La mini-Reforma PAC aprobada permitiría suprimir la condición de agricultor activo para cobrar ayudas y un aumento del pago a jóvenes

novedades pac 2018
Entre los cambios inmediatos de la PAC que entrarían en vigor en 2018, se permitiría a los Estados miembros que suprimieran del condicionado de los pagos directos de la PAC la exigencia de ser agricultor activo. Unión de Uniones considera que esto es un paso atrás en el camino de concentrar las ayudas en los agricultores y ganaderos profesionales y España no debería darlo.
El pago complementario a jóvenes se cobrará cinco años y podría duplicarse si el Estado miembro quiere.

El 16 de octubre de 2017, los Estados miembros representados en el Comité Especial de Agricultura han refrendado el acuerdo sobre el llamado Reglamento «ómnibus». El Reglamento «ómnibus» modifica el Reglamento financiero por el que se rige la ejecución del presupuesto de la UE y otros quince actos legislativos sectoriales, en particular en el ámbito de la agricultura.

La Presidencia había alcanzado un acuerdo provisional sobre el Reglamento «ómnibus» con el Parlamento Europeo el 12 de octubre.

Las normas acordadas pretenden, según las autoridades comunitarias, simplificar la política agrícola común (PAC) mediante una serie de mejoras técnicas en los cuatro
Reglamentos de la PAC: los relativos a los pagos directos, al desarrollo rural y a la organización común de los mercados agrícolas y el Reglamento horizontal.

Las principales modificaciones que se empezarán a aplicar en la PAC 2018 se resumen a continuación.

Pagos directos

Agricultor activo: la diferenciación entre agricultores activos y agricultores no activos pasa a ser opcional, de manera que los Estados miembros en los que ha dado lugar a una carga administrativa excesiva podrán dejar de aplicarla. En esencia esto significa que cualquier país de la UE puede dejar de exigir que se deba ser agricultor activo para cobrar la PAC. Esto podría tener también efecto sobre algunas ayudas al desarrollo rural que en los programas vigentes contemplan también dicha exigencia, aunque en este último caso la decisión estaría en manos de las Comunidades Autónomas.

Pastos permanentes: se modifican las normas actuales para ofrecer a los Estados miembros más flexibilidad en la aplicación del requisito. La interpretación que se hace desde algunos ámbitos de la administración es que ello permitiría un mejor acomodo de las dehesas y otros tipos de pastos arbolados como superficies elegibles, pero habrá que esperar a su aplicación sobre el terreno una vez que los coeficientes de admisibilidad de pastos se han modificado ya para ajustarlos a la reglamentación hasta ahora vigente (con multas a determinadas regiones por no haberlo hecho anteriormente).

Reducción de los pagos: el acuerdo confirma que los Estados miembros tendrán la posibilidad de revisar anualmente las decisiones relativas a la reducción de los pagos directos.

Pago Verde, Greening: las superficies cultivadas con variedades vegetales forrajeras como las eulalias (miscanthus ) o el silfo (silphium perfoliotum) y las tierras que se dejen en barbecho para el cultivo de plantas melíferas también tendrán la consideración de superficies de interés ecológico.

Jóvenes agricultores: los pagos a los jóvenes agricultores se concederán por un periodo de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que ésta se haya presentado antes de transcurridos cinco años desde el establecimiento de la explotación agrícola (es decir, se tendrá derecho al pago durante cinco años, no sólo a los años que falten para llegar a cinco después de la incorporación, como ahora). Además, los Estados miembros podrán incrementar hasta un 50 % los pagos a los jóvenes agricultores en el marco del primer pilar, dentro de los límites aplicables (lo que significa que el mayor pago a jóvenes podría tener un cierto efecto reductor sobre los pagos para el resto de beneficiarios).

Ayuda asociada voluntaria: los Estados miembros podrán revisar las decisiones anualmente (se trata de las ayudas acopladas a sectores ganaderos, proteicos, legumbres de calidad, frutos cáscara, etc… que se pagan a determinadas producciones).

Organización común de mercados.

Reparto de valor: la posibilidad de negociar colectivamente cláusulas de reparto de valor en los contratos se hará extensiva a otros sectores además del azucarero y tendrá carácter voluntario.

Organizaciones de productores: las instituciones han decidido mantener la situación actual en lo que respecta al reconocimiento voluntario de las organizaciones de productores, el requisito de que lleven a cabo una actividad económica real y la excepción prevista para el sector lechero. Se ha descartado la propuesta de crear una nueva categoría de organizaciones de productores («organizaciones de negociación colectiva»).

