En estos días están teniendo lugar inspecciones durante la campaña de aceituna en la provincia de Toledo.  Aunque pueda parecer increíble, alguno de los motivos de sanción son la inexistencia de servicios para cagar y mear en el campo.

En Toledo, a 16 de enero de 2025

Las protagonistas de esta hazaña son dos inspectoras de trabajo que deben tener la perturbadora idea, de que el campesino es incapaz de ir tras una oliva o un matorral cualquiera a cumplir con la llamada de la naturaleza

A las mismas inspectoras que realizan estas visitas a las explotaciones agrarias, aún no se las ha visto portando una taza de váter, como tampoco se ha visto la que reglamentariamente debe acompañar a la pareja de la Guardia civil que las escolta.

Debido a esto, los agricultores hemos llegado a la conclusión de que tanto los inspectores de trabajo como la Guardia civil llevan pañales, para en el caso de sentir una necesidad, suplir la falta de esos servicios que no los acompañan.

La situación supera el absurdo, se convierte en un esperpento, en una astracanada. Lo que pide la inspección de trabajo viene a ser algo así como exigirle a la brigada que arregla la línea de alta tensión que porten un servicio o al grupo de alta montaña de la Guardia Civil o al SEPRONA que en todas y cada una de sus salidas transporten un baño móvil ¿A que parece una tontería?  Pues esta tontería es motivo de sanción desde la perspectiva de cierta inspección de trabajo.

La ya conocida como «brigada dodotis» está provocando el efecto contrario al deseado, diarreas, bien por miedo a que por muy legal que sea tu situación y aunque sigas un escrupuloso cumplimiento de la legislación, seas sancionado, o incontinencia urinaria ante lo ridículo del caso.

Si unimos este nuevo desaguisado a la bajada injustificada del precio del aceite, la especulación del mercado, el aumento de costes de producción, la mala climatología y los juegos de malabares que se deben hacer para cumplir normativas ambientales y burocráticas de la nueva PAC, se comprende la desesperada situación del sector olivarero y del agropecuario en general.

Es por esto que unión de Castilla La Mancha pide a la inspección de trabajo que recapacite y suspenda estas conductas inspectoras, que además de ridículas están generando intranquilidad y animadversión entre la gente del campo.

Como muestra patente de nuestra buena disposición hacia la inspección de trabajo les ofrecemos desde esta organización cuatrocientos rollos de papel higiénico y tres paquetes de salvacolina.

La Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha expresa su profunda preocupación y rechazo ante las recientes acciones emprendidas por el Gobierno regional, liderado por Emiliano García-Page, dirigidas contra los agricultores ecológicos.

En Toledo, a 15 de enero de 2025

En los últimos días, miles de agricultores han recibido notificaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha reclamando supuestas deudas correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. Estas reclamaciones se producen tras una serie de irregularidades administrativas que han dejado a los agricultores afectados en una situación de indefensión jurídica:

Falta de comunicación de incidencias: En su momento, la Consejería de Agricultura no informó adecuadamente a los agricultores sobre las supuestas incidencias detectadas, impidiéndoles presentar las alegaciones correspondientes en plazo.

Inspecciones irregulares: Se han realizado inspecciones de campo por personal no funcionario.

Ausencia de respuesta a reclamaciones: Los agricultores que presentaron alegaciones no han recibido respuesta ni explicación alguna por parte de la administración, vulnerando su derecho a la defensa.

Además, es importante destacar que, según la normativa vigente, las supuestas deudas reclamadas estarían prescritas, dado que han transcurrido más de cinco años desde el periodo en cuestión.

