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Publicado el nuevo Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023

Plan apoyo vitinícola 19 23

Unión de Uniones recoge en su portal aprobación por parte del Consejo de Ministros de este pasado viernes del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (PASVE), publicado en el BOE este sábado 3 de noviembre. El nuevo Real Decreto deroga el que se publicó el pasado mes de enero y “toca” algunas cuestiones fundamentalmente en la medida de promoción del vino en países terceros, en la línea de reestructuración y reconversión y en la medida de inversiones. 

Este nuevo Real Decreto tiene por objeto clarificar y adecuar la norma española a las modificaciones del Programa de Apoyo al sector vitivinícola 2019/2023 remitidas a la Comisión Europea en junio de 2018, con el fin de mejorar su aplicación, así como incluir las recomendaciones efectuadas por la Comisión Europea.

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Agricultura, las modificaciones introducidas en la medida de promoción en terceros países amplían las posibilidades del sector para reforzar acciones en los distintos mercados. Se incluye la definición de mercado de tercer país y se concreta el periodo a contabilizar para establecer la duración máxima de la ayuda. Asimismo, para mejorar la eficacia en la utilización de los fondos, se adelanta el calendario de ejecución de los programas.

En la medida de reestructuración y reconversión de viñedos se adapta el texto a las modificaciones del Programa de Apoyo que se remitieron a la Comisión, con el fin de mejorar su aplicación permitiendo pequeñas modificaciones de las solicitudes sin autorización, y se aclara la redacción de algunos artículos.

Por otra parte, en la medida de inversiones, se aclaran determinados aspectos relativos al procedimiento aplicable las modificaciones que no requieren autorización y se modifica la puntuación de los criterios de priorización de las solicitudes de ayuda en algunas comunidades autónomas. De esta manera se pretende contribuir de manera más eficaz a la finalidad de aumentar la competitividad de las empresas.

El texto hoy aprobado contiene también disposiciones que, en opinión del Ministerio, permitirán mejorar la eficacia en la utilización de los fondos.

Unión de Uniones, que tiene esta semana sendas reuniones con la Subdirección General de vitivinicultura del MAPA y con el FEGA para tratar la aplicación y la información del PASVE, está estudiando el Real Decreto y emitirá una valoración sobre el mismo próximamente. No obstante, en su momento, la organización ya presentó alegaciones a la norma, que iban fundamentalmente en el sentido de que la medida de promoción pudiera extenderse, tal y como permite la reglamentación comunitaria a las actuaciones llevadas a cabo en países de la Unión Europea; a la limitación de los proyectos de reestructuración y reconversión a un máximo de 5 hectáreas por viticultor y año, junto con un incremento de los costes subvencionables y a que las ayudas a las bodegas que realicen inversiones se condicionen al cumplimiento de la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria y, particularmente, en cuanto a información del precio y disposición del contrato previamente a la entrega de la uva.

Los pequeños viticultores se verán favorecidos con las nuevas normas de concesión de autorizaciones

Unión de Uniones subraya que desde 2001 España ha perdido 218.800 hectáreas de potencial vitícola.

El Ministerio de Agricultura publicó ayer en el BOE el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola que introduce algunos cambios en el régimen de concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo.

Entre las principales novedades se incluye como criterio de admisibilidad no tener viñedo ilegal (antes sólo era una prioridad); además de aplicarse un límite máximo de 5 hectáreas de superficie por solicitante.

Tras la desaparición desde el 1 de enero de 2016 de los derechos de plantación, el régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones es el único medio del que disponen los agricultores para ampliar la superficie de viñedo de su explotación (que no sea adquirir directamente viñas, claro). Recordamos, sin embargo, que hasta el 31 de diciembre de 2020 hay posibilidad de transformar los antiguos derechos de plantación de viñedo que se posean y tengan vigencia, en autorizaciones de replantación. Actualmente quedan algo menos de 15.000 de estos derechos para los que aún no se ha pedido la conversión.

