La Comisión apunta que España debe reducir las subvenciones perjudiciales al medio ambiente y aumentar la fiscalidad medioambiental

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La Comisión ha adoptado una acción para la Revisión de la aplicación de la política medioambiental. Dicha acción supone el inicio de un nuevo proceso en el que la Comisión, junto con los Estados miembros, estudiará las causas de las deficiencias de aplicación en la política de medio ambiente y buscará soluciones antes de que se hagan apremiantes.

Una plena aplicación de la legislación medioambiental de la UE podría ahorrar a la economía de la UE 50.000 millones de euros al año en gastos sanitarios y costes directos para el medio ambiente. De acuerdo con información del Eurobarómetro, tres de cada cuatro ciudadanos piensan que la legislación europea es necesaria para proteger el medio ambiente en su país, y cuatro de cada cinco que las instituciones europeas deben comprobar si la legislación se cumple correctamente.

La Comisión ha lanzado hoy:

  • 28 Informes de diagnóstico, 1 por países de la UE.
  • Una Comunicación que resume las conclusiones políticas de los informes por países y examina las tendencias comunes en ámbitos como la calidad del aire, la gestión de los residuos y la economía circular, la calidad del agua y la protección de la naturaleza y la biodiversidad;
  • Recomendaciones de mejora para todos los Estados miembros.

Conclusiones principales a nivel de la UE

Entre las conclusiones de la Comunicación se pone de manifiesto que, en el ámbito de la gestión de los residuos, la prevención sigue siendo un reto importante para todos los Estados miembros, seis de los cuales no han logrado limitar el arrojo en vertederos de los residuos urbanos biodegradables. El pleno cumplimiento de la política de residuos de la UE de aquí a 2020 podría suponer la creación de 400 000 puestos de trabajo.

En relación a la naturaleza y la biodiversidad, la Comisión considera que se han hecho avances, pero que es preciso impulsar la ejecución de la legislación de la UE, como confirma el control de adecuación de la UE de las Directivas de Aves y de Hábitats. De lo contrario, la pérdida de biodiversidad seguirá siendo un hecho en la UE, poniendo en peligro la capacidad de los ecosistemas de satisfacer en el futuro las necesidades humanas.

En 23 de los 28 Estados miembros, las normas de calidad del aire se siguen rebasando, afectando a más de 130 ciudades de toda Europa. El transporte es un de los elementos que más problemas causa en relación con la calidad del aire. Es preciso también redoblar los esfuerzos por reducir el ruido ambiental, el segundo peor problema de medio ambiente con consecuencias sanitarias.

En lo relativo a la calidad y la gestión del agua, la mayoría de los Estados miembros se debaten por cumplir plenamente las normas de recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas; trece de ellos se enfrentan a acciones legales de la UE por infracción. Las concentraciones de nitratos y los niveles de eutrofización siguen siendo un problema grave en casi todos los Estados miembros.

Hay una serie de razones que explican estos hechos y que son comunes a varios Estados miembros: una coordinación poco eficaz entre los distintos niveles administrativos, una capacidad insuficiente y falta de información.

Al lanzamiento del paquete seguirán conversaciones con cada uno de los Estados miembros, la puesta en marcha de un instrumento horizontal que permita a los Estados miembros asistirse mutuamente a través de sus experiencias, y debates políticos en el Consejo de Medio Ambiente.

El diagnóstico de España.

En el caso de España, el informe de la Comisión detecta que nuestro país afronta tres retos principales:

  • Mejorar la gestión del agua (se hace hincapié en el tratamiento de aguas residuales urbanas).
  • Mejorar la gestión de residuos (aprovechar el potencial de la economía circular).
  • Aumentar la fiscalidad medioambiental y reducir las subvenciones perjudiciales al medio ambiente.

Contamos con oportunidades en nuestro valioso capital natural, en las posibilidades de la ecoinnovación y la mayor eficiencia del uso de los recursos y en la difusión de buenas prácticas en zonas de escasez de agua y en el fomento de una mayor reutilización de las aguas residuales.

