La Unión de Uniones considera que la cotización a la Interprofesional del vino es de dudosa legalidad y una derrama inútil

Ante la intención de la Interprofesional Vitivinícola de recaudar del sector 17,1 millones de euros mediante extensión de norma…

La organización reclama al ministerio que revise la legitimidad de la interprofesional del vino y que no se repercutan descuentos en el precio de la uva.

Madrid, 19 de agosto de 2015.- La Unión de Uniones reclama al Ministerio que exija a los miembros de la Interprofesional del Vino que acrediten de forma fidedigna, y no por un mero reconocimiento mutuo de partes, el respaldo con el que cuentan entre viticultores, cooperativas e industrias para recaudar del sector 5,7 millones de euros anuales en el período 2016 a 2018 mediante la extensión de norma que recientemente ha acordado. En cualquier caso, la organización considera que esta cotización, a la que pretenden obligar a los productores de vino, no debe acabar repercutiéndose sobre los viticultores y pide a la AICA que vigile que no se descuente del precio de la uva.

Tanto la Ley como el Reglamento de Interprofesionales, así como la normativa comunitaria, establecen específicamente que las organizaciones interprofesionales deberán contar con determinado respaldo de cada una de las ramas y del conjunto del sector tanto para ser reconocidas como para aprobar extensiones de norma que afecten a todos los operadores del mismo. La Organización Interprofesional del Vino de España se constituyó mediante un acuerdo de reconocimiento mutuo de las entidades fundadoras y ha decidido la aplicación de una extensión de norma sin acreditar de manera fehaciente que se cumplen los mínimos de representatividad requeridos. Unión de Unión pide al Ministerio, que debe ser garante del cumplimiento de la legalidad, que exija a las entidades miembros de la Interprofesional que certifiquen documentalmente de forma fidedigna el cumplimiento los requisitos de representación para recaudar de todo el sector y manejar en los próximos 3 años una importante cifra estimada en el entorno de los 17,1 millones de euros (2.845 millones de las antiguas pesetas).

Por otro lado, según el acuerdo, los obligados al pago de la cotización serían los productores de vino. El monto principal de la misma iría a promoción para aumentar el consumo de vino en España de manera responsable. Unión de Uniones considera que, en cualquier caso y como consecuencia de ello, son los productores de vino quienes deben asumir íntegramente dicho coste sin repercutir el mismo sobre sus proveedores de uva, los viticultores, y que, en el caso de las cooperativas, éstas deben informar a sus socios de manera veraz y transparente de las consecuencias que la cotización de la interprofesional tendría sobre las liquidaciones de uva.

Si el Ministerio aprueba finalmente la extensión de norma, la organización examinará detenidamente el procedimiento de autorización y, en caso de no respetarse escrupulosamente las garantías exigidas por las normas nacionales y la reglamentación comunitaria adoptará las medidas que estime oportunas en defensa de los viticultores, incluida la posible denuncia a las autoridades de la Unión Europea de la extensión de norma aprobada.

Igualmente, en previsión de la aplicación de la recaudación derivada de la misma, la Unión de Uniones pedirá a la Agencia de Información y Control Alimentario, a quien la Interprofesional encomendaría mediante convenio el seguimiento y control de las aportaciones económicas de los productores de vino, que vigile que éstos no acaben repercutiéndolas en descuentos explícitos o implícitos sobre el precio de la uva pagado a los viticultores.

Una derrama inútil

Además, la Unión de Uniones pone muy en duda las bondades que este tipo de acuerdos recaudatorios pueda tener sobre los ingresos de los productores, que es la principal preocupación de la organización. De hecho, la experiencia en otros sectores como el lácteo, sumido en una profunda crisis y para el que la Interprofesional INLAC va a detraer entre 2013 y 2015 del orden de 2,8 millones de euros, demuestra que las cantidades descontadas a los ganaderos no han tenido ningún efecto positivo sobre la mejora del mercado, ni sobre su estabilidad, ni sobre su transparencia, ni sobre sobre el reparto equilibrado del valor añadido a lo largo de la cadena.

De ahí que demande del Ministerio que, como mínimo, garantice indubitablemente la legitimidad y representatividad de las Interprofesionales para ponerlas en marcha y no sea cómplice de las entidades que cargan al sector productor, afectado de una evolución negativa de su renta, con derramas inútiles.

Por último la organización quiere recordar a que con los mismos interlocutores y objetivos le fue retirado el reconocimiento por el actual gobierno a una interprofesional similar  en noviembre de 2013.

Para más Información: Joan Santó, 619432115. Responsable Sectorial Estatal Vitivinícola de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos

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