En cuanto al mecanismo de nuevas autorizaciones está limitado anualmente a un máximo del 1 % de la superficie vitícola nacional plantada, lo que vendría a ser unas 9.500 hectáreas cada ejercicio. No obstante, el Ministerio ha dejado caer la decisión de llegar o no a ese tope a las Organización Interprofesional del Vino de España, que hasta ahora ha recomendado que se autoricen nuevas plantaciones aproximadamente por la mitad de esa superficie. Esta decisión ha sido criticada por Unión de Uniones que considera que llegar al tope no representaría mayor problema para el mercado, habida cuenta de que, además, el potencial vitícola español se ha reducido en un 18,3 % desde el 2001, habiéndose perdido casi 218.800 hectáreas.

Gráfico Potencial Vitícola España

Para 2019, deberemos conocer, según el Real Decreto ahora publicado, la decisión del cupo de nuevas plantaciones que se podrán conceder antes de acabar el año 2018 mientras que con la normativa derogada su aprobación se podía retrasar hasta enero.

Al margen de lo anterior, no hay cambios sustanciales en cuanto a plazos, procedimientos, renuncias, etc. Las principales modificaciones vienen fundamentalmente en el apartado de los criterios de admisibilidad de las solicitudes y de las prioridades con las que las mismas serán atendidas.

Así, por ejemplo, la no titularidad de viñedo no autorizado o ilegal se convierte en un criterio de admisibilidad (si se tienen no se admite la solicitud), mientras que hasta ahora era un elemento de prioridad (si se tienen hay menos posibilidades de concesión).

Se incluye, además, la posibilidad para las Comunidades Autónomas de exigir como condicional adicional a cualquier criterio de prioridad que el solicitante sea persona física que no tenga más de 40 años.

También se ha establecido un tope máximo de hasta 5 hectáreas de autorizaciones de nueva plantación por solicitante. Ahora bien, este límite sólo entra en funcionamiento si el número de solicitudes supera el cupo máximo decidido cada año de nuevas plantaciones. Si no se llega a cubrir el cupo el límite se subirá de 0,5 en 0,5 hectáreas. Unión de Uniones considera que este es un elemento positivo; aunque al haber colocado el límite en la fase de admisión, y no en la fase de concesión, como pedíamos desde nuestra organización, a nuestro juicio complica innecesariamente la gestión.

 Fuera paracaidistas.

Cabe destacarse la exhaustividad introducida en los criterios de admisibilidad, que tienen que ver no sólo con la titularidad de las superficies donde se piensa ejecutar la plantación que se solicita; sino con la demostración de la capacidad y experiencia profesional exigida (cinco años de experiencia, alta en seguridad social agraria, contar con títulos de formación…). En fin, todo ello sirve, bien de manera aislada, bien de manera conjunta, para que las autoridades competentes puedan evitar que del sistema acaben beneficiándose “paracaidistas” que quieran llegar al sector, evitando siuaciones perversas que se han dado en el pasado.

En cuanto a los criterios de prioridad, se otorgan ventajas a los viticultores profesionales con pequeña explotación, que son los más favorecidos por la nueva baremación. Una demanda del sector en Rioja y en otras CCAA. Se ha conseguido.

Ajustes y cuestiones “en blanco”

En definitiva, en opinión de Unión de Uniones, el Real Decreto (a falta de que cada Comunidad Autónoma acomode sus normas regionales al margen que les ofrece), afina bastantes cuestiones que habían representado problemas, sobre todo en zonas productiva con mucha demanda de plantaciones (porque la viña y el vino son negocio) pero hay muchas reticencias a aumentar su potencial (hablamos de Rioja, Cava, Rueda, Ribera).

Sin embargo, se podrían haber introducido algunos otros instrumentos de racionalización del sistema; por ejemplo, la regionalización del cupo máximo de nuevas plantaciones, para que cada territorio pueda desarrollar una política vitivinícola adaptada a su modelo de explotaciones de viñedo y de comercialización.

El sistema de autorizaciones de nueva plantación, y de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos a autorizaciones de replantación, lleva funcionando tres campañas y es bueno que se vaya corrigiendo las deficiencias y vicios que se han ido detectando en un mecanismo totalmente novedoso que, de momento, nos durará hasta el 2030… A partir de ahí se abre (para los que lo vean), si nada cambia, un escenario totalmente distinto… el de la liberalización total de plantaciones.

