2014 Octubre– Revista informativa agraria de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha

Portada Revista 04 Unión de Uniones de Castilla-La Mancha- octubre 2014

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Revista 04 Unión de Uniones de Castilla-La Mancha – octubre 2014

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha inicia con “Ciudadanos. Partido de la Ciudadanía” una ronda de diálogos con las formaciones políticas presentes en la región

Política agraria, elecciones

El desarrollo rural, la importancia estratégica del sector vitivinícola y la seguridad en el campo son, entre otras, algunas preocupaciones compartidas

Toledo, 16 de octubre de 2014.- La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha y Ciudadanos han mantenido una reunión que se enmarca en la ronda de diálogos que la organización agraria mantendrá con las fuerzas políticas presentes en la región de cara a trasladarles las inquietudes y propuestas de los agricultores y ganaderos ante las consultas electorales locales, autonómicas y generales a celebrarse en el corto y medio plazo. Jorge Rodríguez, Secretario General de la Unión de Uniones, ha agradecido a Antonio López, Coordinador de “Ciudadanos”, la buena disposición del partido a escuchar las propuestas de la organización y estudiarlas para considerar la posible inclusión en sus programas.

La Unión de Uniones y el partido Ciudadanos -al que según algunas evaluaciones los resultados de las pasadas Europeas darían cabida en las Cortes Regionales si se asimilaran a las futuras autonómicas- han compartido en la reunión mantenida el reconocimiento de la importancia del tejido socioeconómico de los pueblos para el progreso del conjunto de Castilla-La Mancha por su marcada ruralidad. Por este motivo conceden la máxima importancia a la política de desarrollo rural y han manifestado la preocupación por el hecho de que se pueda disponer en los próximos años de los recursos presupuestarios autonómicos necesarios para captar de la Unión Europea todo el paquete financiero asignado a Plan de Desarrollo Rural 2014/2020.

Por otro parte, ambas entidades consideran al sector agrario en su conjunto, y al sector vitivinícola en particular, como ejes de las economía de miles de pueblos de nuestra región y echan en falta el ejercicio de liderazgo de la política en este sector que Castilla-La Mancha, como primera productora de España y mayor viñedo del mundo debería ejercer.

Igualmente, la Unión de Uniones y el Partido de la Ciudadanía, formación que cuenta ya con presencia en los Ayuntamientos de la región, comparten la inquietud de muchos ciudadanos del medio rural por la inseguridad que sienten ante los robos en sus explotaciones y en sus pueblos, sensación que ninguna estadística contribuye a reducir y que tan sólo se paliará gracias al ejercicio continuado y meritorio de las fuerzas de seguridad, para las que el Gobierno se debe poner a su disposición cuantos medios necesiten, y a una reforma urgente de las leyes que persigan y castiguen la sistematización y reincidencia de este tipo de delitos.

La organización agraria y la formación política se han mostrado disponibles para profundizar en sucesivos encuentros en estos y otros temas cuya oportunidad se estudiará por parte de Ciudadanos para ser incluidas en sus programas electorales.

16La ronda de diálogos continuará hoy, jueves 16 de octubre, con sendas reuniones de la organización con Izquierda Unida de Castilla-La Mancha y con Vox y mañana, viernes 17 de octubre, con UPyD. Unión de Uniones espera cerrar citas en próximas fechas con el resto de formaciones políticas presentes en la región.

Unión de Uniones traslada al Partido Popular sus preocupaciones sobre el futuro del sector agropecuario español

partido popular

La organización continúa su ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas del país. En esta ocasión, la secretaria ejecutiva de Agricultura y Medio Ambiente del Partido Popular, María Luisa Soriano ha recibido a varios miembros de la Ejecutiva Nacional.

Madrid, 7 de octubre de 2014. Los responsables de Unión de Uniones han trasladado al PP sus inquietudes sobre varios problemas del mundo rural para los que la organización reclama una rápida solución. Así, por ejemplo, han hecho llegar a María Luisa Soriano sus primeras impresiones sobre los presupuestos de agricultura para el próximo año, valorando positivamente el incremento nominal de los mismos, pero recordando que se basan fundamentalmente en la previsión de aumento de las partidas de fondos europeos como el FEADER, que se ocupa del desarrollo rural y que se espera se incremente en más del 60%. Si se confirmase finalmente este gran incremento en la partida de 2015. La organización recuerda que debería, en realidad, haberse realizado progresivamente en los años anteriores, lo que no se ha producido debido a las restricciones presupuestarias y a una mala gestión, en particular de algunas administraciones autonómicas.

