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Los viticultores disponen para la vendimia 2019 de un contrato homologado de venta de uva

  • El contrato recoge la obligatoriedad del pago antes de 30 días y la remisión de conflictos a la Interprofesional del Vino.
  • El precio queda “a negociar” por las partes.

Unión de Uniones informa que los viticultores tienen a su disposición para esta próxima campaña de vendimia un contrato tipo de compra-venta de uva homologado por el Ministerio de Agricultura, según el modelo que le ha propuesto la Organización Interprofesional del Vino de Mesa. La existencia de contrato escrito con carácter previo a las entregas es obligatoria, según la Ley 12/2013 de mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria, para las entregas de más de 2.500 euros; pero las partes pueden decidir acogerse a este modelo homologado o a cualquier otro, siempre que se cumplan las condiciones de la ley en cuanto a existencia de precio, plazos de pago, condiciones de entrega, duración de los acuerdos, etc… La ventaja del contrato homologado es que todos esos elementos se hayan recogidos y refleja todos los extremos que exige la Ley.

En todo caso, lo que el contrato no especifica son las cuestiones que quedan sujetas “a la negociación” entre el comprador y el vendedor, tales como el precio o las bonificaciones y depreciaciones por calidad, por ejemplo.

Una de las condiciones que están reguladas y sobre la que las partes no pueden decidir, porque están establecidas por Ley, es el plazo de pago. El pago de la uva se realizará, como muy tarde, a los 30 días contados desde la fecha de finalización de la entrega de uva. Solo en el caso de que se trata de uva que puede ir destinada a vino con DO o IGP que cuente con un sistema de validación de la cosecha, se puede aplazar un parte del pago (en concreto, la diferencia por el mayor precio correspondiente a la calidad validada). En este caso, igualmente, se deberá abonar dicha diferencia siempre dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se produzca dicha validación.

Recordamos, también la obligación de que el vendedor expida una factura al comprador antes de que transcurran 15 días de la fecha de la última entrega de uva efectuada; salvo en el caso de que el viticultor esté acogido al régimen especial del IVA para la agricultura. En este último caso será el comprador el que le haga el correspondiente recibo.

Como cuestión a tener en cuenta, entre las varias que incluye este contrato homologado, está la exigencia al viticultor de que se haya realizado el cultivo respetando toda la normativa correspondiente al uso de fitosanitarios y la posibilidad de que el comprador requiera los documentos acreditativos al respecto de ello e, incluso, que las partes realicen una toma de muestras para comprobar el estado de la uva y analizar residuos de plaguicidas.

Otra de las cuestiones que el contrato homologado incluye es un procedimiento de resolución de conflictos que, en primera instancia se haría ante la Organización Interprofesional del Vino (la entidad que ha promovido su homologación), acudiendo sólo a la vía judicial si no hay acuerdo o, acudiendo, a la Corte Española de Arbitraje.

Conviene en todo caso, echar un vistazo al contrato homologado y su contenido, aunque sólo sea como referencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el contrato homologado no determina un precio mínimo. Lo único que resuelve éste o cualquier otro contrato sujeto a la Ley 12/2013 es conocer de antemano las condiciones en las que se va a entregar la uva y, de cumplirse, acabar con la ilegal práctica de ir recogiendo remolques de uva sin haber comunicado un precio.

Unión de Uniones ya pidió a la Agencia de Información y Control Alimentaria en las reuniones que mantuvo la pasada campaña que estuviera especialmente vigilante sobre esta situación y sobre otras, también irregulares, como el incumplimiento de los plazos de pago y que antes de la vendimia se hiciese una insistente campaña de recordatorio de las obligaciones legales de contratación, ofreciendo su colaboración para ello a la Agencia. La organización insiste en la necesidad de denunciar cualquier posible infracción de la Ley y recuerda que esta se puede hacer forma anónima o a través de alguna entidad, para lo cual, Unión de Uniones se pode a disposición de los viticultores.

El sector vitivinícola perdió 49 millones de fondos europeos en 2018

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los datos publicados por la Comisión Europea sobre los niveles de ejecución financiera de los Programas de Apoyo Nacionales al sector vitivinícola, denuncia que España ha dejado sin utilizar casi un 14% de estos fondos.

