La Organización considera que la medida es todavía insuficiente para paliar la fuerte crisis de precios que sufren los cunicultores y reclama una ayuda de estado y una adaptación útil de la normativa europea.

Hacienda se ha comprometido a adecuar el IRPF a los ingresos reales que han obtenido las explotaciones de conejos en 2015, entre otras medidas fiscales reclamadas por Unión de Uniones, debido a la grave crisis de precios que sufre el sector productor, según transmitieron la semana pasada Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios y Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria, ambos del ministerio de Agricultura, en una reunión en Madrid con representantes de Unión de Uniones.

Los representantes del Ministerio trasladaron a los de la Organización que estudian la posibilidad de poner en marcha para el sector cunícola medidas de financiación con avales a través de ayudas de mínimis (medida de la que se beneficiarían todos los sectores ganaderos).

Respecto al funcionamiento de las lonjas y mercados, para que el precio de referencia fijado sea el máximo transparente posible, los Directores Generales del Ministerio de Agricultura indicaron a la Unión la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia. En cuanto a la demanda de la ayuda de mínimis, recordaron la dificultad de hacerlo posible, ya que el Gobierno estatal está en funciones.

Para la organización, la situación del sector y el riesgo de la continuidad de las explotaciones requiere medidas urgentes por parte de las administraciones. La Unión de Uniones ha propuesto entre otras medidas llevar a cabo un control riguroso de la cadena alimentaria, dar prioridad en las ayudas de inversión; articular una ayuda de Estado para el abandono de la capacidad productiva para las explotaciones profesionales con más de 300 reproductores y donde el titular tenga una edad superior a 55 años; además de medidas financieras para la explotación, recuperar el importe económico de la ayuda sanitaria del año 2011, y la adaptación de la normativa europea, que permite la flexibilización de los requerimientos sanitarios en cuanto al sacrificio y comercialización en la propia explotación, adaptando los requerimientos estructurales y burocráticos a la dimensión de los operadores

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