Reforma de la PAC: el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE al borde del trastorno bipolar

Consejo de Ministros de Agricultura de la UE

Piden una PAC verdaderamente «común» y no a su renacionalización… y al mismo tiempo, aplicación facultativa y mayor flexibilidad en la aplicación de sus principales elementos

Ayer, lunes 15 de octubre, se celebró en Luxemburgo el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, incluyendo en su orden del día, entre otros puntos, nuevamente la discusión sobre algunos de los elementos de la Reforma de la PAC. Realmente, según Unión de Uniones de Castilla-La Mancha y a la vista de las conclusiones oficiales hechas públicas, el debate no tuvo mayor interés Lo que si tiene miga, sin embargo, es el documento presentado por la Presidencia sobre las diferentes posiciones que las delegaciones de los Estados miembros han ido expresando en estos meses. Para nuestra organización, el informe demuestra claramente dos cosas: la primera, que los Ministros y sus distintos representantes en las reuniones y comités preparatorios no ven nada clara las propuestas legislativas de la Comisión y piden aclaraciones y más aclaraciones sobre sus diferentes aspectos… y la segunda, que ha acabado afectados por un raro trastorno bipolar. Sólo así se explicará que por un lado pidan una PAC común que garantice el mercado único y, al mismo tiempo, pidan la aplicación voluntaria, facultativa y opcional de muchos de sus elementos y mayor flexibilidad en el resto.

Al margen de este asunto, las tres cuestiones de mayor relevancia en el Consejo fueron: la preocupación creciente por la Peste Porcina Africana, la denuncia italiana de las crisis de precios en el sector remolachero (a la que la Comisión resto importancia) y que en este período de intervención de leche desnatada en polvo que ahora se abre no habrá tampoco compras públicas a precio fijo y solo se intervendrá mediante licitación.

Reforma de la PAC

Según el Comunicado Oficial del Consejo, los ministros también intercambiaron puntos de vista sobre los temas de simplificación y flexibilidad para los estados miembros contenidos en la propuesta de Reforma de la PAC de la Comisión, así como sobre la nueva arquitectura de pagos ecológicos, su proporcionalidad y la adecuación de los instrumentos sugeridos.

Muchos ministros estuvieron de acuerdo en una PAC que mirase más los objetivos y los resultados que a los mecanismos, pero expresaron su temor de que el nuevo modelo sea más completo y tenga una mayor carga de burocracia.

En relación al reverdecimiento de la PAC, la posición general del Consejo fue a favor de PAC medioambientalmente más ambiciosa, pero también algunas delegaciones indicaron que esa ambición no se corresponde con el presupuesto propuesto por la Comisión.

Ahora bien, en una interpretación que hacemos desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, los Ministros se esfuerzan en el difícil ejercicio de sorber y soplar. Mientras insisten en la necesidad de mantener la naturaleza común de la PAC, reclaman en paralelo mayor flexibilidad para los Estados miembros tanto en la selección de objetivos, como en la aplicación de los elementos para alcanzarlos.

Esto queda bien reflejado en el informe de progreso de las discusiones que la Presidencia ha presentado al Consejo. A juicio de nuestra organización revela las dudas que asaltan a los Estados miembros sobre algunos de los elementos importantes de la propuesta de la Comisión; pero también, evidencia la clara contradicción de reclamar garantías de una política agraria verdaderamente “común” y rechazar cualquier riesgo de su renacionalización, frente a las numerosas peticiones de flexibilidad y aplicación voluntaria en los mecanismos.

Un mar de dudas.

Los Estamos miembros tiene muchas dudas y piden a la Comisión aclaraciones sobre cuestiones tan importantes como:

  • Las definiciones de tierras de cultivo, cultivos permanentes, hectáreas admisibles, joven agricultor, agricultor genuino.
  • Los objetivos de la futura PAC, los indicadores propuestos para medir como se alcanzan y la relación entre objetivos, indicadores e intervenciones.
  • Las interferencias de los objetivos de la PAC y los de otras políticas y como medir sus mutuas incidencias.
  • La aplicación parcial de los planes estratégicos.
  • La materialización de la obligación de los Estados miembros para una mayor contribución específicamente a los objetivos de medio ambiente y clima.
  • La relación entre el plan estratégico nacional y los posibles planes regionales.
  • Las implicaciones de las ayudas asociadas en las obligaciones de ayudas no distorsionantes del mercado de la OMC.
  • Algunas definiciones relativas al capping (reducción de ayudas y techos por explotación), por ejemplo, los costes salariales a contabilizar como ajuste de los límites.
  • Sobre el impacto en cada país del capping.
  • El uso de los fondos resultantes del capping.
  • La línea divisoria entre las medidas ecológicas en el primer pilar (pagos directos) y en el paquete de desarrollo rural.
  • Sobre los sectores o productores que podrían entrar por primera vez en el esquema de ayudas asociadas.
  • La fijación de una contribución mínima de los Planes de Apoyo del Sector Vitivinícola a la protección del medio ambiente y el clima.
  • El alcance de los sistemas de asesoramiento propuestos.
  • Sobre determinadas normas aplicables a las ayudas para zonas con limitaciones naturales.
  • La implementación de la ayuda de desarrollo rural a los jóvenes agricultores
  • La compatibilidad de algunas ayudas al desarrollo rural (por ejemplo, promoción de calidad) con el enfoque LEADER.
  • Los elementos de financiación del FEADER y FEAGA en el transcurso entre la vigente PAC y la reformada.
  • La bonificación de financiación a que podrían optar los países con “buen rendimiento” de la PAC.
  • La afección de las normas de competencia en determinadas intervenciones de los planes estratégicos.
  • Sobre el tratamiento como ayudas estatales de determinadas medidas fiscales en los Estados miembros.

Son cuestiones, la mayor parte de ellas importantes, que los Estados miembros no ven claras y que suponen, de momento, obstáculos a que avance la Reforma de PAC y contribuyen al ambiente general de pesimismo sobre su aprobación en esta legislatura europea.

Yo me lo guiso.

Por otra parte, y tras la lectura que Unión de Uniones de Castilla-La Mancha hace del informe de progreso de la Presidencia, los Estados miembros han entrado en un claro trastorno de bipolaridad política. Mientras los Gobiernos insisten en rechazar la renacionalización de la PAC y exigir garantías de mantener el carácter Común de la PAC, al mismo tiempo piden que muchos de los mecanismos propuestos por la Comisión sean de aplicación facultativa para cada país y mayor flexibilidad en la aplicación nacional de otros varios. Por ejemplo, los representantes de las delegaciones nacionales han pedido que sea voluntaria la aplicación de:

  • Los nuevos elementos propuestos de condicionalidad.
  • La implantación de una herramienta de sostenibilidad agraria para nutrientes.
  • El capping en su conjunto.
  • La ayuda redistributiva para las primeras hectáreas de las explotaciones.
  • Los regímenes ecológicos del primer pilar.
  • Los sistemas de gestión de riesgos.
  • El porcentaje de fondos que las OPFH deberían destinar a investigación y desarrollo.
  • La parte del FEDER a destinar por los países.

Es sintomático que los Estados miembros quieran una PAC única, mientras piden que su principal elemento de gestión, que es la distribución de los pagos directos, quede en su mayor parte a criterio de cada país.

Y, simultáneamente, las delegaciones nacionales han reclamado durante todo el proceso de discusiones de la Reforma, una mayor flexibilidad para:

  • Los requisitos de los planes estratégicos y su modificación.
  • La revisión del cumplimiento de los indicadores de objetivos, sobre todo en cuanto a desarrollo rural.
  • La organización territorial de los planes estratégicos nacionales.
  • Las normas de coordinación y gobernanza.
  • Los requisitos mínimos para recibir pagos directos en relación a umbrales mínimos en cuantía o superficie.
  • El establecimiento y uso de reservas de derechos de pago.
  • La definición de joven agricultor y otros elementos de las ayudas dirigidas a ellos como, período de ayuda, superficie máximo o regionalización de pagos.
  • La aplicación de los regímenes ecológicos.
  • Los sectores que pueden ser objeto de una ayuda asociada o de una intervención sectorial.
  • Las intervenciones en desarrollo rural.
  • La revisión de las decisiones nacionales en cuanto a transferencia de fondos entre pilares.

Entre unas cuestiones y otras, de aceptarse todas esta propuestas y sugerencias parece evidente, en opinión de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, de que estaríamos más cerca de 27 PACs a la carta (yo me lo guiso y yo me lo como), que de una verdadera Política Agrícola “Común”.

Por último, señalaremos dos cuestiones que nos han llamado la atención en cuanto a puntos que, los representantes de los diferentes Estados miembros, han pedido durante las discusiones de estos meses (o así lo refleja al menos el documento de la Presidencia).

  • Que, en todo caso el capping, debería afectar sólo a la ayuda a la renta básica (no al resto de pagos directos).
  • Que las medidas para compensar los compromisos ambientales, climáticos y de buena gestión que asuman los agricultores y ganaderos en el marco de las medidas de desarrollo rural y en la medida que asuman objetivos superiores, deberían ir más allá de la mera compensación de mayor gasto y pérdida de ingresos y gozar de un cierto incentivo.