Unión de Uniones, quien ya en el pasado año advirtiera de esta situación, ha puesto en evidencia cómo España se encuentra la última de otros grandes productores de su entorno, como son Francia e Italia, a pesar de ser el país que más fondos tiene asignados. Leer Más…

Agricultura matiza algunas cuestiones de la reestructuración de Viñedo en Castilla-La Mancha

reestructuración de viñedo

El pasado 14 de febrero se publicó la Orden 24/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que introduce algunas modificaciones en la tramitación y gestión de los planes de reestructuración de viñedo en Castilla-La Mancha. Desde Unión de Uniones ofrecemos un resumen de dichas modificaciones.

Algunos de los cambios son más bien matices o aclaraciones, como, por ejemplo, que no se requiera que, en las facturas para acreditar los gastos realizados, todos los costes tengan que ir especificados en forma de unidades o hectáreas, porque en las facturas que sean sólo de materiales de espaldera ese modelo puede no ser adecuado y, por lo tanto, se exceptúan. Leer Más…

Castilla-La Mancha autoriza planta injertada con material estándar para la reestructuración de viñedo con algunas variedades

reestructuración de viñedo

La excepción se permite ante la falta de planta certificada

Unión de Uniones informa que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha publicado hoy la Resolución de 29/01/2019, que establece ciertas excepciones para poder certificar en la reestructuración de la campaña 2018/2019 con planta injertada con material estándar sobre portainjerto certificado para las variedades: Bobal, Garnacha Peluda, Malbec, Malvasía, Prieto Picudo, Tinto de la Pámpana Blanca, Tinto Velasco y Verdoncho.

La excepción se pondrá en marcha a petición del interesado, de manera que si éste no desea plantar algunas de las anteriores variedades y no hay existencias de plantas certificadas, podrá solicitar autorización para hacer la plantación con material estándar.

La solicitud tiene que presentarse a través del registro electrónico de la Junta de Comunidades (para lo que es necesario disponer de algún tipo de identificación (ya sea con el sistema Cl@ve o mediante certificado de firma digital), dirigiéndola a la Dirección General de Agricultura y Ganadería. No es suficiente con solicitar la autorización, sino que hay que demostrar mediante la aportación de tres certificados de comerciantes y/o viveros de plantas de vid, de la provincia en la que se sitúa la parcela o de la provincia limítrofe, que no hay disponibilidad de planta certificada para la variedad para la que se solicita la plantación con material estándar y, en su caso, la relación de los viveros que le suministran plantas de vid a dicho comerciante, al efecto de poder realizar las comprobaciones oportunas.

La entrada al registro puede hacerse desde el siguiente enlace:

Registro Electrónico de Castilla-La Mancha

AICA sanciona a 19 empresas del sector del vino por 43 infracciones

sanciones aica

La Directora de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario), Gema Hernández, se ha dirigido por escrito a Unión de Uniones para informales del resultado de las investigaciones emprendidas por la Agencia con motivo de la denuncia presentada por la organización septiembre del pasado año debido a posibles incumplimientos de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.

En el inicio de la campaña vitícola, Unión de Uniones se reunió con la AICA para solicitarle que investigase situaciones que se pudieran estar dando de entrega de uvas sin contrato y sin conocimiento previo del precio, cuestiones ambas que constituyen infracciones de la Ley 12/2013.

Tal y como la AICA expresa en el escrito dirigido a Unión de Uniones, como resultado de las comprobaciones realizadas a raíz de la denuncia presentada, dicho organismo ha abierto un total de 19 expedientes sancionadores, al existir indicios razonables de incumplimientos de la Ley. Leer Más…

Viticultores: mañana se abre el plazo para solicitar nuevas plantaciones de viñedo

autorizaciones plantaciones viñedo

Mañana se abre el plazo para presentación para solicitar autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo, con base a las nuevas normas publicadas por el Ministerio de Agricultura a finales de octubre pasado y las de la Consejería de Agricultura recientemente establecidas a través de la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, que regula el potencial vitícola. A repartir son 4.747,50 hectáreas para toda España. Leer Más…

Publicado el nuevo Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023

Plan apoyo vitinícola 19 23

Unión de Uniones recoge en su portal aprobación por parte del Consejo de Ministros de este pasado viernes del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (PASVE), publicado en el BOE este sábado 3 de noviembre. El nuevo Real Decreto deroga el que se publicó el pasado mes de enero y “toca” algunas cuestiones fundamentalmente en la medida de promoción del vino en países terceros, en la línea de reestructuración y reconversión y en la medida de inversiones. 