La organización ha informado a Soriano que presentarán varias enmiendas a los presupuestos en las que pedirán que se incrementen las partidas de programas estratégicos, como son, la ordenación del sector agrícola y ganadero, la sanidad animal y vegetal y los seguros agrarios. Partidas, que, en opinión de la Unión se han visto maltratadas por los recortes en los últimos presupuestos.

Robos en el campo

La seguridad en el campo ha sido otra de las cuestiones tratadas en la reunión con la responsable de Agricultura del PP. El incremento de los robos en el sector en todo el territorio nacional preocupa a la organización, que aunque valora los esfuerzos realizados por las fuerzas de seguridad del Estado, considera que no se conseguirá atajarlos mientras que no se tomen medidas adicionales como la mejora de los medios humanos y materiales en general y de las fuerzas del seguridad del estado en particular así como que se modifique el Código Penal y se endurezcan las penas para este tipo de delitos. Por tanto, han pedido a Soriano que interceda para que se acelere la tramitación de la reforma del Código Penal.

Tarifas eléctricas

Por último, Unión de Uniones ha expresado a la responsable del PP la gran preocupación de los agricultores por la sangría que supone en sus explotaciones el incremento de las tarifas eléctricas. La organización considera necesario que se reimpulse el contrato por temporada y le ha pedido a Soriano que desde el PP, como partido que sustenta al Gobierno, se reimpulse esta cuestión.

En otro orden de cosas la organización recordó a Soriano la preocupación por la situación del vino y por la  improvisación en la constitución de una nueva interprofesional, en la que se han excluido la representación de amplias zonas de producción.

La secretaria ejecutiva de Agricultura y Medio Ambiente del Partido Popular ha tomado buena nota de todas las peticiones formuladas por la Unión de Uniones, y ha compartido con la organización su preocupación por algunos temas como los robos en el campo o las tarifas eléctricas, aunque ha reconocido que las soluciones no son fáciles.

Este ha sido el segundo encuentro con un partido político, dentro de la ronda de reuniones iniciada recientemente. Es voluntad de la Unión de Uniones mantener un contacto constante y fluido con todos los grupos representados en las distintas instituciones regionales, nacionales y europeas, con el fin de seguir trabajando activamente a favor de los intereses de los agricultores y ganaderos del país.

La organización detecta una nueva oleada de robos en el campo

puerta rota

José Luís Saez, de la Comisión Ejecutiva de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha: “Si no se cambian las leyes todos los esfuerzos de las fuerzas del orden son infructuosos y la reforma del Código Penal lleva un año en punto muerto”

 Toledo, 2 de octubre de 2014.- La Unión de Uniones ha detectado, por las informaciones suministradas por agricultores y ganaderos, lo que cree que es un aumento en la incidencia de robos en la región y, particularmente en algunas zonas como la comarca talaverana. La organización reconoce el mérito de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la persecución de estos delitos y en su labor sobre todo a partir de la constitución de los grupos ROCA, pero considera que sus esfuerzos son inútiles mientras sigan sin cambiarse las leyes. Sin embargo, la reforma del Código Penal lleva un año estancada.

Según datos proporcionados por el Gobierno, Castilla-La Mancha ocupaba la tercera posición, tras Andalucía y Valencia en número de robos en el cómputo de los cinco primeros meses del 2014, con 1.340 en el conjunto de la región. Toledo es la provincia es la provincia más afectada con 491 sustracciones en dicho período, siguiéndole a continuación Ciudad Real con 412; Albacete con 209; Cuenca con 175 y Guadalajara con 53.

Con ser preocupantes estos datos, la Unión de Uniones pone de manifiesto que el problema no se centra sólo en las sustracciones de material o producciones, sino en los destrozos y daños que se ocasionan en el equipo o las instalaciones de las explotaciones agrarias que suponen gravísimos perjuicios económicos para sus titulares, no sólo por la necesidad de reparación y reposición, sino porque interrumpen las tareas agrarias en una profesión en que los calendarios son fundamentales.