Según la OIV, la producción de vino 2018 en España ha sido un 9,5 % superior a la media de las últimas 4 campañas

Según los datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), recogidos por Unión de Uniones, tras la desastrosa vendimia de 2017, que cerró en España con una producción de vino (excluidos mostos y zumos) de 32,5 millones de hectólitros; la campaña 2018 arrojaría provisionalmente un volumen de 40,9 millones de hectólitros. Se trataría de una producción que se situaría en el entorno del 9,5 % por encima de la media de las cuatro campañas precedentes.

A nivel mundial, la OIV estaría hablando de un total de 282 millones de hectólitros, que sería un 11,6 % superior a la del último cuatrienio y la tercera más alta desde el año 2000.

Graficio producción vinoTeniendo también en cuenta que la pasada fue una de las cosechas más cortas que se conocen, en la Unión Europea (UE) la vendimia de 2018 será superior en un 19 %, con una producción de vinos, excluidos zumos y mostos, que se estima en 168,4 Mill. Hl.

En los principales países productores europeos, las estimaciones de cosecha para 2018 son superiores a las correspondientes al año pasado. En Italia, la producción aumenta en un 14 % con respecto a 2017 y se establece en 48,5 Mill. Hl, en línea con la media quinquenal. En Francia (46,4 Mill. Hl) y en España (40,9 Mill. Hl), respectivamente con un aumento en relación con 2017 del 27 % y 26 %, los niveles estimados son superiores a la media de los últimos cinco años.

En Alemania (9,8 Mill. Hl), la producción aumenta en 2,3 Mill. Hl con respecto al año anterior. Este nivel de producción sería el más elevado de los últimos diez años. En Rumanía (5,2 Mill. Hl), tras cuatro años de producción a un nivel medio, el año 2018 sería superior al nivel ya muy elevado de 2013. En Hungría (3,4 Mill. Hl) y en Austria (3,0 Mill. Hl), las producciones también serán muy buenas con respecto a los años anteriores.

Portugal y Grecia son los únicos países que experimentan una reducción de su cosecha en relación con sus volúmenes de 2017. En Portugal (5,3 Mill. Hl), las condiciones meteorológicas propicias a los ataques de mildiú y oídio han tenido un notable impacto en la producción de 2018, con una disminución del 22 % con respecto a 2017. La producción de 2018 sería la más baja de los últimos seis años. En Grecia, la producción vinificada sería de 2,2 Mill. Hl, lo que representa una disminución del 15 % con respecto a 2017. Esta producción registraría una tendencia a la baja observada desde 2003.

En los principales países productores de vinos fuera de la UE, el nivel de producción vinificada de 2018 es superior a la media de los cinco últimos años.

Estados Unidos, con 23,9 Mill. Hl vinificados (-2 % con respecto a 2017), registran por tercer año consecutivo un nivel de producción elevado, confirmando así su posición de cuarto productor mundial.

En el hemisferio sur, la producción 2018 de Chile se establece en 12,9 Mill. Hl, o sea, una producción que aumenta un 36 % con respecto a 2017. Argentina, tras dos años de producción muy escasa, vuelve en 2018 a un nivel alto (14,5 Mill. Hl, lo que representa +23 % con respecto a 2017). En Brasil, si bien el nivel de producción se encuentra en disminución con respecto a 2017 (-17 %), la producción de 2018 sigue siendo elevada (3,0 Mill. Hl).

Tabla producción vino

Los viticultores asegurados han recibido ya 48,20 millones de euros en indemnizaciones

Agroseguro ha indemnizado ya el 90% de los daños en uva de vino, que en total ascenderían a 54 millones de euros.

La superficie afectada supera las 123.600 hectáreas, lo que supone una de cada tres aseguradas.

Agroseguro ya ha abonado indemnizaciones por valor de 48,20 millones de euros, lo que supone el 90% de la estimación total para este año, que asciende, de momento, a más de 54 millones.

Durante la campaña 2018, la uva de vino se ha visto muy afectada por la adversa meteorología. Así, en mayo se produjeron heladas que afectaron fundamentalmente a las producciones situadas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en la Ribera del Duero (Burgos, Valladolid y Segovia) y en zonas puntuales de la Rioja Alta; a continuación, se produjeron reiteradas tormentas de pedrisco que comenzaron con la primavera y se alargaron durante el verano; finalmente, se han producido también importantes daños por marchitez fisiológica.

