Unión de Uniones señala que el modo de aplicación de la PAC en España es un obstáculo para los jóvenes

Los jóvenes españoles ven más dificultades que sus homólogos europeos para instalarse en la actividad agraria

La Unión de Uniones considera que los recursos reservados para complementar el pago a jóvenes agricultores aprobados en la pasada Reforma de la PAC, es positivo pero no salva su principal obstáculo que es el acceso a una base territorial para constituir su explotación y a las ayudas y subvenciones. En España los jóvenes agricultores encuentran, además, mayores dificultades que en el resto de países comunitarios en el ejercicio de la actividad, lo que da lugar a que en nuestro país el número de jóvenes agricultores esté por debajo de la media comunitaria.

Según el estudio encargado por la Comisión Europea sobre necesidades de los jóvenes agricultores, estos identifican mayoritariamente (por encima de un 60 %) como uno de sus principales problemas la falta de disponibilidad de tierras, tanto en compra como en arrendamiento, para poder formar una explotación con una base territorial suficiente. En el caso de España, representa una menor dificultad en el caso de la compra de tierras (en el entorno del 55 % de los jóvenes consultados), mientras que encuentran en el arrendamiento obstáculos similares.

Sin embargo, en el resto de necesidades evaluadas, los jóvenes españoles tienen una percepción mucho más acusada que la media de sus homológicos europeos. Es llamativo especialmente el acceso a las ayudas y subvenciones, para las que un 70 % de los encuestados en nuestro país es un problema, reduciéndose esta cifra a menos del 40 % en otras regiones.

La disponibilidad de crédito representa también para los jóvenes de España una barrera más difícil de superar que en la media comunitaria, ya que un 57 % lo considera aquí un problema, mientras que tan sólo lo supone para un 35 % de los jóvenes comunitarios.

En general, salvo en las cuestiones relacionadas con la disponibilidad de mano de obra, en nuestro país los jóvenes aprecian que encuentran mayores inconvenientes en el ejercido de la actividad agraria en cuestiones como la disposición de maquinaria, las normas legales y de herencia o el acceso a la formación, información y asesoramiento.

Esto puede explicar que el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores aporte el dato de que los jóvenes agricultores representan sólo el 5,3 %, mientras que en el conjunto de la UE son el 6,5%, llegando en algunos países hasta el 14%.

La Unión de Uniones considera que el haber reservado una parte del presupuesto para complementar los pagos por explotación y el reparto de derechos de la Reserva puede venir a aliviar en parte, la dificultad de acceso a las ayudas manifestada por los jóvenes. No obstante tanto el procedimiento de asignación de derechos, que mantiene en buena parte las referencias históricas, como la definición de agricultor activo y la no implantación de techos por explotación, implica que un importante número de beneficiarios de la PAC, y entre ellos más de un 30 % de jubilados con exiguas pensiones en muchos casos y un pequeño porcentaje de grandes perceptores que concentran un importante volumen de ayudas, bloquean el relevo generacional del sector al no desprenderse ni de sus explotaciones, ni de sus derechos de pago.

Este sistema de pagos, junto con la  supresión de los programas de cese anticipado ligados a las incorporaciones de jóvenes, está interfiriendo con las medidas de instalación puestas en marcha en los programas de desarrollo rural, como lo demuestra el hecho de que, a falta de otros más recientes, el FEGA cifraba en 2010 que sólo 41.700 beneficiarios PAC estaban por debajo de los 35 años de edad (el 4,7 %, con el 6,3 % de ayudas), mientras que en 2012 su número había descendido a apenas 28.000 (el 3,41 %, con el 5,1 % de ayudas).

La Unión de Uniones considera una incoherencia más de la Política Agrícola Común el que por un lado se invierta en facilitar a los jóvenes su instalación en el sector mediante su segundo Pilar y que a través del primero se fije un rígido sistema de derechos de pago que impide su acceso tanto a estos como a las tierras sobre los que deben justificarse. En su último documento remitido por Unión de Uniones a los Europarlamentarios de la Comisión de Agricultura de cara a la fijación de la agenda de trabajo de la Comisión, la organización ha llamado a reflexionar sobre esta situación.