José Luís Saez, de la Comisión Ejecutiva de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha manifiesta que existe la sensación en su comarca “y por lo que he hablado con agricultores y ganaderos de otros puntos de la región” de que existe un rebrote de este tipo de delitos. “Desconocemos si en las últimas semanas se han reorganizado los equipos de la Guardia Civil para atender otras cuestiones, le hemos pedido una reunión al Delegado del Gobierno para que nos lo explique, pero en cualquier caso” – ha expresado Saez- “todos los esfuerzos de los agentes del orden son inútiles mientras no haya una reforma en profundidad de las leyes”. Es patente que muchos de los “presuntos” delincuentes que operan están identificados perfectamente porque son contumazmente reincidentes, pero “sabemos de quienes han sido detenidos e imputados en más de 30 robos con fuerza y antes de 15 días los vemos otra vez rondando por nuestros pueblos y nuestras explotaciones”.

En este sentido, la Unión de Uniones considera muy negativo que, transcurrido un año desde que el Gobierno aprobase su proyecto, la reforma del Código Penal esté en vía muerta en las Cortes, habiéndose ampliado ya en más de 30 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas. Dicha reforma incluiría el endurecimiento de las penas en robos de productos agrarios o medios de producción con agravantes de uso de elementos peligros o pertenencia a grupo criminal, aunque no se consideraría como agravante la reiteración y reincidencia en los hechos, tal como consideraría necesario la organización. “Lamentamos profundamente –ha manifestado José Luís Saez- que cuestiones ajenas a la seguridad en el campo y con claros tintes de ideología política estén obstaculizando la aprobación de un Código sin el cual los tribunales y las fuerzas del orden se encuentran sin herramientas para retirar de la circulación a los delincuentes y pedimos a los grupos parlamentarios que aceleren todo lo posible su tramitación”.

El aumento de los presupuestos de Agricultura se basa en previsiones optimistas de aportaciones de la Unión Europea en 2015

Ministerio de Agricultura

Unión de Uniones considera insuficiente el esfuerzo presupuestario en Agricultura

Madrid, 1 de octubre de 2014.- El Gobierno ha presentado una propuesta de Presupuestos que asigna al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente un montante de gastos operativos de algo más de 9.902 millones de euros para 2015, lo que equivale a un incremento del 13,1 % respecto del ejercicio 2014. La mayor parte de ese incremento se basa en un aumento estimado de las transferencias que deberían venir el próximo año de Bruselas para financiar las medidas de mercado y de desarrollo rural de la PAC; previsiones que, a juicio de la organización son extraordinariamente optimistas  y que, además, suponen el 80 % del presupuesto operativo del Ministerio de Agricultura.

Tras un primer análisis preliminar de los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente para el próximo año, la Unión de Uniones considera que, pese al aumento nominal del mismo, el esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno es insuficiente al mantenerse aún en niveles un 20 % por debajo de los del 2010. Ello deja al Ministerio sin margen de maniobra ni recursos para atender posibles crisis, tal y como ha sucedido en el presente en el caso del vino, las frutas y hortalizas, los efectos del veto ruso y la sequía.

Los mayores aumentos son estimaciones y vendrían de Bruselas.

El aumento previsto en los presupuestos del Ministerio se basa fundamentalmente en una previsión de las transferencias que deberían venir en 2015 de los distintos Fondos europeos para sufragar tanto la política de mercado, como la política de desarrollo rural de la PAC, que aumentarían según los cálculos del Gobierno en cerca de un 12 %. Concretamente los recursos procedentes del FEAGA (que financia ayudas directas y regulación de mercados) alcanzarían los 5.595 millones de euros, manteniéndose en una cifra similar a los del 2014, pero se estima un aumento de las transferencias del FEADER (que se ocupa del desarrollo rural) de más del 60 %, pasando de 1.296 millones de euros hasta los 2.085 millones de euros. La aportación de otros fondos europeos supondría otros 333 millones de euros, con un crecimiento también notable del 15 %.

El espectacular crecimiento de las transferencias del FEADER se debe a que el 31 de diciembre de 2015 finaliza el plazo dentro del cual se permiten cargar a la Unión Europea gastos del Plan de Desarrollo Rural 2007/2013 y que los que no entren el próximo ejercicio acabarán perdiéndose. El mayor gasto del 2015 debería, en realidad, haberse realizado progresivamente en los años anteriores, lo que no se ha producido debido a las restricciones presupuestarias y a una mala gestión, en particular de algunas administraciones autonómicas.

