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Nuevo recorte del precio de la leche de vaca en marzo y 894 ganaderos de vacuno de leche menos que hace un año

El FEGA acaba de publicar su boletín de entregas de leche de vaca correspondiente al mes de marzo. En la comparativa realizada por Unión de Uniones de Castilla-La Mancha con el mes de marzo del año pasado, en España hay ahora 894 ganaderos de vacuno de leche. Quedan 14.304. En Castilla-La Mancha son solo ya 187, de los 201 que aún entregaban en marzo del 2017.

Pese a todo, las entregas de leche de vaca desde primeros de año superan los 1,8 millones de toneladas, un 3,5 % más que a las mismas fechas del año pasado. En Castilla-La Mancha la leche entregada en 2018 hasta marzo era de 63.984 toneladas, un 5,6 % más que en el mismo período de 2017.

El precio medio de la leche de vaca en España cae en marzo hasta los 0,324 €/litro, como ha venido haciendo desde noviembre del año pasado, tras las subidas experimentadas de entre julio y noviembre que llegaron a colocar la cotización en 0,335 €/litro. En el caso de Castilla-La Mancha, el valor es algo mayor en marzo que la media nacional, situándose en 0,336 €/litros, pero también retrocediendo desde finales del año pasado.

LA UNIÓN DE UNIONES CALIFICA DE NEFASTO PARA CASTILLA-LA MANCHA EL CONSEJO DE MINISTROS DEL PASADO VIERNES

palacio de la moncloa

Toledo, 15 de septiembre de 2014.- La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que los dos Reales Decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes y publicados hoy, uno sobre la destilación obligatoria y otro sobre las normas del Trasvase Tajo-Segura son contrarios a los intereses de Castilla-La Mancha en dos temas fundamentales para la región como son el vino y el agua.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes y ha publicado hoy lunes tanto el Real Decreto 773/2014 sobre normas para el trasvase Tajo-Segura, como el Real Decreto 774/2014 que establece las condiciones de la anunciada destilación obligatoria en el sector vino. Ambas normativas son perjudiciales para nuestra región.

En el caso de la destilación, las bodegas y cooperativas más afectadas serían las castellano-manchegas ya que en esta zona de producción es donde se obtuvieron en la vendimia del 2013 los rendimientos más elevados y a las que penalizará el Decreto mediante la entrega para la quema, sin ayudas, de un porcentaje de sus existencias a fecha de 31 de julio. La Unión de Uniones se pregunta porque tanta premura para aprobar y publicar el Real Decreto si desde la Consejería de Agricultura se dice que esta medida no va a ser necesaria debido a la reducción de existencias en las últimas semanas de la campaña 13/14. A este respecto, la organización matiza primero que en el Real Decreto dice textualmente en su Disposición Adicional Única que “Para la campaña 2013/2014, se aplicará la norma de comercialización cuyas características y requisitos se recogen en el anexo”, otra cosa es el volumen que pueda establecerse hasta el máximo de 4 millones de hectólitros previsto. Por otro lado, lo que desde la Consejería se llama eufemísticamente “importante esfuerzo comercial de las bodegas y cooperativas” ha sido en realidad en muchos casos una venta apresurada y a bajísimos precios para no caer en la penalización de destilación que contempla el Real Decreto publicado. El ámbito temporal del Real Decreto no se limita además sólo a esta campaña, sino que queda como una amenaza permanente que puede desencadenarse en el futuro.

Respecto del Real Decreto del Trasvase Tajo-Segura es la confirmación última de que la hipoteca que pesa sobre el río Tajo tendrán que seguir pagándola nuestros hijos, en forma de riqueza y desarrollo que se va por el canal a otras regiones. El único aspecto positivo, que es la elevación hasta los 400 Hm3 en cabecera el volumen por debajo del cual no son posibles los trasvases, queda enjugado por el mero hecho de que se le da a perpetuidad carga jurídica de derecho para el Levante a unas transferencias de recursos que hasta ahora eran una posibilidad. Debido a esto y al hecho de establecer mecanismos automáticos de fijación de los volúmenes trasvasables, el Real Decreto, que concreta el Memorándum aprobado con el acuerdo de nuestro Gobierno Autonómico, obligaría al Estado a indemnizar a los usuarios de aguas del trasvase si dichas transferencias no se cumplieran. De esta manera, se dinamita cualquier margen de maniobra para limitar los trasvases para, por ejemplo, garantizar los recursos ante una incremento de las demandas de la demarcación del Tajo o para realizar transferencias a otras demarcaciones de Castilla-La Mancha con importantes déficits hídricos como la del Alto Guadiana que tendrán que reducir sus demandas en casi un 40 % en los próximos años y en donde, además, siguen sin resolverse los 2.500 expedientes de agricultores profesionales y explotaciones prioritarias que solicitaron acogerse a la regularización en 2008.

