• Unión de Uniones considera responsables a las administraciones y ha pedido a la Consejería que en ningún caso tenga repercusión sobre las ayudas de agricultores y ganaderos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a interponer ante el Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 que aprobó la derivación a la Comunidad Autónoma de la responsabilidad de la corrección financiera impuesta por la Unión Europea por valor de 32,3 millones de euros  por el incumplimiento del Coeficiente  de Admisibilidad de Pastos durante varias campañas.

En julio del pasado año la Comisión Europea tomó la decisión de imponer a España una corrección financiera (una multa) de un total de 270,5 millones de euros por, según la autoridad comunitaria, deficiencias en la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos que tenían como consecuencia considerar como admisibles a efectos de activar derechos de pago determinadas superficies que, en función de la definición comunitaria, no podían ser pastables. La decisión afecta fundamentalmente a zonas de dehesa. En los esquemas europeos se concibe difícilmente que determinadas zonas arboladas puedan ser aprovechadas por el ganado, algo que sin embargo es habitual en el modelo silvopastoral de muchas regiones españolas.

La discrepancia entre la realidad y la interpretación española y la definición comunitaria ha tenido como consecuencia esta multa, que en el caso de Castilla-La Mancha asciende a 32,3 millones de euros.

El Estado español ha recurrido la decisión europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, que aún no se ha pronunciado, pero este hecho no es causa de la suspensión del procedimiento de repercusión financiera.

En consecuencia, el Gobierno adoptó en febrero el Acuerdo de colocarle a la Junta de Comunidades la responsabilidad de correr con las consecuencias de la corrección ya que, argumenta el Ministerio de Agricultura, es la competente en la gestión, control, resolución y pago de los fondos agrícolas. Por lo tanto se atribuye a Castilla-La mancha la obligación de devolver a la Unión Europea el montante de la multa en tres plazos iguales de 10,7 millones de euros. El primero de ellos cumplió el pasado 5 de octubre y los dos siguientes serán el 5 de octubre de 2017 y 2018. A esto se añaden, además, otras correcciones que elevan la cantidad que se debería abonado la Junta el pasado mes de octubre a 11,3 millones de euros, pero de la que sólo satisfizo algo más de un millón de euros de multas por irregularidades en la reestructuración del viñedo y pagos indebidos en la PAC y errores en la gestión de las ayudas al desarrollo rural. Por lo tanto, se aplicará a la multa del primer plazo los intereses de los 10,6 millones de euros que aún se adeudan, según el criterio de la Comisión y la decisión del Ministerio.

Si la Junta no paga voluntariamente estas cantidades en los plazos estipulados, se puede proceder por parte de la Administración General del Estado a compensarlas o deducirlas reteniendo los libramientos que corresponda hacer a la Junta por cuenta del FEAGA o el FEADER para la aplicación de la PAC.

Primera alegación rechazada

Castilla-La Mancha ya alegó en septiembre pasado, y se volvió a reiterar en diciembre, al Ministerio que es el Estado quien debería asumir la corrección financiera basándose en que la administración regional se limita a aplicar la normativa básica estatal, porque las deficiencias de admisibilidad de las superficies de pastos son achacables al SIGPAC y porque el FEGA no ha hecho bien su trabajo de coordinación y control en este asunto. El Ministerio rechazó estas alegaciones y traslada la responsabilidad tanto del incumplimiento de la reglamentación comunitaria, como de la no actualización del SIGPAC y de las superficies admisibles, al organismo pagador, es decir, a la Consejería de Agricultura.

Tampoco se le ha admitido a Castilla-La Mancha la petición de suspender la ejecución de la multa, hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre el tema, con lo cual, la única vía que le queda al Gobierno de la región es presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, no ya contra la multa europea (que está recurrida por el Estado español), sino contra el acuerdo de que sea Castilla-La Mancha quien tenga que pagarla. Ese es precisamente el Acuerdo que ha adoptado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado martes 28 de marzo.

¿Quién paga?

Entre tanto se comprueba si son galgos o podencos, el problema es que, o Castilla-La Mancha paga en los plazos marcados, o puede empezar a descontarse dinero de las transferencias que el Ministerio tiene que hacer a la región de fondos del FEAGA para el pago de las ayudas PAC… y en ese caso habrá que ver como procede la Consejería de Agricultura: si carga el pago de la multa directamente a las arcas de la Comunidad Autónoma o bien trata de recuperarlo de alguna manera.

En febrero pasado la Unión de Uniones ya se dirigió por escrito al Consejero Martínez Arroyo para preguntarle cómo iba a proceder y para pedir que, en ningún caso, la corrección financiera tenga repercusiones a los agricultores y ganaderos, que nos hemos limitado a cumplir la normativa que han publicado en los Diarios Oficiales y que, además, no han cobrado ni un euro de más, sino, simplemente repartido en más hectáreas. Son por lo tanto las administraciones las responsables últimas de la sanción. Seguimos esperando la respuesta.