Respecto del mantenimiento de la partida de transferencias del FEAGA para las ayudas directas de la PAC y otras medidas de mercado en 5.595 millones de euros, parece una estimación excesivamente optimista cuanto todo apunta a que los profundos cambios normativos derivados de la aplicación de la Reforma de la PAC implicarán recortes en las ayudas a los productores, algunos de los cuales ya se han aplicado incluso este año.

Hay que señalar que la suma de las partidas que, según el Ministerio, vendrán de Bruselas constituyen el 81 % de los gastos operativos del Ministerio de Agricultura (capítulos 4, 6 y 7), lo que implica que el esfuerzo propio del Ministerio de Agricultura en financiar medidas para los sectores agrario, agroalimentario, medioambiente y pesca es solo del 19 % restante, es decir, unos 1.890 millones €.

 

¿De dónde se nutren los presupuestos de Agricultura?
000 €

2014

2015

Aportaciones UE

7.159.179,17

8.013.115,38

FEAGA

5.573.526,00

5.594.864,00

FEADER

1.296.240,00

2.085.194,33

Otros

289.413,17

333.057,05

Aportación Propia  

1.597.123,00

1.889.394,69

 

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha critica el recorte de las futuras ayudas regionales a la agricultura ecológica

agricultura ecológica

Toledo, 29 de septiembre de 2014.- Según la propuesta de Plan de Desarrollo Rural que Castilla-La Mancha ha presentado a Bruselas, las ayudas a la agricultura ecológica para los cultivos herbáceos, frutos secos, olivar y viñedo, se recortarán para los próximos años entre un 15 % y un 20%, una vez entre en vigor el nuevo programa de ayudas. La rebaja es mayor para los agricultores en período de reconversión de agricultura convencional a ecológica, ya que con la normativa actual estos productores se benefician ahora de un complemento adicional del 10 % de las ayudas.

Por el contrario, las ayudas ecológicas a otros cultivos con menor peso en la región que los anteriores, como las hortícolas y los frutales, experimentan un notable incremento que en algunos casos roza el 70 %.

Otra de las diferencias del futuro programa de primas a la agricultura ecológica con respecto al actual será la obligación de cumplir la condición de agricultor activo para cobrarlas y el que serán prioritarias las explotaciones en Red Natura 2000 y en zonas desfavorecidas.

La superficie de agricultura ecológica en Castilla-La Mancha ha crecido en los últimos años de las algo más de 46.300 hectáreas en 2006 a las 297.000 hectáreas en 2010, ocupando los primeros lugares en cuanto a superficie precisamente aquellos cultivos que sufrirán los recortes de las ayudas. Las explotaciones agrarias que se han orientado hacia la agricultura ecológica suponen unas 6.800 en estos momentos.

La Unión de Uniones considera un error estratégico el recorte de ayudas ecológicas a los cultivos más presentes en la economía agraria regional y una clara contradicción respecto de las repetidas manifestaciones de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha sobre su apoyo a este tipo de agricultura medioambientalmente sostenible. Estos recortes pueden suponer un grave perjuicio a los productores de agricultura ecológica que, además, por la aplicación de la cláusula comunitaria que impide la doble financiación pueden estar afectados de incompatibilidad en cuanto a cobrar las ayudas al greening (complemento verde al pago básico)  y a la agricultura ecológica; una cuestión sobre la que todavía ni el Ministerio, ni la Consejería han avanzado ninguna solución.

 

AYUDAS AGRICULTURA ECOLÓGICA €/HA.
Cultivo

Ayudas

2014*

Futuras ayudas

Herbáceos

287

240

Frutos Secos

249

206

Frutales pepita

349

585

Frutales hueso

298

590

Olivar

329

262

Hortícolas aire libre

397

530

Hortícolas plástico

563

614

Viñedo vinificación

291

245

  *Más 10% en conversión

 

Unión de Uniones se alegra de que el Ministerio rectifique y no aplique la destilación obligatoria sin ayudas

destilación vino

Tras el anuncio del Ministerio de Agricultura de que finalmente no aplicará la destilación obligatoria, la Unión de Uniones celebra la rectificación del Departamento sobre dicha medida que ya ha sido perjudicial al sector, aún sin aplicarse, contribuyendo al hundimiento de los precios este verano y que lo sería aún más de llevarse a cabo. Leer Más…