UNION DE UNIONES DE CASTILLA-LA MANCHA CONSIDERA QUE PLANTEAR UNA DESTILACIÓN OBLIGATORIA SIN AYUDAS HA SIDO UN ERROR QUE PAGARÁN LOS VITICULTORES

Depósitos vino

España recibe de la OCM de vino proporcionalmente menos ayudas europeas que Francia e Italia.

Toledo, 24 de julio de 2014.- A medida que se van conociendo más datos acerca de la destilación obligatoria de 4 millones de hectólitros sin ayudas y los efectos sobre el mercado de su anuncio, la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se reafirma en que plantearla ha sido un error del Ministerio y quienes la apoyaron, pero que pagarán los viticultores.

La Unión de Uniones no alcanza a explicarse cómo algunas organizaciones que dicen ser representantes de los viticultores dieron su visto bueno y mantienen aún su apoyo a una medida de destilación obligatoria sin ayudas que obligará a bodegas y cooperativas a quemar vino sin precio y asumiendo además los costes de la operación.  La situación sería aún más incomprensible si, como afirma algún reputado medio especializado en el sector, la propuesta partió de alguna de las organizaciones presentes en el acuerdo y no del Ministerio.

Las  eventuales modalidades de aplicación de la medida de destilación plantean incógnitas preocupantes en cuanto a quien deberá realizar las entregas a la quema, en que volumen, como se va a identificar a los productores penalizados o si se va a distinguir entre calidades de vino y variedades, como se garantiza que el vino a quemar y el alcohol no retornan al mercado, que precio va a tener ese alcohol de uso industrial y a quien va a beneficiar su venta, etc.

En cualquier caso, el anuncio de la medida ha acabado por deteriorar al mercado, rompiéndose contratos cuya retirada aún no se había producido y haciéndose operaciones tirando el precio con el fin de reducir existencias y no verse forzados a regalar vino pagando además el coste del transporte y la quema. Por otro lado, pese a todas las incógnitas, lo que parece bastante claro es que las cooperativas y bodegas acabarán repercutiendo el coste de la medida a los viticultores ya sea en las liquidaciones de la pasada campaña o en el precio de la siguiente.

Las consecuencias del error van a ser muy difíciles de reparar y, desde luego, la Unión de Uniones no confía en absoluto en que este papel lo vaya a cumplir la anunciada Interprofesional, en cuya constitución el Ministerio va a reconocer sin exigencias de representación sectorial, a algunos de los protagonistas de dicho error que, además, eran los mismos que se sentaban en la Interprofesional del Vino de Mesa a la que el Ministerio revocó en noviembre del año pasado el reconocimiento por su inactividad.

Impulsar una Interprofesional desde la precipitación para encubrir, con titulares de prensa y con la complicidad de ciertas organizaciones, la incapacidad política o presupuestaria del Ministerio para apoyar al sector en una situación crítica, es abocarla al fracaso desde su nacimiento.

Más planificación y menos acusaciones.

Lo que deberían haber impulsado el Ministerio y la Consejería de Agricultura hace mucho tiempo, desde su responsabilidad como poderes públicos y sus competencias de gobierno, es una planificación estratégica de un sector del interés económico y social del vitivinícola. Planificación estratégica que abra el debate del control de rendimientos, pero también, entre otras cuestiones, del equilibrado reparto del valor añadido generado el sector, de la trazabilidad de los productos importados y de su cuestionable necesidad para el abastecimiento de las necesidades, de priorizar a las empresas comprometidas con el desarrollo económico de nuestra región y nuestros pueblos, de la justa remuneración de la calidad, de las no agresiones legislativas a este producto emblemático del medio agrario, del impune incumplimiento de los contratos desde las posiciones de dominio del mercado, de la contribución de la rama restauración a una mejor comercialización, etc.

Una falta de planificación estratégica que el Ministerio pretende ocultar recordando las cantidades destinadas al sector a través de la OCM, como si el resto de países productores europeos no recibiera de la Unión Europea apoyos similares. De hecho, el coste de la OCM en España es comparativamente menor en función de la superficie (326 €/Ha, incluyendo pagos directos) que en nuestros vecinos de Francia (340 €/Ha.) e Italia (422 €/Ha.); cuando, además, no se trataría tanto del que es capaz de gestionar la Administración sino de diseñar unos mecanismos de la OCM (vendimia en verde, reestructuración, eventuales destilaciones, promoción, inversiones, etc…) que se pongan al servicio de la planificación estratégica sectorial y no que acaben convertidos en un arma arrojadiza acusatoria contra los propios viticultores.