Este nuevo Real Decreto tiene por objeto clarificar y adecuar la norma española a las modificaciones del Programa de Apoyo al sector vitivinícola 2019/2023 remitidas a la Comisión Europea en junio de 2018, con el fin de mejorar su aplicación, así como incluir las recomendaciones efectuadas por la Comisión Europea.

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Agricultura, las modificaciones introducidas en la medida de promoción en terceros países amplían las posibilidades del sector para reforzar acciones en los distintos mercados. Se incluye la definición de mercado de tercer país y se concreta el periodo a contabilizar para establecer la duración máxima de la ayuda. Asimismo, para mejorar la eficacia en la utilización de los fondos, se adelanta el calendario de ejecución de los programas.

En la medida de reestructuración y reconversión de viñedos se adapta el texto a las modificaciones del Programa de Apoyo que se remitieron a la Comisión, con el fin de mejorar su aplicación permitiendo pequeñas modificaciones de las solicitudes sin autorización, y se aclara la redacción de algunos artículos.

Por otra parte, en la medida de inversiones, se aclaran determinados aspectos relativos al procedimiento aplicable las modificaciones que no requieren autorización y se modifica la puntuación de los criterios de priorización de las solicitudes de ayuda en algunas comunidades autónomas. De esta manera se pretende contribuir de manera más eficaz a la finalidad de aumentar la competitividad de las empresas.

El texto hoy aprobado contiene también disposiciones que, en opinión del Ministerio, permitirán mejorar la eficacia en la utilización de los fondos.

Unión de Uniones, que tiene esta semana sendas reuniones con la Subdirección General de vitivinicultura del MAPA y con el FEGA para tratar la aplicación y la información del PASVE, está estudiando el Real Decreto y emitirá una valoración sobre el mismo próximamente. No obstante, en su momento, la organización ya presentó alegaciones a la norma, que iban fundamentalmente en el sentido de que la medida de promoción pudiera extenderse, tal y como permite la reglamentación comunitaria a las actuaciones llevadas a cabo en países de la Unión Europea; a la limitación de los proyectos de reestructuración y reconversión a un máximo de 5 hectáreas por viticultor y año, junto con un incremento de los costes subvencionables y a que las ayudas a las bodegas que realicen inversiones se condicionen al cumplimiento de la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria y, particularmente, en cuanto a información del precio y disposición del contrato previamente a la entrega de la uva.

Los pequeños viticultores se verán favorecidos con las nuevas normas de concesión de autorizaciones

Unión de Uniones subraya que desde 2001 España ha perdido 218.800 hectáreas de potencial vitícola.

El Ministerio de Agricultura publicó ayer en el BOE el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola que introduce algunos cambios en el régimen de concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo.

Entre las principales novedades se incluye como criterio de admisibilidad no tener viñedo ilegal (antes sólo era una prioridad); además de aplicarse un límite máximo de 5 hectáreas de superficie por solicitante.

Tras la desaparición desde el 1 de enero de 2016 de los derechos de plantación, el régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones es el único medio del que disponen los agricultores para ampliar la superficie de viñedo de su explotación (que no sea adquirir directamente viñas, claro). Recordamos, sin embargo, que hasta el 31 de diciembre de 2020 hay posibilidad de transformar los antiguos derechos de plantación de viñedo que se posean y tengan vigencia, en autorizaciones de replantación. Actualmente quedan algo menos de 15.000 de estos derechos para los que aún no se ha pedido la conversión.

En cuanto al mecanismo de nuevas autorizaciones está limitado anualmente a un máximo del 1 % de la superficie vitícola nacional plantada, lo que vendría a ser unas 9.500 hectáreas cada ejercicio. No obstante, el Ministerio ha dejado caer la decisión de llegar o no a ese tope a las Organización Interprofesional del Vino de España, que hasta ahora ha recomendado que se autoricen nuevas plantaciones aproximadamente por la mitad de esa superficie. Esta decisión ha sido criticada por Unión de Uniones que considera que llegar al tope no representaría mayor problema para el mercado, habida cuenta de que, además, el potencial vitícola español se ha reducido en un 18,3 % desde el 2001, habiéndose perdido casi 218.800 hectáreas.