En total, se han recibido declaraciones de siniestro correspondientes a 123.620 hectáreas (el 34% del total de superficie asegurada), de las que casi 63.000 hectáreas son por pedrisco y otras 37.600 por heladas. Castilla-La Mancha es la más afectada, con 60.000 hectáreas, seguida de la Comunidad Valenciana (14.700 ha), Castilla y León (14.600 ha) y La Rioja (13.800 ha). En estas tres últimas comunidades autónomas la superficie afectada está en torno al 60% de la superficie asegurada.

Foto: Galería de Agroseguro

El nivel de ejecución del plan de apoyo al sector vitivinícola es solo de la mitad que en 2017

Unión de Uniones reclama que se aceleren los pagos de ayudas en lo que falta de ejercicio para que no suceda como el año pasado, cuando se perdieron 10,5 millones de euros de la UE que dejaron de llegar al sector vitivinícola.

En Castilla-La Mancha la ejecución está por debajo del 30 %.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar los datos publicados el pasado 24 de septiembre por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) con su último resumen del mes de agosto de pagos FEAGA / FEADER, ha mostrado su preocupación ante el escaso nivel de ejecución.

La organización señala que en dicho informe se incluían la distribución de los pagos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) con los pagos correspondientes a las distintas medidas incluidas en el programa, los pagos acumulados a lo largo del ejercicio FEGA (16 de octubre de 2017 a 15 de octubre de 2018) y el porcentaje de pagos acumulados con respecto al ejercicio FEGA anterior.

De estos datos se deduce que mientras que, a fecha de agosto del 2017 los pagos realizados en su conjunto rondaban el 50 % de la ficha anual (212.420.947,66 €), en este mes de agosto dicho porcentaje queda en el 26,37 % del total.

En definitiva, mientras que en 2017 los pagos acumulados para todas las medidas suponían 105.699.084,98 €, este año en el mismo mes de agosto, solo alcanzan los 55.946.702,58 €.

En este sentido, Unión de Uniones considera preocupante que los niveles de ejecución y pago, a escasas tres semanas de la finalización del ejercicio FEGA, presenten cifras tan bajas, por lo que pide que, tanto los organismos pagadores de las distintas CCAA como el FEGA, los ejecuten evitando que, un ejercicio más, se pierdan fondos que son necesarios para la modernización del tanto del sector productor, como del comercializador en un contexto tan competitivo a nivel europeo y mundial como es el sector vitivinícola, denunciando que ya, en el ejercicio anterior, el sector perdió 10,5 M € de ayuda del PASVE.

Igualmente, existe también una diferencia por CC.AA. Solo Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana presentan niveles de ejecución que rondan el 50 % de sus fichas financieras autonómicas. El resto de las regiones presentan porcentajes de ejecución que en el mejor de los casos rondan el 30 % de su montante total. Es lo que suceden en Castilla-La Mancha, con una ejecución de 16,9 millones de euros, siendo la mayor parte de ellos en reestructuración, con 11,3 millones de euros y en la medida de destilación, con 8,3 millones de euros. Lo ejecutado en esta región hasta agosto supone el 28,96 % del total realizado el pasado ejercicio.

Por medidas, reestructuración y reconversión no alcanzan la mitad de su límite financiero, siendo promoción e inversiones las que presentan un menor grado de cumplimiento.

Por último, Unión de Uniones considera que el enorme retraso en la publicación del Real Decreto de potencial productivo está generando una incertidumbre innecesaria a la hora de adoptar decisiones sobre una magnitud básica para el sector: las plantaciones para el año 2019.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha pedido que Competencia actúe de oficio en el precio de la uva

“Lo de esta vendimia no se puede volver a repetir”

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha reclamado este pasado viernes a Gema Hernández, Directora General de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), medidas para que no se vuelva a repetir lo que ha sucedido este año en el arranque de vendimia en cuanto a la opacidad de los precios de la uva y la llamativa coincidencia en las cotizaciones de las principales variedades cosechadas en la región.

La organización ha presentado a la AICA ejemplos de tablillas, con las fechas en las que se hicieron públicas, una vez que las operaciones de vendimia ya estaban iniciadas y de alguna documentación que se hace acompañar a los contratos. La Directora General ha indicado a Unión de Uniones que los inspectores de la Agencia están ya trabajando comprobando el cumplimiento de la ley en cuenta a la existencia de contratos y el conocimiento del precio por parte de los viticultores y que, posteriormente, se controlarán los plazos de pago.

