Así nos controlarán la Condicionalidad de las Ayudas PAC en 2017

El FEGA ha actualizado su circular de coordinación (la 3/2017) que establece para la campaña PAC 2017 el plan de controles y los criterios para la aplicación de penalizaciones derivadas del incumplimiento de la condicionalidad. También se publicó hace unos días el informe sobre los resultados de los controles del año 2015 (son los datos más recientes).

Recogemos a continuación (en términos divulgativos) los principales elementos de los controles (no sobre los requisitos y normas a cumplir, sino sobre los procedimientos con los que se realizan los mismos), de las penalizaciones que pueden aplicarse sobre las ayudas, así como los resultados de los controles del año 2015.

Condicionalidad de las ayudas agrarias.

Como es conocido las ayudas directas de la PAC, así como las ayudas agroambientales y a la agricultura ecológica y la reestructuración o reconversión del viñedo (éstas últimas solo los tres años siguientes a la recepción de la ayuda) están sujetas a la llamada “condicionalidad” que obliga al respeto de determinadas normas y requisitos en los ámbitos de: medioambiente, cambio climático, buenas condiciones agrícolas de la tierra, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal.

En el conjunto de todos esos ámbitos, el número de requisitos y normas que se deben cumplir en todos los ámbitos citados se elevan a 133, que se encuentran detallados en la circular en un anexo en forma de tabla.

Los pequeños agricultores exentos.

Conviene recordar que los acogidos al régimen de pequeños agricultores por recibir ayudas directas inferiores a los 1.250 euros anuales están exentos del cumplimiento de la condicionalidad, pero sólo para los pagos directos. Si hay pequeño agricultor que se acoge a alguna de las otras ayudas (agroambientales, ecológica o reestructuración), sí que estará obligado a respetarla y, en su caso, podrá ser penalizado en esas ayudas.

¿A cuántos se controla?

Las comunidades autónomas podrán efectuar los controles administrativos que estimen oportunos para cerciorarse de que se observa la condicionalidad, pero el FEGA lo que establece son las normas mínimas de los controles sobre el terreno (que incluyen los de teledetección) que deben realizar los organismos especializados de control a la que cada Consejería tiene encomendada la vigilancia de la condicionalidad. En el caso de Castilla-La Mancha son dos: el Servicio de Ganadería de la Dirección General de Agricultura y Ganadería y el Servicio Técnico de Condicionalidad de la Secretaría General.

Estos organismos de control están obligados a realizar inspecciones al menos en un 1 % de los beneficiarios de las líneas de ayudas mencionadas. En el conjunto de España el número de beneficiarios (que no son pequeños agricultores) de estas ayudas estaría en el entorno de los 540.000, luego obligatoriamente se deberían realizar como mínimo a nivel estatal unos 5.400 controles. Para Castilla-La Mancha, estaríamos hablando de unos 82.000 beneficiarios y, por lo tanto, del orden de 820 controles. No obstante, suelen hacerse más cada año. De hecho, en 2015, que es el último año del que el FEGA ha publicado de momento los resultados de la condicionalidad, en España se hicieron casi 13.000 controles y en Castilla-La Mancha más de 1.200, debido en parte a que las normas de identificación y registro de animales tienen fijados porcentajes más altos de control (3 % de las explotaciones de vacuno, ovino y caprino y 5 % de animales de ovino y caprino). También influye el hecho que para un determinado requisito en un año concreto se haya detectado un importante grado de incumplimiento, en cuyo caso se incrementaran los controles para dicho requisito en el siguiente año.

Los controles de condicionalidad pueden hacerse sobre beneficiarios a los que ya se les realicen controles por otros motivos y normas o bien que sean beneficiarios distintos.