Gráfico Potencial Vitícola España

Para 2019, deberemos conocer, según el Real Decreto ahora publicado, la decisión del cupo de nuevas plantaciones que se podrán conceder antes de acabar el año 2018 mientras que con la normativa derogada su aprobación se podía retrasar hasta enero.

Al margen de lo anterior, no hay cambios sustanciales en cuanto a plazos, procedimientos, renuncias, etc. Las principales modificaciones vienen fundamentalmente en el apartado de los criterios de admisibilidad de las solicitudes y de las prioridades con las que las mismas serán atendidas.

Así, por ejemplo, la no titularidad de viñedo no autorizado o ilegal se convierte en un criterio de admisibilidad (si se tienen no se admite la solicitud), mientras que hasta ahora era un elemento de prioridad (si se tienen hay menos posibilidades de concesión).

Se incluye, además, la posibilidad para las Comunidades Autónomas de exigir como condicional adicional a cualquier criterio de prioridad que el solicitante sea persona física que no tenga más de 40 años.

También se ha establecido un tope máximo de hasta 5 hectáreas de autorizaciones de nueva plantación por solicitante. Ahora bien, este límite sólo entra en funcionamiento si el número de solicitudes supera el cupo máximo decidido cada año de nuevas plantaciones. Si no se llega a cubrir el cupo el límite se subirá de 0,5 en 0,5 hectáreas. Unión de Uniones considera que este es un elemento positivo; aunque al haber colocado el límite en la fase de admisión, y no en la fase de concesión, como pedíamos desde nuestra organización, a nuestro juicio complica innecesariamente la gestión.

 Fuera paracaidistas.

Cabe destacarse la exhaustividad introducida en los criterios de admisibilidad, que tienen que ver no sólo con la titularidad de las superficies donde se piensa ejecutar la plantación que se solicita; sino con la demostración de la capacidad y experiencia profesional exigida (cinco años de experiencia, alta en seguridad social agraria, contar con títulos de formación…). En fin, todo ello sirve, bien de manera aislada, bien de manera conjunta, para que las autoridades competentes puedan evitar que del sistema acaben beneficiándose “paracaidistas” que quieran llegar al sector, evitando siuaciones perversas que se han dado en el pasado.

En cuanto a los criterios de prioridad, se otorgan ventajas a los viticultores profesionales con pequeña explotación, que son los más favorecidos por la nueva baremación. Una demanda del sector en Rioja y en otras CCAA. Se ha conseguido.

Ajustes y cuestiones “en blanco”

En definitiva, en opinión de Unión de Uniones, el Real Decreto (a falta de que cada Comunidad Autónoma acomode sus normas regionales al margen que les ofrece), afina bastantes cuestiones que habían representado problemas, sobre todo en zonas productiva con mucha demanda de plantaciones (porque la viña y el vino son negocio) pero hay muchas reticencias a aumentar su potencial (hablamos de Rioja, Cava, Rueda, Ribera).

Sin embargo, se podrían haber introducido algunos otros instrumentos de racionalización del sistema; por ejemplo, la regionalización del cupo máximo de nuevas plantaciones, para que cada territorio pueda desarrollar una política vitivinícola adaptada a su modelo de explotaciones de viñedo y de comercialización.

El sistema de autorizaciones de nueva plantación, y de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos a autorizaciones de replantación, lleva funcionando tres campañas y es bueno que se vaya corrigiendo las deficiencias y vicios que se han ido detectando en un mecanismo totalmente novedoso que, de momento, nos durará hasta el 2030… A partir de ahí se abre (para los que lo vean), si nada cambia, un escenario totalmente distinto… el de la liberalización total de plantaciones.

Según la OIV, la producción de vino 2018 en España ha sido un 9,5 % superior a la media de las últimas 4 campañas

Según los datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), recogidos por Unión de Uniones, tras la desastrosa vendimia de 2017, que cerró en España con una producción de vino (excluidos mostos y zumos) de 32,5 millones de hectólitros; la campaña 2018 arrojaría provisionalmente un volumen de 40,9 millones de hectólitros. Se trataría de una producción que se situaría en el entorno del 9,5 % por encima de la media de las cuatro campañas precedentes.

A nivel mundial, la OIV estaría hablando de un total de 282 millones de hectólitros, que sería un 11,6 % superior a la del último cuatrienio y la tercera más alta desde el año 2000.

