Según un informe encargado por el Parlamento Europeo «No hay manera de que la PAC asuma el Brexit sin dolor».

El agujero del Brexit a nivel de la UE es de 10.200 millones de euros anuales y en la PAC de 3.200 millones.

Las reformas presupuestarias necesarias para asumir el Brexit no permitirían una reforma antes del 2022-2033, con aplicación a partir del 2024-2025.

No hay Brexit sin dolor parece ser una de las principales conclusiones del Informe elaborado por el Instituto Jacques Delors y supervisado por el Departamento para Políticas Estructurales y de Cohesión del Parlamento, que ha sido elaborado y presentado este mes de octubre pasado a petición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.

En el estudio se evalúan las posibles consecuencias del Brexit para el presupuesto de la UE y la Política Agrícola Común; se discute la importancia del proyecto normativo que regulará el Brexit y los efectos de la pérdida de la contribución neta británica. Además, se describe cómo el presupuesto y el gasto de la UE en la Política Agrícola Común se pueden ajustar a la nueva situación y se calcula cómo afectarán las diferentes opciones que se abren a los Estados miembros y sus saldos netos respecto a la Unión Europea.

El déficit que el Brexit dejaría en el presupuesto de la UE sera de unos 10.200 millones de euros y, de estos, unos 3.200 millones serían el agujero de la PAC.

Cubrir ese déficit puede hacerse mediante un aumento de las contribuciones de los Estados miembros, en el que perderían fundamentalmente Estados contribuyentes netos a la UE como Alemania, Países Bajos o Suecia; o bien reduciendo el presupuesto de las políticas europeas. En el caso de la PAC, si el recorte se limita a los 3.000 millones de su agujero,  igualmente perderían los mayores contribuyente, pero también los principales países receptores, entre ellos España. No obstante, la decisión puede ser otorgar a prioridad a otras políticas distintas de la PAC, con lo cual ésta se vería sometida a mayor presión y las pérdidas de los Estados miembros perceptores netos de la PAC serían muy significativas.

España perdería en cualquiera de los escenarios previstos en el informe y se vería reducido el actual balance neto de la PAC para España, que se cifra en unos 1.337 millones de euros anuales según la media de 2014-2016. Si se opta por aumentar las contribuciones de los Estados miembros para reparar el agujero de 3.000 millones de euros del Brexit en la PAC España perdería 100 millones de euros de ese saldo positivo; si lo que se decide es recortar la PAC en 3.000 millones de euros, nuestra pérdidas superarían los 200 millones y si, finalmente, se concentra en la PAC la reparación del Brexit reduciendo su presupuesto en 10.000 millones de euros, nuestro saldo disminuiría en 500 millones. En todo caso España seguiría manteniendo un saldo positivo con la PAC (recibiríamos como país más de lo que aportamos), pero eso sería un magro consuelo para todos los afectados por los recortes.

En definitiva, el informe concluye que no hay manera de asumir «sin dolor» en la PAC el siete dejado por el Brexit y sus autores recomiendan a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo que los posibles recortes no se concentren en un única política (como podría ser la PAC), sino que se reestructure el presupuesto de la UE y, sobre todo, que no se pase a negociar la futura relación entre la UE y el Reino Unido sin haber acordado previamente la liquidación financiera de la salida con objeto de contener los efectos del Brexit sobre el Marco Financiero Anual presente y futuro.

En todo caso, uno de los efectos que el Brexit tendrá, en opinión de los autores del informe, es que las reformas presupuestarias necesarias hace poco probable que sea factible una reforma de la PAC antes de 2022 o 2023, para que empiece a aplicarse en 2024 o 2025.

El Brexit no deben pagarlo los agricultores profesionales.

Unión de Uniones reclama que en cualquier caso los eventuales recortes que puedan llegarse a aplicar no deben afectar negativamente al nivel de apoyo hacia los agricultores y ganaderos que viven fundamentalmente de esta actividad. De confirmarse las previsiones contenidas en el informe para el Parlamento, será inexcusable que los Estados miembros, y entre ellos España, prioricen a los profesionales en los mecanismos de la PAC, habida cuenta además de que su margen de responsabilidad en la aplicación de los mismos podría ser mucho mayor.

Nos vemos involucrados en todo este proceso que se ha desencadenado, fundamentalmente, por motivos político.  Esperamos que las consecuencias directas sean lo más llevaderas posibles y confiamos en que desde Europa tomen las mejores decisiones para que sea posible mantener nuestro modelo de agricultura profesional, sostenible y vinculada al territorio.

Pinchando en la imagen puede descargarse un resumen breve del informe.