Unión de Uniones pide al Ministerio que la futura Ley de Montes controle la transmisión de enfermedades de las especies cinegéticas al ganado

ovejas monte

Madrid, 12 de septiembre de 2014. En la reunión mantenida recientemente entre la Unión de Uniones y la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, la organización se ha interesado por las implicaciones de la futura Ley de Montes sobre la actividad agrícola y ganadera. La organización comparte el principio orientador de la Ley de promover la ordenación de la superficie de monte de España, que ocupan más de la mitad del territorio español (27,6 millones de hectáreas y, de ellas, 18,3 millones arboladas), con objeto de poner en valor sus recursos en beneficio del propio monte y de las economías rurales. La Unión de Uniones considera también que la Ley debería resolver determinados puntos de rozamiento entre el adecuado mantenimiento del monte y sus hábitats y las explotaciones agropecuarias.

Según ha sido informada la organización, el Ministerio pretende extender a la mayor superficie forestal posible los instrumentos de ordenación y gestión, como medio para compatibilizar su adecuada conservación con el aprovechamiento de sus recursos (madera, leñas, caza, pesca, frutos varios…). La simplificación de los trámites administrativos necesarios y el impulso del colectivismo de los propietarios son las dos actuaciones con las que el Ministerio pretende conseguir dicho objetivo. La Unión de Uniones estima que el estado de abandono en el que se encuentran muchos de nuestros bosques y montes y que son causa de su deterioro o destrucción se debe en ocasiones a una política conservacionista excesivamente rigurosa que ha impedido seguir desarrollando en ellos actividades tradicionales (aprovechamiento de leñas, pastoreo) que contribuían a su limpieza y buen estado. Por lo tanto ha manifestado al Ministerio su acuerdo sobre el principio orientador de la futura Ley; habida cuenta de que resultaría poco razonable desocuparse del 55 % del territorio nacional, que es lo que representan los más de 27,6 millones de hectáreas de superficie forestal, de ellas el 18,3 millones de ellas con cubierta arbolada.

La organización ha subrayado la aportación de los agricultores a esa superficie forestal arbolada; ya que desde el año 1994, año en el que se pusieron en marcha los programas de ayudas a la forestación de tierras agrarias, hasta el 2010 (últimos datos publicados) se han repoblado más de 750.000 hectáreas de superficies agrícolas.

El que dicha contribución pueda ser mayor en los próximos años dependerá de los fondos que tanto el Ministerio de Agricultura, como las Comunidades Autónomas ponga a disposición de la medida en los futuros Planes de Desarrollo Rural 2014/2020, que en estos momentos se encuentran en fase de estudio por parte de la Comisión Europea. La futura Ley de montes puede también mejorar sus resultados al permitir que las tierras de cultivo reforestadas con turnos de aprovechamiento corto puedan volver a su estado agrícola una vez finalizado éste. Según la actual Ley las tierras forestadas se convierten al cabo de 10 años en monte a perpetuidad, lo que suponía un desincentivo para que los agricultores participaran en el programa.

La organización ha trasladado también al Ministerio su preocupación por algunos puntos de fricción entre la actividad agrícola y ganadera y las especies silvestres, tanto en los daños que ésta producen en los cultivos como en los riesgos de transmisiones de enfermedades de las especies cinegéticas al ganado. Unión de Uniones ha señalado que en aquellas zonas de convivencia todos los esfuerzos de los ganaderos y la administración para erradicar determinadas enfermedades serán infructuosos si no se ejerce un control sobre el estado sanitario de las especies cinegéticas, ya sea en su estado silvestre o en los cotos. Por este motivo la organización ha insistido en que una vez se publique la Ley se dispongan los instrumentos normativos, económicos, materiales y personales para que dicho control sea efectivo.

VINO: PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD

Maceración de vino

Peor el remedio que la enfermedad, se suele decir. Exactamente lo que ha pasado con el vino este año. Teníamos un problema con epicentro en la vendimia record del 2013, con mucho vino (¡que contentos… ya somos los primeros productores mundiales!, decían nuestros políticos), y no todo de una calidad aceptable, al que era difícil dar salida comercial ni siquiera recortando precios. Fuimos de los primeros en dar la alarma en julio en rueda de prensa (el que quiera, que tire de hemeroteca): “Se nos viene encima la siguiente vendimia y no hay hueco para meterla. Algo habrá que hacer”.  ¡Y vaya si se hizo!.