En cuanto a la existencia de idénticos precios establecidos por algunas grandes bodegas para airén y tempranillo, que suponen el 63 % de la uva cosecha en la región, la AICA ha señalado que la competente en la investigación sobre posibles acuerdos es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y que es a ésta entidad a quien se deben trasladar las denuncias sobre este asunto. No obstante, Unión de Uniones ha pedido que sea el propio Ministerio y la AICA quien, ante la evidencia de esta igualdad en los precios, solicite la intervención de oficio de las autoridades de competencia. “Los viticultores están atados de pies y manos” -han expresado desde la organización- “La posición de dominio del mercado de algunas bodegas sobre todo a nivel local, hace muy difícil que los viticultores denuncien las malas prácticas, porque se arriesgan a sufrir represalias”, por eso Unión de Uniones reclama que los órganos de control actúen de oficio y ha apuntado que “para perseguir a quien defrauda a Hacienda no hace falta que nadie presente una denuncia a la Agencia Tributaria… van lo inspeccionan, lo investigan, y si lo ha hecho mal, lo empapelan”.

Unión de Uniones ha recordado, como ya insistió en la reunión que mantuvo también la pasada semana con el Director General de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, a quien igualmente se le trasladó el problema sucedido en la vendimia de Castilla-La Mancha, que urge una reforma de la Ley de la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria para que se defina lo que es una posición de dominio del sector y se pueda así, sancionar las prácticas abusivas que se realicen desde la misma.

Por otro lado, la organización ha pedido también que el próximo año se realice una campaña previa a la vendimia de información a los viticultores y de recordatorio de obligaciones para los receptores privados de uva, acompañada de un plan intensivo de controles.

1 de cada tres hectáreas de viñedo asegurado han sufrido algún siniestro

Castilla-La Mancha (59.476 ha), Valencia (14.681 ha), Castilla y León (14.597 ha) y La Rioja (13.772 ha), las comunidades más afectadas

Las indemnizaciones del seguro suponen 56 millones de euros

Tras las heladas del mes de mayo, las reiteradas tormentas de pedrisco de la primavera y el verano y los daños por marchitez fisiológica, los importantes daños en la uva de vino elevan a 56,3 millones de euros la previsión de las indemnizaciones de esta campaña 2018.

Hasta el momento se han recibido declaraciones de siniestro correspondientes a 123.000 hectáreas (33,8% del total de superficie asegurada), de las que casi 63.000 hectáreas son por pedrisco y otras 37.600 por heladas. Castilla-La Mancha es la más afectada, con 60.000 ha, seguida de la Comunidad Valenciana (14.700 ha), Castilla y León (14.600 ha) y La Rioja (13.800 ha). En estas tres últimas comunidades autónomas la superficie afectada está en torno al 60% de la superficie asegurada.

Agroseguro ha adelantado la realización de la tasación definitiva reforzando los equipos periciales, de forma que estará terminada antes de que se generalice la vendimia (que, dadas las condiciones climáticas, se presenta retrasada). Con 230 peritos trabajando en el campo, ya se ha tasado el 65% de las parcelas, el total de las de recolección más temprana. La previsión es que todas las tasaciones finalicen la próxima semana.

Foto: Galerías de Agroseguro

 

Unión de Uniones no ve justificación para el descenso de los precios de la uva en esta vendimia, que los sitúan por debajo de los costes de producción

Precios de la uva

Unión de Uniones considera obsceno conceder ayudas millonarias a la industria vinícola de la región para que arruinen viticultores 

Publicados los primeros precios para la uva por parte de las mayores bodegas de la región, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera injustificada la bajada, del entorno del 14 % o aún mayor para determinadas variedades; dada la situación de estabilidad del mercado, el moderado nivel de existencias y las previsiones de cosecha media. Unión de Uniones de Castilla-La Mancha pedirá también a la AICA que examine la alineación exacta que se da en alguno de los precios publicados.

Los primeros precios hechos públicos por las principales bodegas particulares de la región contemplan bajadas del precio de la uva que se mueven en el entorno del 14% para la tempranillo y airén, aunque otras variedades, sobre todo las de mayor precio, sufren recortes mucho mayores. Los precios quedarían, para el grueso de la producción de la región, por debajo de los costes de producción, que se moverían según las estimaciones de Unión de Uniones entre los 0,023 y los 0,27 €/kilogrado, colocando a los viticultores en situación de pérdidas en esta campaña.