Esta situación se suma a una serie de decisiones políticas que han perjudicado gravemente al sector de la agricultura ecológica en la región:

Recortes en las ayudas: En 2015, el Gobierno de García-Page redujo en un 67% las ayudas destinadas a la agricultura ecológica, afectando a miles de familias. La Comisión Europea ha reconocido que es el Gobierno de Castilla-La Mancha quién ordenó recortar la ayuda, en una comunicación posterior, en la que afirmó que: «Cabe señalar que la responsabilidad de elaborar programas para la ejecución de los Fondos de la Unión Europea recae en los Estados miembros». En el ámbito regional, esta decisión recayó directamente en el Gobierno de Castilla-La Mancha. También en 2023, se produjo un recorte similar, expulsando a 5.000 agricultores del sistema de ayudas.

Desvío de fondos: Se ha priorizado la asignación de recursos a empresas públicas como GEACAM, en lugar de fortalecer el cuerpo de funcionarios y garantizar una gestión transparente y eficiente de las ayudas.

La Plataforma considera inaceptable que, en lugar de apoyar y fomentar la agricultura ecológica, el Gobierno regional implemente medidas que generan inseguridad jurídica y económica entre los agricultores.

Por todo ello, exigimos al Gobierno de Castilla-La Mancha:

1. Retirada inmediata de las reclamaciones indebidas enviadas a los agricultores ecológicos.
2. Depuración de responsabilidades por las irregularidades administrativas cometidas.
3. Restablecimiento de las ayudas a la agricultura ecológica a niveles anteriores a los recortes, garantizando el apoyo necesario para el desarrollo sostenible del sector.

La Plataforma continuará defendiendo los derechos de los agricultores ecológicos y no descartamos emprender acciones legales para frenar esta persecución administrativa que pone en riesgo el futuro de la agricultura sostenible en Castilla-La Mancha.

La Economía Social (ES) y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) juegan un papel crucial en la transformación del tejido empresarial agrario hacia un modelo más inclusivo y sostenible. En este contexto, la Estrategia Española de Economía Social (EEES) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proporcionan un marco sólido para guiar a las empresas agrarias rurales hacia la eficiencia energética, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Además, la condicionalidad social de la Política Agraria Común (PAC) refuerza la importancia de cumplir con estándares sociales en materia de empleo y sostenibilidad, vinculando las ayudas agrarias al cumplimiento de criterios relacionados con los derechos laborales y el bienestar de las personas trabajadoras. Esto obliga a las empresas agrarias a no solo mejorar su impacto económico y medioambiental, sino también garantizar condiciones laborales justas, avanzando hacia una mayor sostenibilidad social y territorial.

1. Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial
   Las empresas agrarias deben comprometerse con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), adoptando prácticas que respeten el medio ambiente, las personas y las comunidades en las que operan. La RSE debe integrarse en todos los aspectos de la actividad empresarial para contribuir a un desarrollo más justo y sostenible.
2. Garantizar la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

Trabajar activamente para revertir la masculinización del sector agrario, facilitando el acceso de mujeres, especialmente aquellas en riesgo de vulnerabilidad, a puestos de trabajo de calidad en el ámbito rural. La igualdad de género en el acceso al empleo es clave para un sector agrícola más inclusivo.

3. Fomentar la Cohesión Territorial y Evitar la Despoblación

Apoyar el desarrollo de la Economía Social en zonas rurales como un motor de crecimiento y cohesión social, creando empleos sostenibles y servicios que respondan a las necesidades locales. Esto contribuye a frenar el despoblamiento y a revitalizar el entorno rural.

4. Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Estrategia Empresarial

Integrar los ODS en la planificación y gestión de las empresas agrarias, alineando sus acciones con la promoción del bienestar social, económico y ambiental. La Economía Social y la RSE deben ser pilares para promover un modelo de desarrollo sostenible.

5. Promover los Valores de la Economía Social
   Impulsar los principios de la Economía Social, como la solidaridad, la gestión democrática y la participación de las personas trabajadoras, para generar una mayor equidad y sostenibilidad en el ámbito rural. Estos valores refuerzan el compromiso con un desarrollo inclusivo y responsable.
6. Generar Empleo de Calidad en el Ámbito Rural

Apostar por la creación de empleos dignos y de calidad en el medio rural, especialmente en el sector agrario, facilitando la formación y la capacitación de las personas trabajadoras para mejorar su empleabilidad. Las empresas de Economía Social deben garantizar condiciones laborales justas y dignas para todas.