La Unión de Uniones, desde fuera de unas mesas de negociación de las que nos aparta el nepotismo sindical, pedía al Ministerio que pusiera sobre la mesa el dinero necesario, tal y como permite la Unión Europea y otros países han hecho en ocasiones, para hacer una destilación de crisis que recuperara el mercado. Sin embargo, los que se dicen representantes del sector acordaron con el Ministerio poner en marcha una destilación obligatoria, sin ayudas, penalizando a las regiones más productoras (ya pueden adivinar cual está la primera en la lista) y, además, asumiendo las bodegas y cooperativas el coste de la quema. Hay quien dice, y suele estar bien informado, que esta idea no partió del Ministerio, sino que la ocurrencia vino de algún lumbreras de ASAJA (AgroEuropa nº 1.309).

El sainete que llegó después fue de traca. El Presidente de ASAJA de Castilla-La Mancha diciendo (ABC, 10/07/2014) que la destilación obligatoria era una “medida dolorosa, pero necesaria” y echándole la culpa de la situación a los viticultores (“lo tendrá que pagar quien lo ha provocado” decía) y rayando casi en el insulto (“producir para tener que regalar el producto no es de ser muy listos”). P’a enmarcarlo.

La organización de Cooperativas por su parte aprovechó la primera excusa (el borrador de Real Decreto) que les puso enfrente el Ministerio para apearse del carro. Aunque considerando los perjuicios para las cooperativas de la región de una destilación obligatoria “a pelo”, es algo que nunca debieron haber aceptado. Pero al fin, arrepentidos los quiere el Señor.

Y la Consejería con el dedo en la gorrilla, a lo que mande el Ministerio. ¿Que el Ministerio dice que la destilación obligatoria sin ayudas es la solución?… pues la Consejería retumba que es una medida  que “merece respeto” porque se pactó “con la mayoría del sector” y será beneficiosa. ¿Qué el Ministerio recula y se suspende su puesta en marcha?… pues la Consejería pregona que es una “decisión acertada y oportuna” y que responde a la “sensibilidad del Ministerio a las reclamaciones de bodegas y cooperativas”. Toda una exhibición de criterio propio en medio del mayor viñedo del mundo.

De todas formas, quien piense que lo de la destilación obligatoria sin ayudas se ha quedado en agua de borrajas se equivoca. Por un lado, aunque de momento el Ministerio la ha aparcado, el borrador de Real Decreto lo  tiene cocinado para el BOE y amenaza con publicarlo “si finalmente es necesario”. Y en segundo lugar, aún sin aplicarse, el mero anuncio de la destilación sin ayudas acabó por hundir el mercado, moviendo a cooperativas y bodegas a tirar precios, ante la alternativa de tener que entregarlo de balde pagando ellas, encima, la quema.

Para rematar la cosa, los efectos del seísmo de la destilación se han trasladado al arranque de la vendimia 2014, con los precios de la uva más bajos en los últimos 25 años que no responden ni al volumen de la cosecha (sólo un poco por encima de lo normal) ni a la buena calidad general. Hemos arrastrado la inercia pesimista del mercado en el verano, además de que los viticultores llevamos dos años haciendo penitencia porque en 2012 la uva la pagaron bien (Propitiaberis populo tuo, Domine).

Tremendo lío tenemos en el sector, que ahora dicen que va a arreglar una Interprofesional en la que se sientan a apagar fuegos los mismos pirómanos que aventaron las ascuas. Soluciones de ahí nos tememos que van a salir pocas. Ya hubo una Interprofesional parecida a la que, en noviembre de 2013, el Ministerio le cantó el gorigori por no hacer nada… Pero, ahora de repente con esta remueveda, al Ministerio le encanta la idea y le da aliento y la promueve… Eso sí, sólo con los amigos… ¡no vaya a ser que se nos cuele alguna voz discordante que nos arruine el coro!. Si fuéramos mal pensados, cavilaríamos que la Interprofesional es la cabeza de turco perfecta para endilgarle el muerto de la aprobación de medidas nada agradecidas… ¿Qué hay que hacer una destilación obligatoria sin ayudas?… Ah, pues lo decide la cuchipandi de la Interprofesión, que se va a comer el marrón del Ministerio y a cambio de eso les autorizamos a que cobren una cotización a todo el sector, aunque no esté representado en la Interprofesional (extensión de norma le llaman a eso), para sus gastillos de funcionamiento y para hacer cosas “muy beneficiosas”, cuyos resultados (admitimos apuestas) no se verán nunca en el bolsillo de los viticultores.

