Vino: el Ministerio publica la hoja de ruta hacia la autorregulación del sector

El Ministerio de Agricultura ha publicado a través de su página Web un documento denominado “Sector del Vino. Medidas para la Estabilidad y la Calidad. Hoja de Ruta”, fechado este 30 de septiembre, que contiene una serie de propuestas de medidas a aplicar, alguna de ellas a partir de esta próxima campaña y la siguiente. Las actuaciones se centrarían en el sector de vinos sin denominación de origen ni indicación geográfica, prohibiendo la vinificación de uvas que no cumplan ciertos estándares de calidad, reforzando los controles en la destilación de subproductos y estableciendo una norma de regulación de la oferta que implicaría la retirada de determinada categoría de vino.

Para Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, el documento contiene muy pocas pistas aún de hacia donde se desarrollarían las medidas. No obstante, cualquier medida, particularmente una relativa a la regulación de la oferta que haga culpables del desequilibrio casi exclusivamente a los viticultores castellano-manchegos más inversores y más competitivos no contará con nuestra aprobación. Además, la organización ha expresado a las administraciones que antes de poner en marcha estas medidas hay que destapar y acabar con las bolsas de fraude (no solo en la destilación de subproductos) en el sector, que pesan sobre el mercado.

El Ministerio empieza en el documento que ha presentado por aseverar que el vino presenta una alta volatilidad del precio, que afecta sobre todo a los vinos sin denominación de origen ni indicación geográfica y que tiene que ver no sólo con los volúmenes de producción de cada campaña, de las existencias de las que se parten y también de las disponibilidades a nivel mundial.

A partir de ahí, el Ministerio analiza la viabilidad de las propuestas presentadas por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) sobre la estabilidad y la calidad del sector del vino y presenta en el documento la hoja de ruta para ponerlas en marcha desde “el trabajo conjunto del sector”.

Las medidas estudiadas son:

• 1.- Requisitos mínimos de la calidad para uva de vinificación fuera de DOP/IGP.
• 2.- Intensificación del control de subproductos para la destilación.
• 3.- Mecanismo de regulación de la oferta de vino.

Para cada una de ellas el Ministerio expone su objetivo, el procedimiento para implementarlas y los pasos a seguir.

1.- Requisitos mínimos de la calidad para uva de vinificación fuera de DOP/IGP.

Se trata de garantizar que la uva no destinada a vinos DOP/IPG, presenten unos criterios mínimos de calidad para que puedan ser destinados a vinificación; con el fin de evitar que se produzcan vinos de baja calidad y difícil comercialización, que son los que engrosan las existencias finales de campaña.

Las características propuestas son:

Maduras, aptas para producir un vino de al menos 9% vol.

Con buen estado sanitario y que no sobrepase un determinado contenido de ácido glucónico.

Procedentes de parcelas que no sobrepasen un determinado rendimiento por hectárea.

El Ministerio no cita los umbrales ni de ácido glucónico, ni de rendimientos; aunque desde Cooperativas Agroalimentarias se ha propuesto 150 Hl./Ha. para las uvas tintas y 150 Hl./Ha., para las blancas. Veremos si se confirman estos topes o se negocian otros.

En todo caso, las uvas que no cumplan las condiciones que se fijen solo podrán ir a destilación con fines industriales o, si son blancas, a mosto que no será vinificado. MAPA y CCAA son quienes deberían controlar que sea así.

Esta medida se amparará en el Reglamento 1308/2013 y en la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino y entraría en vigor a partir del 1 de agosto de 20202; para ello se empezarán a realizar los estudios técnicos previos (con la colaboración del Instituto de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha para justificar los umbrales de calidad) y se tramitará posteriormente el proyecto normativo.

2.- Intensificación del control de subproductos para la destilación.