Las cuestiones en las que se reconoce que España ha hecho un buen trabajo son: proyectos LIFE, la creación de la Red de Autoridades ambientales, el uso del Registro EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales) y el etiquetado ecológico y el portal del MAPAMA sobre evaluaciones de impacto ambiental.

El informe apunta como destacables los siguientes datos y reflexiones:

  • España la tasa de reciclado de residuos municipales es del 33 %, inferior a la media comunitaria, que está en el 44 %.
  • Sólo un 22 % de las especies protegidas (datos 2013) tiene un estado de conservación favorable. Un 19 % se encuentra en estado desfavorable, un 35 % desfavorable e inadecuado y un 25 % no se sabe.
  • Las presiones y amenazas más frecuentes para la biodiversidad son las modificaciones en los sistemas naturales (más del 20 % de las especies y más del 40 % de los tipos de hábitats) y la agricultura (más del 20 % de los hábitats y más del 10 % de las especies evaluadas), seguidas de la contaminación y la urbanización.
  • Un estudio reciente llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Beneficios económicos de la Red Natura 2000 en España, aún sin publicar) estima los beneficios económicos estimados de Natura 2000 (y se trata de una estimación muy prudente) en 9.800 millones de euros anuales, es decir, 7,5 veces el coste teórico anual de mantenimiento de la red.
  • Agua: Sectores como agricultura, turismo y energía tienen una alta dependencia de este recurso. El mayor consumidor es la agricultura. Se recomienda una política de tarifas adecuada, transparencia en los precios y subvenciones, modernización del regadío, control de extracciones de aguas subterráneas y reutilización de aguas residuales. Hay que aplicar adecuadamente la Directiva Marco sobre el agua. Específicamente la Comisión recalca que la extracción ilegal de agua en España representa una grave amenaza, especialmente en momentos de sequía. Aunque los planes de gestión de la sequía limitan el riego para garantizar que puedan satisfacerse las necesidades prioritarias, los agricultores recurren a la extracción ilegal de aguas subterráneas para proteger sus cosechas de la sequía.
  • La fiscalidad ambiental en España es de las más bajas de la UE (1,85 % del PIB en España, frente a 2,46% del PIB en la UE). España debe, según la Comisión, desplazar impuestos que gravan el trabajo a otros impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y reducir las subvenciones perjudiciales al medio ambiente. En concreto, la Comisión señala en el informe que hay una falta de transparencia en las subvenciones para el agua utilizada en la agricultura, y raramente se aplican los costes medioambientales (p. ej., los relacionados con la contaminación difusa).
  • La descentralización de competencias en España es un desafío para la coordinación de la política ambiental.
  • En materia de calidad de aire y en relación a la agricultura, la Comisión recomienda con los actuales techos nacionales de emisión aplicables, por ejemplo introduciendo o ampliando el uso de técnicas agrícolas de bajas emisiones.
  • La Comisión subraya también un hándicap para la aplicación de medidas agroambientales de desarrollo rural en determinadas superficies, ya que sólo se pueden beneficiar de las mismas aquellas que sean elegibles en el marco del primer pilar (pagos directos). Se dice que la aplicación de la elegibilidad en España es muy restrictiva y hay factores de reducción, como la pendiente, que no son factores estándar. Por esta razón un elevado número de hectáreas de silvopastoreo, por ejemplo, no son elegibles en la PAC y sobre ellas tampoco se pueden aplicar medidas de fomento de gestión extensiva en el marco de los programas de desarrollo rural. Es una cuestión problemática y la Comisión dice que se ha sugerido a España que mejore las normas.

En definitiva, algunas de las conclusiones de la Comisión y de los puntos destacados para el informe de España señalan por donde podrían ir en el futuro algunas de las decisiones que se pongan en marcha, intensificando la relación de las subvenciones agrícolas con los temas medioambientales y ampliando el abanico de campos interesados más allá de la naturaleza y la biodiversidad, que es el factor que en la actualidad es más tenido en cuenta, a cuestiones de conservación de suelo, gestión de agua, contaminación y cambio climático.

Política Medioambiental en España

 

 

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