En fin, todavía queda mucho liño a vendimiar hasta llegar a la linde de la Reforma, pero nosotros, desde la Unión de Uniones, vemos a los países con muchas dudas y muchos temores y, en esa tesitura, parece ser que optan por la vía de intentar asegurar un cheque que se pueda manejar con el margen más amplio posible desde cada Estado miembros… o sea ¿otra Reforma para que todo siga igual, pero a peor?

 Peste porcina africana (PPA)

Por otro lado, la Comisión informó al Consejo sobre la evolución de la Peste Porcina Africana en Europa, dando detalles acerca de la situación epidemiológica de la enfermedad y las medidas de control adoptadas. La Comisión aprovechó la oportunidad para pedir a los Estados miembros que apliquen adecuadamente las medidas existentes de manera coherente en toda Europa y también que garanticen la coordinación transfronteriza y la estrecha colaboración entre diversos sectores y actores. La Comisión advirtió en contra de los requisitos unilaterales adicionales impuestos por los estados miembros o terceros países; ya que, según la Comisión, podían crear obstáculos injustificados al comercio y dañar el sector.

Varios ministros compartieron las opiniones de la Comisión sobre la importancia de la preparación, el seguimiento y la erradicación, y sobre la necesidad de evitar medidas unilaterales desproporcionadas.

En relación a este tema, recordamos ahora que ante la presencia de PPA en poblaciones de jabalíes de países del Centro y Este de Europa Unión de Uniones ha pedido al Gobierno español que prohíba la importación de jabalíes (aquí ya tenemos suficientes) y endurezca las condiciones de importación de lechones.

Situación en el sector azucarero.

La delegación italiana informó al Consejo sobre el reciente deterioro de las condiciones del mercado en el sector azucarero europeo, que se ha caracterizado por una disminución significativa de los precios vinculados al exceso de oferta. También pidió a la Comisión que active las medidas necesarias para equilibrar el mercado a corto y medio plazo, en particular el almacenamiento privado, y que evalúe también la posibilidad de activar las medidas excepcionales contempladas en la organización común de mercados de los productos agrarios.

Si bien varios ministros compartieron las preocupaciones italianas, la evaluación de la Comisión fue que, aunque era importante monitorear de cerca la evolución del mercado en el sector del azúcar, sería demasiado pronto para activar la red de seguridad. La Comisión recordó la orientación al mercado de la PAC y señaló que los operadores puedan adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones del mercado, reduciendo así la presión sobre los precios. También recordó a las delegaciones los instrumentos disponibles en el segundo pilar de la PAC para apoyar al sector.

La leche desnatada en polvo

El Consejo decidió confirmar en 2019 las normas ya adoptadas a principios de año y fijó en cero toneladas la limitación cuantitativa para la compra de leche desnatada en polvo (SMP) a un precio fijo.

El Reglamento 1370/2013, que determina las medidas para la fijación de determinadas ayudas y reembolsos relacionados con la organización común de mercados de los mercados de productos agrícolas, establece un límite máximo de 109.000 toneladas de leche desnatada en polvo que puede intervenirse públicamente de 169,8 € / 100 kg), durante el período de intervención que va desde el 1 de marzo al 30 de septiembre. Una vez que se alcanza ese límite, la intervención pública continúa, aunque bajo un procedimiento de licitación (subasta), hasta el final del período de intervención.

Con el reglamento de aplicación aprobado, que establece el techo de intervención a precio fijo en cero para el próximo período, el Consejo está de hecho decidiendo que la intervención pública se active solo a través de licitaciones, lo que permite a la UE controlar a cuál precio y en qué volumen interviene el mercado.

Ni los ministros ni la Comisión parecen querer arriesgarse a que se repita la situación de 2017, cuando la crisis del sector lácteo impulso las ofertas a intervención hasta llegar a acumularse 400.000 toneladas de leche desnatada en polvo en los almacenes públicos. En 2018, según el análisis de la Comisión, los precios en el mercado de la leche desnatada en polvo de la UE se mantuvieron en un promedio del 19% por debajo del nivel de intervención pública, mientras que los precios de la mantequilla se situaron en un 117% por encima del nivel de intervención pública, lo que amplió la brecha entre los precios de las grasas y las proteínas. En este contexto y para evitar el desequilibrio del mercado, el Consejo ya decidió renunciar a la compra automática de SMP en enero de 2018.

Una vez aprobado el Reglamento de aplicación, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

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