La muestra que se toma para hacer los controles no es exactamente aleatoria (sólo es aleatoria hasta en un máximo del 25% de los beneficiarios) sino que una parte de los mismos se selecciona mediante un análisis de riesgos en el que queden representados todos los ámbitos a verificar de la condicionalidad. Entre estos riesgos se consideran: denuncias, incumplimientos en dos campañas anteriores, explotaciones en Red Natura 2000 o en zonas vulnerables a contaminación por nitratos, regadíos, explotaciones sobre acuíferos sobreexplotados, explotaciones de mayor dimensión o con mayor número de especies ganaderas, proximidad a cursos o puntos de agua, pendiente del 15% o más, zonas con riesgo de erosión, presencia de elementos del paisaje (setos, árboles, charcas, islas de vegetación natural o rocas…), cultivos abandonados o explotaciones que nunca hayan recibido controles. Explotaciones con alguna o varias de estas características tienen más probabilidades de ser seleccionadas para un control que otras, y una vez que entran en el filtro, ya no pueden ser sustituidas.

Por otro lado, explotaciones que ya han tenido inspecciones en las dos campañas anteriores y no se les ha detectado incumplimiento, no están libres, pero tendrán menos probabilidades de entrar en la muestra.

¿Cómo son los controles?

Los controles sobre el terreno se realizarán sobre la totalidad de la explotación, pero la inspección de campo no tiene por qué hacerse sobre todas las parcelas. En principio es suficiente una muestra de la mitad de las parcelas afectadas por los requisitos controlados, salvo que se detecten incumplimientos, en cuyo caso sí que se inspeccionará en campo el 100% de las parcelas.

Cuando se trata de inspecciones sobre identificación y registro de animales, también se podrá tomar una muestra representativa (para no examinar a todo el rebaño), cuando se trate de ganaderías de ovino y caprino de más de 40 animales y de vacuno de más de 26.

Siempre que sea posible los controles deben realizarse en presencia del beneficiario (titular, cónyuge o representante acreditado). En el caso de que se impida por parte del beneficio o su representante que se realice el control, se rechazará la solicitud de ayuda o pago (salvo casos de fuerza mayor).

El control puede hacerse sin previo aviso o bien ser comunicado con una antelación mínima de 14 días si no se compromete el objetivo de control; salvo si se trata de inspecciones relacionadas con el ganado en las que el anuncio nunca se hará con más de 48 horas de antelación (excepto casos justificados).

Tras cada control pueden levantarse una o varias actas (según la explotación y las inspecciones realizadas). El beneficiario en principio firmará el acta incluyendo todas aquellas alegaciones u observaciones que considere oportunas. También puede negarse a la firma, pero ello no invalida el control.

En el acta deben aparecer los requisitos controlados, así como los motivos (en su caso) de que no haya sido posible controlar alguna de las normas y si se han observado o no incumplimientos. El controlador indicará los aspectos necesarios para valorar la gravedad, alcance, persistencia o reiteración del incumplimiento (que son circunstancias que aumentan las sanciones) y cómo se han realizado los controles, junto con las observaciones que considere. El acta es el que servirá para que el organismo especializado de la Comunidad Autónoma elabore (en el plazo de un mes, ampliable a tres) el informe que se remitirá al organismo pagador para que adopte las decisiones oportunas sobre posibles penalizaciones).

Puede que, incluso sin haber tenido controles específicos de condicionalidad se tengan penalizaciones por incumplimientos si en los controles de admisibilidad (es decir, los que se realizan para ver si se cumplen las condiciones para tener derecho a una ayuda) u otros se detectan fallos de condicionalidad.

Penalizaciones

Si no se respetan las normas de condicionalidad y el resultado es imputable al beneficiario de la ayuda o pago, dará lugar a una penalización sobre los pagos que se le hayan concedido o que vayan a concedérsele por las ayudas solicitadas en el año en que se haya detectado el incumplimiento o, en su caso, por las solicitudes de reestructuración de viñedo.

Para cuantificar las penalizaciones se atenderá a su gravedad (A Leve, B Grave, C Muy Grave); Alcance de las repercusiones (A sólo la explotación, B fuera de la explotación); Persistencia de los efectos (A sin efectos o menos de un año, B subsanables más de un año, C no subsanables).

El porcentaje de la reducción de la ayuda dependerá de la combinación de estos criterios y pueden ir desde el 1% al 5%.