Graficio producción vinoTeniendo también en cuenta que la pasada fue una de las cosechas más cortas que se conocen, en la Unión Europea (UE) la vendimia de 2018 será superior en un 19 %, con una producción de vinos, excluidos zumos y mostos, que se estima en 168,4 Mill. Hl.

En los principales países productores europeos, las estimaciones de cosecha para 2018 son superiores a las correspondientes al año pasado. En Italia, la producción aumenta en un 14 % con respecto a 2017 y se establece en 48,5 Mill. Hl, en línea con la media quinquenal. En Francia (46,4 Mill. Hl) y en España (40,9 Mill. Hl), respectivamente con un aumento en relación con 2017 del 27 % y 26 %, los niveles estimados son superiores a la media de los últimos cinco años.

En Alemania (9,8 Mill. Hl), la producción aumenta en 2,3 Mill. Hl con respecto al año anterior. Este nivel de producción sería el más elevado de los últimos diez años. En Rumanía (5,2 Mill. Hl), tras cuatro años de producción a un nivel medio, el año 2018 sería superior al nivel ya muy elevado de 2013. En Hungría (3,4 Mill. Hl) y en Austria (3,0 Mill. Hl), las producciones también serán muy buenas con respecto a los años anteriores.

Portugal y Grecia son los únicos países que experimentan una reducción de su cosecha en relación con sus volúmenes de 2017. En Portugal (5,3 Mill. Hl), las condiciones meteorológicas propicias a los ataques de mildiú y oídio han tenido un notable impacto en la producción de 2018, con una disminución del 22 % con respecto a 2017. La producción de 2018 sería la más baja de los últimos seis años. En Grecia, la producción vinificada sería de 2,2 Mill. Hl, lo que representa una disminución del 15 % con respecto a 2017. Esta producción registraría una tendencia a la baja observada desde 2003.

En los principales países productores de vinos fuera de la UE, el nivel de producción vinificada de 2018 es superior a la media de los cinco últimos años.

Estados Unidos, con 23,9 Mill. Hl vinificados (-2 % con respecto a 2017), registran por tercer año consecutivo un nivel de producción elevado, confirmando así su posición de cuarto productor mundial.

En el hemisferio sur, la producción 2018 de Chile se establece en 12,9 Mill. Hl, o sea, una producción que aumenta un 36 % con respecto a 2017. Argentina, tras dos años de producción muy escasa, vuelve en 2018 a un nivel alto (14,5 Mill. Hl, lo que representa +23 % con respecto a 2017). En Brasil, si bien el nivel de producción se encuentra en disminución con respecto a 2017 (-17 %), la producción de 2018 sigue siendo elevada (3,0 Mill. Hl).

Tabla producción vino

Los viticultores asegurados han recibido ya 48,20 millones de euros en indemnizaciones

Agroseguro ha indemnizado ya el 90% de los daños en uva de vino, que en total ascenderían a 54 millones de euros.

La superficie afectada supera las 123.600 hectáreas, lo que supone una de cada tres aseguradas.

Agroseguro ya ha abonado indemnizaciones por valor de 48,20 millones de euros, lo que supone el 90% de la estimación total para este año, que asciende, de momento, a más de 54 millones.

Durante la campaña 2018, la uva de vino se ha visto muy afectada por la adversa meteorología. Así, en mayo se produjeron heladas que afectaron fundamentalmente a las producciones situadas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en la Ribera del Duero (Burgos, Valladolid y Segovia) y en zonas puntuales de la Rioja Alta; a continuación, se produjeron reiteradas tormentas de pedrisco que comenzaron con la primavera y se alargaron durante el verano; finalmente, se han producido también importantes daños por marchitez fisiológica.

En total, se han recibido declaraciones de siniestro correspondientes a 123.620 hectáreas (el 34% del total de superficie asegurada), de las que casi 63.000 hectáreas son por pedrisco y otras 37.600 por heladas. Castilla-La Mancha es la más afectada, con 60.000 hectáreas, seguida de la Comunidad Valenciana (14.700 ha), Castilla y León (14.600 ha) y La Rioja (13.800 ha). En estas tres últimas comunidades autónomas la superficie afectada está en torno al 60% de la superficie asegurada.

Foto: Galería de Agroseguro