Organizaciones de productores y defensa de la competencia: algunas de las facultades de las organizaciones de productores, como la planificación de la producción, la optimización de los costes de producción, la comercialización y la negociación de contratos de suministro de productos agrícolas en nombre de sus miembros, que ya existen en sectores como el del aceite de oliva, el de la carne de vacuno o el de los cultivos herbáceos, se ampliarán a todos los sectores, con el objetivo de mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro. En vista de dicha ampliación, se ha decidido incluir en el artículo relativo a las organizaciones de productores una serie de salvaguardias para garantizar que no se elimine la competencia.

Programas operativos en el sector de las frutas y hortalizas, sector vitivinícola y cuotas de importación: las normas acordadas suponen la simplificación de estos ámbitos y la introducción de mejoras técnicas en los mismos gestión de crisis: no se ha mantenido la propuesta de establecer un plan voluntario de reducción de la producción en épocas de crisis, con lo que el debate sobre esta materia queda pospuesto hasta la siguiente revisión de la PAC después de 2020.

Desarrollo rural.

Instrumento de estabilización de los ingresos: se trata de unas ayudas que las Comunidades Autónomas podrían haber incluido en sus PDR, pero de la que sólo ha hecho uso Castilla y León y de manera parcial. Se trata de ayudas para poner en marcha un instrumento general de estabilización de los ingresos que se activa cuando las pérdidas de sus ingresos medios anuales sean del 30 % o más. Se ha instrumentado la posibilidad de que el instrumento se aplique también a sectores determinados y cuando el umbral de pérdida (en el sector de que se trate) sea del 20 % o más.

Ayudas al aseguramiento: otras de las medidas que se podían haber instrumentado es aprovechar la financiación europea para subvencionar el aseguramiento en el sector agrario. En España no se ha querido aplicar porque las condiciones impuestas por la reglamentación solo habrían permitido financiar con dinero de la UE una parte pequeña de los seguros agrarios y habría sometido a todo el sistema a la observación de las autoridades comunitarias. Una de las condiciones para poner en marcha ayudas relativas a las pólizas de seguro es que cubran, entre otras cosas, las pérdidas provocadas por fenómenos meteorológicos adversos cuando se haya destruido más del 30 % de la producción anual media del agricultor. La revisión aprobada ha subido ese umbral al 20 %, lo que podría hacer que el Estado español se replanteara su decisión de no aprovechar esta herramienta de financiación.

Instrumentos financieros: se efectúan varios cambios en las normas que deben cumplir los instrumentos financieros (fondos de recursos comunitarios para promover la inversión en innovación y desarrollo, que están siendo poco utilizados en países como España), con el fin de promover su uso y armonizarlos con otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento horizontal.

Reserva para crisis: aunque no se han modificado las normas vigentes, la Comisión se ha comprometido en una declaración a revisar el funcionamiento de la reserva en el marco de los trabajos preparatorios para el próximo marco financiero plurianual, con el fin de permitir una intervención eficiente y oportuna en periodos de crisis del mercado. En una reciente reunión informal del Consejo se barajaron varias ideas, entre ellas, las de aumentar el porcentaje de descuento que se hace a los agricultores sobre las ayudas PAC para hacer la Reserva y no reembolsarlos en la siguiente campaña en caso de no ser utilizada, con el fin de hacer una bolsa de recursos suficientes como para sufragar medidas excepcionales eficaces en caso de crisis sectoriales.

Norma del 50 %: no se ha mantenido la propuesta de eliminar la denominada norma del 50 %. Los Estados miembros y el presupuesto de la UE se seguirán repartiendo a partes iguales las repercusiones financieras de los importes que se hayan perdido como consecuencia de irregularidades y que no se hayan podido recuperar dentro de un plazo razonable. La Comisión propuso que el Estado miembro asumiera el 100 % de esas pérdidas.

Disciplina financiera: el procedimiento vigente gracias al cual el gasto amparado en las disposiciones de la PAC no supera los límites fijados en el presupuesto de la UE se ha simplificado y será gestionado exclusivamente por la Comisión.

Todas estas modificaciones se tendrán que plasmar ahora en un Reglamento a publicar (hay que tener en  cuenta que tienen que cerrarse las negociaciones del Reglamento Ómnibus que afecta a muchas otras cuestiones distintas a las agrarias) y, en su caso, en las decisiones de los Estados miembros transformadas también en el caso de España en cambios en los Reales Decretos de base de la PAC.  En todo caso la intención es que la entrada en vigor de esta mini-reforma sea ya en 2018.

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