Las Cortes de Castilla-La Mancha «se comprometen» a impulsar la agricultura ecológica contra el cambio climático y ayudas a la actividad agraria en espacios protegidos

En su Declaración Institucional de Emergencia Climática de Castilla-La Mancha, aprobada ayer en la Cámara regional, los Diputados, entre los diversos compromisos que se enumeran para contribuir a la lucha contra el cambio climático y minimizar sus consecuencias, se expresan a favor de impulsar la agricultura ecológica, así como la de proximidad, y también a favor de prever mecanismos compensatorios para que las declaraciones de protección medioambiental sobre determinadas áreas no supongan perjuicio al desarrollo económico de explotaciones agrícolas y ganaderas. Una «nueva cultura del agua», basada en su adecuada gestión y en el impulso a las infraestructuras, es otro de los compromisos contenido en la Declaración.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha recibe positivamente la Declaración Institucional de las Cortes, y desearía que no se quedará simplemente en eso y que sirviera para  que el Gobierno autonómico tome conciencia y corrija, lo que a juicio de la organización, han sido graves errores cometidos en la anterior legislatura, precisamente en estas dos cuestiones: con un recorte de las ayudas traumático para la agricultura ecológica y con la cuestionable implantación de Planes de Gestión de las zonas de la Red Natura 2000, que imponen restricciones y limitaciones a la actividad agraria, sin contar con los necesarios fondos para compensarlas.

Los tres grupos representados en el parlamento regional, Socialista, Popular y Ciudadanos, han consensuado ayer, 26 de septiembre, una declaración institucional sobre emergencia climática que ha sido leída por el secretario primero de la Mesa, Ángel Tomás Godoy, en el propio Salón de Plenos, de manera previa al inicio del debate del orden del día. Esta iniciativa se enmarca en la Cumbre del Clima de Nueva York de esta semana y remite a los compromisos adoptados por el Acuerdo de París de 2015, ratificado por España en 2017.

Los diputados parten  de asumir que existe una situación de «emergencia climática», a nivel mundial, y que nuestra región será una de las que sufrirá las consecuencias del cambio climático con severidad, por lo que resulta imprescindible adoptar medidas para que las políticas llevadas a cabo en todos los ámbitos contribuyan a luchar contra el proceso y a paliar sus efectos sobre la población y el medio ambiente.

Esto se ha traducido en la ratificación de una Declaración que asume hasta 18 puntos, que afectan a todas las facetas de la economía: energía, movilidad, educación, agua… y también, por supuesto, agricultura con sus interacciones con el medio ambiente.

Unión de Uniones comparte, y acoge positivamente, los compromisos enunciados por las Cortes en lo que respecta al impulso de la agricultura ecológica y la previsión de compensaciones a la actividad agraria para que no se vea alterada por la declaración de espacios protegidos; pero desearía que realmente la Declaración sea un «compromiso» de todos los diputados que la han votado para hacer realidad esas dos premisas.

Por desgracia, en la anterior legislatura ya asistimos a Resoluciones sobre agricultura ecológica que instaban al Gobierno a tomar medidas para apoyar a los agricultores ecológicos y que fueron ignoradas por el Ejecutivo. También hemos conocido como, desde el Gobierno regional, se introdujeron en algunos ejercicios, sin dar cuenta a nadie, cambios importantes en los créditos presupuestarios que dejaron en papel mojado las partidas que la Cámara aprobó por Ley para dotar de más fondos a la agricultura ecológica.

En cuanto a lo de «aumentar e impulsar las inversiones en infraestructuras que garanticen el uso sostenible del agua, como recursos vital» para la región, ya nos contentaríamos con que se ejecutasen las que se presupuestan, porque el capítulo de inversiones del presupuesto de agricultura presenta niveles de realización vergonzosos año tras año. De los últimos ejercicios el mejor fue el 2015, cuando se llegó al 65%, pero en años posteriores (de los que hay datos completos) solo se ha gastado el 26% o el 30%.

Insistimos… de nada sirve aprobar Leyes de presupuestos (o Resoluciones o Declaraciones) si no se cumplen, ni se vela desde las Cortes para que se respeten.

Hacer Declaraciones como está sale gratis, pero habrá que ver si en su trabajo diario en Cortes durante la legislatura, los diputados que se han comprometido personalmente con su voto, están dispuestos a ejercer el poder legislativo para que se haga realidad.

A continuación ofrecemos el contenido integro de la Declaración.

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA DE CASTILLA-LA MANCHA

La declaración de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático celebrada en París en 2015 (COP 21), estableció unos objetivos vinculantes para los 195 países firmantes a través de un plan de acción mundial para limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de 2ºC y lo más cerca posible de los 1,5ºC. La Unión Europea asumió los compromisos del Acuerdo de París en la Decisión (EU) 2016/1841 del Consejo de 5 de octubre y España ratificó el citado acuerdo en 2017 (BOE núm. 28, de 2 de febrero de 2017).

En Castilla-La Mancha, los informes elaborados sobre los impactos del cambio climático han puesto de manifiesto que la temperatura media regional se ha incrementado 1,4ºC en los últimos 40 años, y que las precipitaciones se han reducido de manera importante. De forma paralela, se ha incrementado la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como tormentas, sequías, precipitaciones intensas y, especialmente, olas de calor. Estos cambios en el clima están induciendo respuestas, que cada vez se observan con mayor frecuencia, en nuestros ecosistemas, en la alteración y disminución de nuestra biodiversidad y en el propio sistema productivo.

