España pide a la UE más almacenamiento de aceite y fondos de compensación al vino y aceitunas, frente a los aranceles USA

España y Francia han llevado al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que se celebra en Bruselas ayer lunes y hoy martes, 16 y 17 de diciembre, un documento común para instar a la Comisión Europea a actuar en relación a la cuestión de los aranceles de EEUU impuestos a los productos agroalimentarios europeos. Fundamentalmente ambos países solicitan a la Comisión un fondo de compensación para el sector del vino y de las aceitunas de mesa y un incremento de los fondos destinados al almacenamiento privado para el sector del aceite de oliva.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que desde España no se hicieron los deberes cuando correspondía y ahora, acudiendo a nuestro sabio refranero «A burro muerto… la cebada al rabo»; porque, además, al margen del apoyo referido por el Ministro de Agricultura que habrían tenido estas demandas por parte de hasta 8 Estados miembros más, tampoco han transcendido en los documentos oficiales del Consejo que se haya impulsado de momento ninguna decisión al respecto.

En el documento conjunto, los Ministros de Agricultura de Francia y España consideran que la unidad de acción de los países de la Unión Europea es esencial para contrarrestar esta situación e instan a la Comisión Europea a actuar con firmeza en la búsqueda de soluciones negociadas e intensificar las acciones para promover el comercio internacional estable y basado en normas.

Francia y España agradecen a la Comisión Europea las iniciativas tomadas hasta ahora en relación con los sectores del aceite de oliva y el vino relativas a la ayuda para el almacenamiento privado en primer caso y la flexibilidad y el aumento en el porcentaje de financiación comunitaria para programas de promoción del vino en segundo plano.

Sin embargo, en opinión de ambos países, estas medidas son aún insuficientes y estiman necesario proporcionar fondos adicionales y activar todos los instrumentos de la OCM única para todos los sectores afectados.

En particular, la cantidad de ayuda al almacenamiento privado para el sector del aceite de oliva debe incrementarse, mientras que el sector del vino y de las aceitunas de mesa necesitan un apoyo excepcional de la UE que podría adoptar la forma de un fondo de compensación. Las pequeñas industrias de fabricación de queso con indicaciones geográficas, que tienen uno de sus principales clientes en el mercado estadounidense, tampoco deben olvidarse.

Algo habrá que cambiar… ¿no?

España y Francia piden a la Comisión una respuesta clara y contundente a una crisis comercial que amenaza a importantes sectores de la agricultura europea y que ponen en peligro la economía de muchas zonas rurales.

Además, en su escrito, se preguntan si las actuales herramientas de la PAC están diseñadas para responder a los nuevos desafíos de los mercados mundiales y sus incertidumbres. Esto, en opinión de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha es una reflexión interesante, teniendo en cuenta que tienen la Reforma abierta en canal y que es el momento de cambiar lo que se vea que está mal. La organización, en sus documentos de posición sobre la Reforma, desde que se presentara la primera comunicación de la Comisión allá por noviembre del 2017, ha señalado las deficiencias de los mecanismos de equilibrio de los mercados que no han sido capaces de responder con eficiencia y rapidez a las varias crisis graves que han surgido en importantes sectores agrícolas europeos.

Esta crisis parece haber despertado en España y Francia la inquietud de si, en el marco de la nueva PAC, no habría que contemplar los mecanismos necesarios para enfrentar este tipo de situaciones en el contexto globlal actual, cuestión que consideran que deben tenerse en cuenta en el marco de los debates sobre los instrumentos de mercado que se están tratando en relación con la nueva reforma de la PAC.

Para Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, una «pensada» de los Gobiernos en el Consejo sobre este tema sería muy conveniente; no obstante, representaría un verdadero cambio de rumbo en la orientación de los actuales debates que, en el apartado de la Organización Común de Mercados, parecen inclinarse sin grandes discusiones hacia el mantenimiento de la misma estructura que la PAC actual. De hecho, al menos hasta ahora, en los informes de situación sobre el estado de los debates de la Reforma, precisamente el Reglamento de OCM (que realmente no es un nuevo reglamento, sino solo una modificación del vigente) las Presidencias han dejado constancia de que se trata de la propuesta más consolidada.

Los antecedentes.

El pasado octubre, Estados Unidos impuso aranceles adicionales a ciertos productos de la UE como medida compensatoria por la disputa en la OMC sobre el caso de Airbus. Los aranceles adicionales que se establecieron fueron del 10% para los productos de la industria aeronáutica y del 25% para otros productos, incluidos los productos agroalimentarios, con un valor anual de 7.500 millones de dólares. Los productos agroalimentarios afectados por estos aranceles son muy numerosos y muy relevantes para las exportaciones europeas, lo que afecta a un gran número de Estados miembros.

Además, el 6 de diciembre, el Gobierno de los Estados Unidos publicó un nuevo documento en el que propone una posible revisión de la lista y de los importes de los aranceles ya impuestos en el marco del procedimiento relacionado con la disputa. Esto ha generado nuevamente alarma y preocupación en el sector agroalimentario, ya que la lista ampliada que figura en este documento incluye casi todos los productos agroalimentarios de la Unión Europea que se exportan desde todos los Estados miembros.

El sector agroalimentario europeo está sufriendo las consecuencias de las disputas comerciales en otros sectores económicos. La imposición de aranceles por parte de EEUU significa una pérdida de competitividad para las producciones europeas, la pérdida de un mercado estratégico para las exportaciones de la UE y, en última instancia, una pérdida de ingresos para los productores europeos, lo que en algunos casos puede tener consecuencias irreparables en el tejido productivo de la Unión. Estas tarifas, que representan una situación injusta para el sector agrícola europeo, requieren una respuesta eficiente y rápida de toda la Unión Europea en el contexto internacional.