En la medida de destilación de subproductos contemplada en el Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola se gastan anualmente 31 millones de euros para apoyar la destilación de subproductos, de la que se obtiene de media unos 27,6 millones de hectogrados de alcohol. Esta medida, como decimos ya en vigor, pretende evitar el sobreprensado de dichos subproductos para la obtención del vino. La novedad ahora consiste en reforzar los controles en las destiladoras para garantizar que, efectivamente, eso no suceda.

Se establecerá para ello un “Plan Nacional de Control de la medida de Destilación de Subproductos” que vigilará sobre el terreno el 100 % de las destiladoras que realizan esta operación para verificar que se cumplen los requisitos y que el fin del alcohol destilado es el permitido por la norma (fines industriales). La detección de irregularidades incluirá “la posibilidad” de revocar la autorización a la destilería para llevar a cabo la destilación de subproductos.

Esta medida se pondría en marcha ya el 1 de noviembre próximo.

3.- Mecanismo de regulación de la oferta de vino.

La necesidad de la regulación de la oferta del mercado del vino, para el que se comercializa sin DOP/IGP, la argumenta el documento del Ministerio en la variabilidad de producción entre campañas como consecuencia de las condiciones climatológicas.

Es la medida que seguramente será más compleja de concretar y sobre la que de momento el Ministerio da menos pistas acerca de cuál sería su procedimiento de aplicación.

En definitiva se trataría de retirar del mercado una parte del vino en las campañas en las que las disponibilidades (la suma entre las existencias finales y la producción) sean muy superiores a las de un año normal.

La materialización de la misma se haría al amparo del artículo 167 del Reglamento 1308/2013, que permite establecer normas de comercialización basadas en decisiones adoptadas por las organizaciones interprofesionales (en este caso la OIVE).

Reproducimos del documento del Ministerio los parámetros en los que debe definirse la regulación: “debe ser conocida por los operadores antes de que comience cada campaña, debe ser transparente y basada en mecanismos de desencadenamiento perfectamente definidos y conocidos, amparados en variables cuantificables, y ofrecer la necesaria seguridad jurídica y la exclusión de cualquier posible falseamiento de la competencia.”

Y no se va mucho más allá en el detalle. Habría que modificar el Real Decreto 774/2014, de manera que se pueda retirar “de forma coordinada del mercado una determinada categoría de vino sin indicación geográfica, de manera temporal o definitiva, en este último mediante destilación en alcohol bruto con fines industriales o energéticos.”

Se prevé que esta norma de regulación pueda aplicarse en la campaña 2020/2021.

Limpiando el fraude el sector también se regula.

Aún es pronto para tener un posicionamiento elaborado sobre las medidas propuestas, porque tampoco es que el Ministerio aporte demasiada información sobre las mismas. No obstante, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se va a posicionar en contra de cualquier medida, y especialmente la relacionada con la regulación de la oferta, si lo que acaba haciendo, como podría suceder, es culpabilizar de los desequilibrios del mercado casi exclusivamente a los viticultores de Castilla-La Mancha y, de manera particular, a los que han invertido en ser competitivos, en reestructuración, reconversión y regadío.

En opinión de la organización, muchos factores inciden en el desequilibrio del mercado… no sólo el que haya viticultores que tienen rendimientos muy altos en campañas muy buenas… También influye y mucho la existencia de una bolsa de fraude en el sector de los alcoholes, no sólo en el de destilación de subproductos, que ni siquiera es la más importante.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha cifra el efecto del fraude del alcohol en el mercado del vino en unos 3 millones de hectólitros, que junto con otras prácticas irregulares en los mostos y en el propio vino, podría alcanzar los 5 millones de hectolitros. El impacto de este fraude sobre el mercado del vino es, además, doble; ya que son 3-5 millones que entran el balance, cuando deberían salir del mismo.

La organización se ha reunido tanto con el Ministerio de Agricultura, como con la Consejería de Castilla-La Mancha para poner esta situación de manifiesto y reclamar una intervención feroz controladora y sancionadora para acabar con ella. Para Unión de Uniones de Castilla-La Mancha esta es la primera decisión que debería estar en la hoja de ruta del Ministerio… y también de las Comunidades Autónomas.