7. Apoyar el Empleo de Colectivos Vulnerables
   Realizar un diagnóstico de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en la economía social, identificando las barreras que enfrentan los colectivos vulnerables para acceder a empleos de calidad. Promover la inserción laboral de estos colectivos mediante formación, asesoramiento y medidas específicas de inclusión.
8. Desarrollar un Diagnóstico de Necesidades en Zonas Rurales

Analizar las necesidades específicas del ámbito rural para identificar oportunidades que puedan ser cubiertas por las empresas de Economía Social. La ES puede ser una herramienta eficaz para evitar el despoblamiento y generar cohesión territorial, impulsando el desarrollo local.

9. Fomentar la Eficiencia Energética en las Empresas Agrarias

Promover la adopción de tecnologías energéticas sostenibles que optimicen el uso de recursos y reduzcan la huella de carbono. Las empresas agrarias deben implementar prácticas de eficiencia energética que impulsen su transición hacia una economía verde, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

10. Apostar por la Economía Verde en el Medio Rural
    Transformar las empresas agrarias hacia un modelo de economía verde que priorice la protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Incorporar prácticas agrarias sostenibles que respeten la biodiversidad y minimicen el impacto ambiental.

Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno regional olvida y margina a los agricultores y ganaderos en el nuevo Estatuto.

Toledo, 28 de octubre de 2024

En el actual Estatuto de Castilla-La Mancha, el artículo 4 establece que uno de los objetivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el aprovechamiento y potenciación de los recursos económicos de la región, en especial de su agricultura y ganadería. Asimismo, el artículo 41 indica que todos los órganos de la Junta de Comunidades deben impulsar el desarrollo de los sectores económicos de mayor interés regional, incluyendo la agricultura, ganadería e industrias derivadas.

Cómo no podía ser de otra manera también el actual Estatuto de Castilla-La Mancha asume la competencia sobre agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

En diversas ocasiones, la última en Talavera de la Reina durante la segunda jornada del II Foro Tecnológico de Talavera, el propio García-Page ha señalado que la agricultura y la ganadería representan el 18% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha, generando empleo con unos 100.000 agricultores y ganaderos. Sin embargo, en la redacción del nuevo Estatuto, García-Page ha omitido en gran medida a la agricultura y la ganadería, mencionándolas solo de manera marginal dentro de las competencias de la región. Si realmente son tan importantes para García-Page y Guijarro, ¿por qué no se refleja?

En el nuevo Estatuto en el artículo 9, se echa en falta un principio de la actuación de los poderes públicos relativo a la agricultura y ganadería que indique que la Junta tiene como objetivo la potenciación de la agricultura y ganadería y que desarrollará políticas dirigidas a impulsar el desarrollo y crecimiento de la agricultura y la ganadería dotándolas de los fondos económicos necesarios.

Así mismo, en el artículo 20 falta el reconocimiento del derecho de agricultores y ganaderos a que los fondos económicos provenientes de la Unión Europea se destinen íntegramente al desarrollo y crecimiento de la agricultura y la ganadería.

En el artículo 80, dentro de los principios de la política económica, Page y Martínez Guijarro omiten mencionar que la Junta debería impulsar el desarrollo económico de la agricultura y la ganadería como medio para combatir la despoblación.

Martínez Guijarro afirmaba: “Creemos que el Estatuto no levantará ampollas en el ámbito territorial… responde a las necesidades de la región, pero no tiene que incordiar a nadie”. Sin embargo, la realidad es que el nuevo Estatuto no atiende las necesidades de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, los cuáles mueven la quinta parte de la economía regional.

Toledo, 15 de octubre de 2024. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las declaraciones realizadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre el arranque de viñedo imitando a Francia, critica que haya descartado esta vía sin haber comprobado la acogida.