Unión de Uniones se pregunta para que sirve que el Consejero de Agricultura se vanaglorie cada año de los records de exportación de vino que la región bate cada año y de los millones de subvenciones públicas que concede a la industria vinícola para comercialización y promoción, si finalmente los beneficios del mercado no repercuten a los viticultores de la región. La organización pide a la Consejería de Agricultura, que no conceda subvenciones a aquellas industrias privadas que no se comprometan a un reparto equilibrado del valor añadido generado en la cadena del sector vitivinícola y a unos precios dignos para los productores. “Ni un euro de subvenciones públicas para aquellas industrias que arruinan a los viticultores de la región” han expresado desde la organización, que optarían porque se destinaran esos fondos a financiar mejor las iniciativas de las cooperativas y del pequeño tejido empresarial.

Por otro lado, la organización llama la atención sobre la exacta alineación de precios que se da en esta campaña, como en otras anteriores, para ciertas variedades y destinos. Tal como solicitó a la AICA que investigará la ausencia de precios que se estaba dando hasta hoy con las operaciones de vendimia ya iniciadas, la organización trasladará también a la Agencia la coincidencia de rebajas en los precios, que se está dando en un contexto de mercado que a juicio de Unión de Uniones no lo justificaría, para que estime la procedencia o no de su comunicación a las autoridades de competencia.

A partir del 1 de octubre se puede contratar el Seguro Base con Garantías Adicionales para Uva de Vinificación (Línea 312)

Seguro Vinificación

Por primera vez, el rendimiento asegurable en DO se limita a 14.000 kg/ha.

Unión de Uniones informa que hoy se publica en el BOE la Orden APA/953/2018 de 4 de septiembre, con las condiciones para el seguro base con garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. Entre las novedades más importantes esta la limitación que se ha establecido en cuanto al rendimiento asegurable para las parcelas de Denominación de Origen, que no puede superar los 14.000 kg/ha, entre seguro principal y complementario.

Esta línea, que tiene el código 312, es una de las más evolucionadas, de manera que se ha llegado a un amplio abanico de coberturas y a un esquema que, partiendo de un seguro base, puede ampliar sus garantías a través de la contratación de diferentes módulos de manera que se adopte a las necesidades de cada explotación. Leer Más…

Unión de Uniones pide a la AICA que investigue las posibles entregas de uva sin precios y sin contratos

Vendimia AICA

La organización se pone a disposición de los viticultores para denunciar si son víctimas de prácticas abusivas

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, se ha dirigido por escrito a la directora de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), Gema Hernández, para solicitar que se investigue si las entregas de uva en el arranque de vendimia se están realizando con contratos y precios tal y como marca la normativa.

Unión de Unión considera que, si bien la vendimia no está aún generalizada, si se ha iniciado la recolección en las principales zonas productoras, sobre todo de variedades como chardonnay, sauvignon blanc, grano menudo y otras tempranas. Antes de la recolección y la entrega de uva, se deberían conocer las ofertas de contratos y de precios y, de momento, sin embargo, los viticultores no tienen noticias, ni de lo uno ni de lo otro.

La organización recuerda que Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria impone la obligación de contrato por escrito para relaciones comerciales por encima de los 2.500 euros, cuando el pago no sea al contado y siempre que la operación comercial sea entre una PYME y una NO-PYME o entre un productor y un no productor. Además, en el contrato, que debe formalizarse antes de la entrega del producto, se debe especificar, entre otras cuestiones, el precio y las condiciones de pago.

Asimismo, Unión de Uniones recuerda a los viticultores la posibilidad de presentar denuncias anónimas a la AICA por el incumplimiento de tales condiciones y se ofrece a quienes sean víctimas de éstas prácticas abusivas a trasladar dichas denuncias por los medios adecuados.

Por otro lado, la organización insiste en que existen razones de campaña para que los precios de la uva tengan un comportamiento positivo y más habida cuenta de la influencia que pueda tener en la cosecha la desfavorable climatología de estos días, con precipitaciones y tormentas que pueden ajustar a la baja las previsiones de producción.