con la rebaja del IRPF avanzada por María Dolores de Cospedal en su discurso, se trata sin duda de una buena noticia para el sector, aunque su efecto sobre los agricultores y ganaderos de la explotación familiar será limitado, puesto que los rendimientos declarados por actividades agrarias en módulos son aproximadamente del 24 % de los que se declaran en otras actividades. La Unión de Uniones anima a la Presidenta a profundizar en ese camino e impulsar en el Ministerio de Hacienda desde su cargo de Presidenta de Castilla-La Mancha una revisión de los módulos fiscales aplicados a algunos sectores que han quedado desfasados debido al estancamiento de los precios en origen y el encarecimiento de los costes de producción en estos últimos años.

Respecto de la eliminación de las tasas que se aplican a los certificados de exportación, puede contribuir en cierta medida a facilitar la salida al mercado exterior de nuestras producciones, si bien no se trata de un factor determinante de las exportaciones. No obstante, la Unión de Uniones pediría que en los próximos presupuestos se contemplara igualmente la eliminación o, cuando menos, la rebaja sustancial de las tasas que los agricultores y ganaderos abonan en sus gestiones con la Administración Regional y que se han multiplicado en estos dos pasados ejercicios.

Vino.

En relación al repaso de las cuestiones de política agraria regional, la Unión se sorprende de que la destilación obligatoria sin ayudas sea vista por la Presidenta como “la mejor solución” a los problemas de comercialización de vino motivados por la importante cosecha del pasado año, cuando dicha medida ha sido rechazada contundentemente por esta organización y por buena parte del sector y cuya consecuencia con su sólo anuncio, fue acabar de hundir los precios a finales de campaña. Esta medida, lejos de ser la mejor solución, es una espada de Damocles que pesará sobre el sector y que puede forzar (como ha hecho este verano) a vender tirando abajo los precios ante la amenaza de tener que entregar gratis el vino a la quema y sobrellevando además los costes de dicha entrega. Por otro lado la Unión no confía tanto como la Presidenta en la Interprofesional del Vino recientemente reconstituida; una Interprofesional fundada en esencia por las mismas organizaciones que ya estaban en la anterior y a la que en noviembre pasado el Ministerio retiró su reconocimiento por inactividad y de la que no se derivó nunca ningún beneficio para el sector y mucho menos para los viticultores.

Aplicación de la PAC.

Tanto en el PDR como en la PAC es importante efectivamente, como señala la Presidenta, haber negociado el mantenimiento de los recursos procedentes de Bruselas, sobre todo habida cuenta de que constituyen del orden del 80 % de los presupuestos de los que dispone anualmente la Consejería de Agricultura. Sin embargo, la Unión considera que han quedado algunas sombras en la negociación interna en cuanto a la distribución de los fondos de ayudas directas de la PAC, ya que se ha establecido un sistema que mantiene desequilibrios importantes en las ayudas entre productores de distintos territorios y de diferente dimensión económica. Así, tras una Reforma de la PAC en profundidad, un 80 % de las ayudas seguirá quedando en mano de un 20 % de los agricultores. Además, la ayuda media por hectárea que percibirán los agricultores de determinadas regiones y determinados sectores -fundamentalmente Andalucía y su olivar, cuyos intereses se han defendido prioritariamente en este modelo de la PAC tal y como ha reconocido públicamente el Ministerio- seguirán triplicando o cuadruplicando los pagos medios de los productores de Castilla-La Mancha.

Plan de Desarrollo Regional.

La Unión de Uniones considera también que la Presidenta ha perdido una gran oportunidad aclarar cuál va a ser su participación financiera en el Plan de Desarrollo Regional (PDR). Si bien es cierto que se dispondrá en el período de programación 2014/2020 de un total de 1.047 millones de fondos europeos (cantidad similar a la del período precedente 2007/2003), ello vendrá acompañado de un recorte que puede ser de hasta el 60 % de las aportaciones del Ministerio de Agricultura, lo que debería obligar a la Administración Regional a casi duplicar su propio esfuerzo financiero si quiere mantener para 2014/2020 un PDR de similar volumen de inversión pública que en 2007/2013. La Presidenta no ha aclarado en su discurso cuáles son sus intenciones presupuestarias respecto de este importante asunto del que depende la aplicación de muchas medidas estructurales de apoyo a las explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha.

Veto Ruso.

En relación a su tratamiento de la “crisis rusa”, ésta no ha está teniendo en determinados sectores y en su conjunto, aunque si a niveles comarcales, las mismas graves consecuencias en Castilla-La Mancha que en otros territorios; si bien la Unión pediría a la Presidenta que insista en reclamar a través de los canales pertinentes una ampliación de las ayudas comunitarias y una mayor rapidez en la actuación por parte de la Comisión Europea; así como en la necesidad de hacer un seguimiento de los posibles efectos del veto ruso sobre la ganadería de la región, con objeto de argumentar en caso de necesidad ante la Comisión Europea la petición de ayudas, de las que hasta este momento sólo se ha hablado para el sector lácteo, pero no para los cárnicos.

Agua.

Por último, en materia de agua, la Unión de Uniones no resta mérito a lo que la Presidenta señala como logros en el marco de la Planificación Hidrográfica de las demarcaciones que afectan a Castilla-La Mancha. Pero los problemas de agua de la región están muy lejos de haberse resuelto todos, aunque evidentemente la política de agua es una política a largo plazo y no es exclusivamente imputable a esta legislatura. Aún así, hay que señalar que de hecho contamos con una superficie de regadío por debajo de la que tienen otras regiones de similar climatología y menores recursos hídricos; la cuenca Alta del Guadiana habrá de sufrir en los próximos años una reducción de sus demandas del 34 % mientras se siguen enviando recursos a otras regiones a través del Trasvase Tajo-Segura (que lejos de disiparse se ha consolidado legalmente aún más); en el caso del Júcar la figura inventada del “sistema de explotación de recursos» va a permitir también enviar recursos a la Comunidad Valencia saltándose el principio de prioridad de la cuenca cedente y convirtiendo en deficitarios los regadíos de La Mancha Oriental;  siguen sin resolverse la regularización de extracciones pendientes desde 2008 en el ámbito de sobreexplotación y sin existir normas legales que permitan normalizar la situación de pozos comunitarios y el riego de explotación con un mismo pozo en el Alto Guadiana y no se ha abordado con los afectados la problemática del Regadío de La Sagra-Torrijos, ocasionada por los retrasos e incumplimientos continuados en el tiempo de la Administración.