Unión de Uniones destaca el momento de crisis que atraviesa el sector y muestra su malestar porque el ministro descarte opciones a priori. En este sentido, denuncia que las administraciones efectuaron malas prácticas al imponer el arranque de variedades blancas y sustituirlas por tintas en los programas de reestructuración de viñedo financiado por el PASVE por lo que no se puede lavar las manos tan alegremente.

Unión de Uniones señala que el sector no puede seguir dando tumbos arrancando variedades blancas que ahora están siendo mucho más solicitadas que las variedades tintas, sin contar con datos fehacientes para llevar a cabo un proceso de reestructuración que se ha demostrado equivocado.

Por esto mismo, la organización considera necesario que, de manera paralela a los debates del Grupo de Alto Nivel Vino en Bruselas, el Ministerio convoque con urgencia una Conferencia sectorial que dé cuenta de la demanda de arranque existente, defina las fuentes de financiación a utilizar, establezca los criterios de admisibilidad y prioridad y atienda a las señales del mercado con políticas de reestructuración, promoción e inversiones que permitan al sector afrontar los retos de futuro”.

“Si Francia se plantea arrancar hasta 100.000 has., pone a disposición del sector más de 120 millones de euros y está fijando importes de ayuda de hasta 4.000 €/ha. con el fin de reequilibrar el sector, no entendemos como el ministro deshecha esta opción que tendría efectos beneficiosos entre los viticultores con intención de abandonar el sector con un componente social importante, más aún después de cinco campañas con rentabilidades negativas en muchas zonas productivas.“, comentan desde la organización.

Unión de Uniones insiste en que no solo es preciso contar con financiación suficiente, sino que también es necesario que los planes estratégicos que abundan en ejercicios econométricos que pocas veces se ajustan a la realidad tomen en consideración esas señales de los mercados.

“Es cierto que cada país tiene su problemática y sus soluciones, pero las soluciones de España, por ahora, son nulas”, concluyen desde la organización.

Culpan al sector agrario cuando el 93% de los incendios son por otras causas.

Toledo, a 5 de septiembre de 2024

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha afirma que las cosechadoras causan 45 de los 642 incendios, tan solo el 7% de los incendios, pero no hace referencia a las causas de los 597 incendios restantes que representan el 93% del total. Además, omite mencionar el número de hectáreas quemadas en dichos incendios. Sin duda, lo dice porque tiene mala conciencia por la pésima gestión del Gobierno de García-Page en las labores de extinción de incendios y porque utiliza indebidamente los fondos destinados a agricultores y ganaderos para ese fin.

Dar un dato parcial de una estadística es una manipulación torticera de la verdad para defender intereses propios. Debe desglosar por porcentajes y número de hectáreas quemadas todas y cada una de las causas: negligencias, accidentes, tendidos eléctricos, vehículos… y hacerlo con carácter exhaustivo, sin dejar ninguna.

Es vergonzoso demonizar al sector al que se le está quitando su dinero y, encima, presentarlo como culpable ante la sociedad cuando el 93% de los incendios no es culpa de los agricultores. Ya de paso, que aproveche y dé una estimación de las hectáreas que se queman por la mala praxis a la hora de realizar las labores de extinción, como se ha visto en el caso del incendio de La Estrella (Toledo), que podría haber sido un pequeño conato y por la mala gestión acabó quemando dos mil quinientas hectáreas. Ahora, para lavar su imagen y la del gobierno de García-Page, ofrecen abrir una línea de ayudas para que los ganaderos, con sus animales, limpien el monte para prevenir incendios. Una líneadotada con unos irrisorios 195.000 euros, cuando están quitando 72 millones de euros anuales a agricultores y ganaderos para la empresa GEACAM, que supuestamente debe extinguir los incendios en la región. Si esos 72 millones de euros se destinasen a agricultores y ganaderos para la limpieza de campos y montes, sin duda alguna los incendios serían menos virulentos y no alcanzarían las dramáticas dimensiones a las que estamos acostumbrados a ver.