Castilla-La Mancha, consciente de la importancia que el cambio climático tiene a escala ambiental, social y económica, ha puesto en marcha políticas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en la región. De este modo, en la actualidad se ha conseguido una reducción del 34% respecto a 2005. Además, está llevando a cabo políticas de adaptación en todos los sectores socioeconómicos con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de nuestra economía y contribuir a alcanzar los objetivos comunes a nivel nacional y europeo.

El cambio climático no entiende de fronteras y las consecuencias derivadas del mismo ya son palpables a todos los niveles en todas las partes del mundo. Teniendo en cuenta que España y por tanto Castilla-La Mancha van a ser unas de las zonas donde los efectos serán más acuciantes, esta institución apuesta decididamente por llevar a cabo medidas y políticas que limiten estos impactos y que potencien la resiliencia de la región.

Por otro lado, la sociedad civil, cada vez más concienciada con el respeto al medio ambiente y la necesidad de limitar los efectos antropogénicos sobre el medio natural, está exigiendo a los gobiernos de todo el mundo que lleven a cabo medidas efectivas para ello.

Reconociendo, por tanto, la necesidad de dar una respuesta urgente y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, de responder a las exigencias de la sociedad y de cumplir los acuerdos adquiridos a escala internacional, conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, las Cortes de Castilla-La Mancha, ratifica la presente Declaración de Emergencia Climática con los siguientes compromisos:

1. Contribuir de forma efectiva con sus políticas a frenar la amenaza que entraña el cambio climático mediante la reducción de gases de efecto invernadero, aprovechando esta oportunidad para transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

2. Desarrollar la Estrategia Regional de Cambio Climático, Horizontes 2020 y 2030 (aprobada por Orden 4/2019, de 18 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural), y revisar la normativa regional para adaptarla para su cumplimiento.

3. Emprender y aprobar las reformas legales y medidas necesarias, apostando decididamente por la transición de una economía lineal a una circular.

4. Aprobar las normas que sean precisas sobre cambio climático en el marco de la legislación básica estatal, de la Unión Europea y de los acuerdos internacionales, con el fin de implementar políticas efectivas de reducción de los impactos, la adaptación y la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI). En la elaboración se fomentará la participación activa de la sociedad y los agentes sociales implicados, basándose en los mejores dictámenes científicos.

5. Fomentar una transición energética justa socialmente y responsable con la biodiversidad en el marco de una planificación regional basada en el modelo definido en la actual Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, promoviendo su modificación, si fuera necesario, para adaptarla a las nuevas exigencias de la Unión Europea, fomentando el autoconsumo y reduciendo la demanda de energía.

6. Impulsar el Plan de fomento de las energías renovables y el autoconsumo en el sector público de Castilla-La Mancha.

7. Seguir avanzando en el desarrollo de modelos de movilidad sostenible mediante el fomento del transporte público y el uso de la bicicleta, así como de vehículos de bajas emisiones.

8. Apoyar la gestión del territorio frenando la erosión y recuperando la tierra fértil y los ecosistemas, protegiendo la biodiversidad y reforzando la silvicultura adaptativa y sostenible que garantice la conservación de los sumideros de carbono. Y por el papel fundamental que desempeñan estos últimos ante el reto climático, desarrollar y aplicar políticas para cartografiar, dimensionar, divulgar y, en su caso, restaurar los principales sumideros naturales de carbono de la región, siempre de acuerdo con otros objetivos para las áreas identificadas.

9. Aumentar e impulsar las inversiones en infraestructuras que garanticen el uso sostenible del agua como recurso vital para Castilla-La Mancha, siendo necesario el desarrollo de una nueva cultura del agua donde la gestión adecuada y la reducción de la huella hídrica puedan garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema productivo y el mantenimiento de los ciclos y ecosistemas naturales que garantizan su regeneración.

10. Situar al sector agroalimentario castellano manchego como referente en calidad y sostenibilidad, impulsando la agricultura ecológica, de proximidad y circuitos cortos de comercialización, incentivando su resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático a través de la investigación, el desarrollo, la innovación. Para ello se presentará atención a la demanda de agua en el marco de la normativa europea en esta materia, así como en cuestión de biodiversidad, formación y asesoramiento técnico.

11. Continuar con la mejora de la prevención frente a nuevos riesgos derivados de desastres climáticos y reducir los ya existentes a través de la aplicación del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

12. Proseguir con los estudios necesarios para constatar los efectos y el impacto del cambio climático sobre el medio ambiente, la salud o los bienes y reducir su vulnerabilidad.

13. Fomentar la conciencia social, especialmente en edades tempranas, para la sensibilización sobre el cambio climático y sus efectos, mediante la implementación de medidas preventivas desde la educación.

14. Identificar y apoyar a los sectores económicos y sociales vulnerables, bien por los efectos del cambio climático sobre éstos o bien por la transición hacia modelos productivos de bajas emisiones, con especial atención al tercer sector y al medio rural, de modo que las declaraciones de protección medioambiental no supongan perjuicio al desarrollo económico de explotaciones agrícolas y ganaderas, previendo posibles mecanismos compensatorios. Se prestará especial atención al mantenimiento y fomento del empleo en dichos sectores. Asimismo, se estima conveniente una consideración especial de las zonas afectadas por la despoblación.

15. Orientar las acciones de cooperación internacional al desarrollo hacia la convergencia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030.

16. Incorporar la perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático, de modo que mujeres y hombres contribuyamos por igual a responder ante este desafío común.

17. Colaborar y promover este compromiso entre el resto de administraciones, otras entidades y agentes, incluidos municipios (impulsando su adhesión al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible), diputaciones y mancomunidades para llevar a cabo medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

18. Solicitar a la Conferencia estatal de Presidentes que aborden la emergencia climática y biodiversidad.