Además, si existe reiteración en el incumplimiento, en la primera reiteración que se produzca la reducción aplicada se multiplicará por tres. En caso de más reiteraciones se volverá a multiplicar por tres, hasta que llegue a alcanzarse una reducción del 15 % de las ayudas; porcentaje a partir del cual, la administración considera que hay ya “intencionalidad”.

Si por este motivo, o por otros (manipulación de equipos o sistemas, falsificación de documentos u ocultación a la autoridad de animales enfermos o maltratados) se aprecia que hay intencionalidad en el incumplimiento, las penalizaciones ya pueden ser más importantes y pueden quedarse en el 15 %, subir al 20 % o incluso llegar al 100%, en función de la gravedad, el alcance y la persistencia de los incumplimientos. Igualmente en caso de incumplimientos deliberados, se puede llegar a decidir la exclusión de uno o varios regímenes de ayuda y aplicar la misma durante uno o varios años.

La alerta rápida.

Para los casos de incumplimiento de la condicionalidad de escasa gravedad (Gravedad A Leve, Alcance A solo la explotación; Persistencia de efectos A sin efectos o inferior a un año), se pondrá en marcha (a criterio de la Comunidad Autónoma) el sistema de “alerta rápida” que es uno de los elementos de simplificación que se introdujeron en la PAC. Consiste en que este tipo de infracciones menores no tienen por qué ser sancionadas. Simplemente se le notificará al interesado, en un plazo de tres meses desde el control sobre el terreno, la deficiencia observada y la necesidad de corregirla en un plazo determinado. Si dichas medidas se adoptan, no habrá lugar a sanción. No obstante, en tres años se podrá comprobar si efectivamente se han tomado o no las medidas correctoras y aplicar sanciones retroactivas del 1%, las que corresponda si se observa reiteración en el cumplimiento. Este sistema Castilla-La Mancha no lo aplicó, por ejemplo, en 2015.

Donde se falla.

En España, según el informe del FEGA del año 2015, el último publicado, en España el número de beneficiarios afectados por las normas de condicionalidad fue de 543.775, realizándose un total de 12.064 controles sobre el terreno, habiéndose detectado un total de 5.650 incumplimientos, de los cuales 2.834 se detectaron en los controles sobre el terreno, 2.040 en los controles de admisibilidad y el resto en otro tipo de controles. En resumen, se controló al 2,2 % de los beneficiarios, y sobre estos, los incumplimientos alcanzaron un porcentaje de casi el 21,%.

A nivel estatal los incumplimientos más frecuentes han tenido que ver con: la protección del suelo (601); la seguridad, higiene y trazabilidad de la alimentación animal (599), la acreditación de los derechos de uso del agua (421); el uso adecuado de los productos fitosanitarios; la identificación y registro de animales vacunos (410) y la identificación y registro de ovino y caprino (371).

A nivel del Estado, el volumen total de pagos que pudieron verse afectado por la condicionalidad ascendió a 4.363,6 millones de euros, ascendiendo las penalizaciones a 1,9 millones de euros.

Castilla-La Mancha sanciones de 477.00o € en 2015.

En Castilla-La Mancha, los beneficiarios afectados por condicionalidad fueron en 2015 (últimos datos publicados por el FEGA) 82.779, habiéndose realizado en total 1.211 controles sobre el terreno, de los cuales en 597 se detectaron incumplimientos. O sea, se controló a cerca del 1,5 % de los beneficiarios y el porcentaje de incumplimientos sobre estos fue del 32,8% en la muestra procedente del  análisis de riesgo y el 21,2% en la muestra aleatoria.

Los incumplimientos más frecuentes en nuestra región estuvieron relacionados con: la acreditación de los derechos del uso de agua (185); prácticas de protección del agua contra contaminación por nitratos en zonas vulnerables (89) y el uso adecuado de productos fitosanitarios (57).

Del total de 601,2 millones de euros que supuso en 2015 el volumen total de ayudas sometidas a condicionalidad, las reducciones aplicadas por incumplimientos ascendieron a 476.888 euros. Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha fueron los más penalizados en 2015.

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