Hace falta valor para demonizar a los campesinos como causantes del fuego y, al mismo tiempo, no permitirles intervenir en la extinción de incendios. La secuencia suele ser la misma: se declara un incendio, los primeros en llegar son los agricultores y ganaderos, en muchos casos con su maquinaria, y se les prohíbe participar en la extinción. Los primeros en llegar son quienes pueden sofocar el fuego cuando aún es pequeño; además, los agricultores y ganaderos conocen bien la zona, lo que facilita saber hacia dónde van los vientos y por dónde deben atajar el fuego. Insistimos una vez más en que la explicación para que esto ocurra es la necesidad de justificar la existencia de una empresa pública y el desvío de fondos que vienen de Bruselas para el sector agropecuario a otros usos. No entendemos por qué García-Page insiste en desviar 72 millones de euros anuales a la prevención de incendios cuando GEACAM solo actúa en diez mil hectáreas de un total de siete millones de hectáreas y no deja participar a ninguna empresa privada.

Se solicita que los 700.000 euros previstos para las organizaciones agrarias se destinen a compensar económicamente a los ganaderos de La Estrella (Toledo).

Toledo, 30 de agosto de 2024

Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a que redirija los 700.000 euros destinados a las organizaciones profesionales agrarias hacia la compensación económica de los ganaderos afectados por los recientes incendios en la región, particularmente en el municipio de La Estrella (Toledo).

El pasado 6 de agosto de 2024, un devastador incendio en la sierra de La Estrella afectó 2.500 hectáreas, dejando sin pasto a los ganaderos y poniendo en grave riesgo tanto su sustento como el de sus animales. Este desastre, que se produjo debido a un retraso en las actuaciones del Plan INFOCAM del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha generado una situación crítica para los afectados, quienes hasta la fecha no han recibido ninguna oferta de compensación económica por parte del Gobierno de García-Page ni de la Consejería de Agricultura.

Ante la gravedad de esta situación, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha enviado una carta al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page Sánchez, solicitando que se anule la reciente convocatoria de ayudas a organizaciones profesionales agrarias, valorada en 700.000 euros, y que estos fondos se destinen a paliar las necesidades urgentes de los ganaderos de La Estrella y otros afectados por incendios en la región.

Unión considera que la convocatoria de estas ayudas, publicada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, genera una serie de problemas significativos. Entre ellos, se destaca la distorsión de la competencia en el sector agrario y el riesgo de que las organizaciones beneficiarias se vuelvan económicamente dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, lo cual comprometería su independencia y su capacidad para defender los intereses de agricultores y ganaderos de manera efectiva.

Además, se advierte que, al recibir estas ayudas, las organizaciones agrarias podrían volverse inactivas en la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos, limitándose a cumplir con los requisitos burocráticos sin ofrecer una verdadera defensa del sector ante el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Además, alertamos del peligro de que estas subvenciones fomenten el clientelismo, donde el apoyo al Gobierno se convierte en un mecanismo para ganar lealtad política, y la ineficiencia en el uso de recursos públicos, al tiempo que desincentivan a las organizaciones agrarias de desarrollar estrategias de sostenibilidad financiera a largo plazo.

También se cuestiona la representatividad real de algunas de estas organizaciones y el posible aumento de la burocracia, que podría ralentizar procesos importantes y desviar recursos clave. Aunque estas organizaciones afirman representar los intereses de los agricultores, no siempre está claro si sus acciones reflejan las necesidades y deseos de la totalidad del sector.

En este sentido, Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha considera que las organizaciones profesionales agrarias deberían ser financiadas directamente por sus socios, y no por el Gobierno regional. Esto garantizaría su independencia y su compromiso genuino con la defensa de los intereses del sector agrario.

Finalmente, Unión subraya que destinar estos fondos a los ganaderos afectados por incendios sería una medida más justa y adecuada, respondiendo de manera directa a las necesidades urgentes del sector ganadero en la región.