Tres grandes éxitos (una buena cosecha, una presunta medida “de apoyo” y una interprofesional) de los que ya veremos cuando es capaz de recuperarse el sector.

LA UNIÓN DE UNIONES CALIFICA DE NEFASTO PARA CASTILLA-LA MANCHA EL CONSEJO DE MINISTROS DEL PASADO VIERNES

palacio de la moncloa

Toledo, 15 de septiembre de 2014.- La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que los dos Reales Decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes y publicados hoy, uno sobre la destilación obligatoria y otro sobre las normas del Trasvase Tajo-Segura son contrarios a los intereses de Castilla-La Mancha en dos temas fundamentales para la región como son el vino y el agua.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes y ha publicado hoy lunes tanto el Real Decreto 773/2014 sobre normas para el trasvase Tajo-Segura, como el Real Decreto 774/2014 que establece las condiciones de la anunciada destilación obligatoria en el sector vino. Ambas normativas son perjudiciales para nuestra región.

En el caso de la destilación, las bodegas y cooperativas más afectadas serían las castellano-manchegas ya que en esta zona de producción es donde se obtuvieron en la vendimia del 2013 los rendimientos más elevados y a las que penalizará el Decreto mediante la entrega para la quema, sin ayudas, de un porcentaje de sus existencias a fecha de 31 de julio. La Unión de Uniones se pregunta porque tanta premura para aprobar y publicar el Real Decreto si desde la Consejería de Agricultura se dice que esta medida no va a ser necesaria debido a la reducción de existencias en las últimas semanas de la campaña 13/14. A este respecto, la organización matiza primero que en el Real Decreto dice textualmente en su Disposición Adicional Única que “Para la campaña 2013/2014, se aplicará la norma de comercialización cuyas características y requisitos se recogen en el anexo”, otra cosa es el volumen que pueda establecerse hasta el máximo de 4 millones de hectólitros previsto. Por otro lado, lo que desde la Consejería se llama eufemísticamente “importante esfuerzo comercial de las bodegas y cooperativas” ha sido en realidad en muchos casos una venta apresurada y a bajísimos precios para no caer en la penalización de destilación que contempla el Real Decreto publicado. El ámbito temporal del Real Decreto no se limita además sólo a esta campaña, sino que queda como una amenaza permanente que puede desencadenarse en el futuro.

Respecto del Real Decreto del Trasvase Tajo-Segura es la confirmación última de que la hipoteca que pesa sobre el río Tajo tendrán que seguir pagándola nuestros hijos, en forma de riqueza y desarrollo que se va por el canal a otras regiones. El único aspecto positivo, que es la elevación hasta los 400 Hm3 en cabecera el volumen por debajo del cual no son posibles los trasvases, queda enjugado por el mero hecho de que se le da a perpetuidad carga jurídica de derecho para el Levante a unas transferencias de recursos que hasta ahora eran una posibilidad. Debido a esto y al hecho de establecer mecanismos automáticos de fijación de los volúmenes trasvasables, el Real Decreto, que concreta el Memorándum aprobado con el acuerdo de nuestro Gobierno Autonómico, obligaría al Estado a indemnizar a los usuarios de aguas del trasvase si dichas transferencias no se cumplieran. De esta manera, se dinamita cualquier margen de maniobra para limitar los trasvases para, por ejemplo, garantizar los recursos ante una incremento de las demandas de la demarcación del Tajo o para realizar transferencias a otras demarcaciones de Castilla-La Mancha con importantes déficits hídricos como la del Alto Guadiana que tendrán que reducir sus demandas en casi un 40 % en los próximos años y en donde, además, siguen sin resolverse los 2.500 expedientes de agricultores profesionales y explotaciones prioritarias que solicitaron acogerse a la regularización en 2008.