A finales del pasado mes de julio se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Orden 123/2018, de 24 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que modifica la Orden de 01/09/2015, que es la que regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha, para someter a un control más riguroso que al resto aquellas explotaciones vitícolas que presenten parcelas con rendimientos por hectárea superiores a los 20.000 kg., para las variedades tintas y 25.000 kg., para las blancas. Unión de Uniones considera que en realidad el efecto sobre la calidad general de la producción vinícola de Castilla-La Mancha va a ser mínimo, porque los rendimientos medios se quedan muy por debajo de esas cifras, pero busca comprobar la veracidad de las declaraciones.

En principio, según la consulta previa que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha expuso a información pública, la norma prevista para intentar meter en vereda las parcelas vitícolas con rendimientos excesivamente altos iba a tener norma de Decreto y de lo que se hablaba era de estabilizar las producciones regionales y fomentar la valoración de la calidad de los productos “mediante la limitación de las producciones de las parcelas de viñedo de Castilla-La Mancha que no estén inscritas en las DOP/IGP dentro del territorio regional”. Leer Más…

Los viticultores pidieron 15.611 hectáreas.

De haber hecho caso a Unión de Uniones podían haberse concedido 9.500 hectáreas, en vez de 4.950 hectáreas.

Los solicitantes deben tener la notificación de concesión antes del 1 de agosto.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado a las Comunidades Autónomas la superficie a conceder por solicitud, de las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo. Esta comunicación se ha realizado tras haber centralizado y ordenado, a nivel nacional, las solicitudes admisibles puntuadas remitidas por las CCAA.

El reparto de la superficie se ha realizado bajo los nuevos criterios de priorización establecidos por el Real Decreto 772/2017 de potencial vitícola. Estos criterios han permitido reducir en gran medida las solicitudes sometidas a prorrata que generaban en ocasiones concesiones de superficies muy inferiores a las solicitadas.

Superficie Concedida.

Así, de las 15.611 hectáreas solicitadas que han sido admisibles, se han concedido 4.950 hectáreas, lo que supone la totalidad de la superficie disponible para 2018. No obstante, en su momento, Unión de Uniones se dirigió al Ministerio para indicar que esta cifra le parecía insuficiente y que sería bueno llegar hasta el máximo que permite la reglamentación comunitaria, unas 9.500 hectáreas, habida cuenta de que España está perdiendo potencial vitícola en los últimos años. No obstante, para el Ministerio pesó sobre todo la decisión de la Interprofesional de Vino.

En cualquier caso, tras las decisiones del Ministerio, de la superficie concedida, 3.306 hectáreas corresponden a solicitudes de los tres primeros grupos de prioridad de viticultor con pequeña y mediana explotación, que han podido ser aprobadas íntegramente. Las restantes 1.644 hectáreas corresponden al último grupo de prioridad de viticultor con pequeña y mediana explotación y a los jóvenes nuevos viticultores de superficie. En estos casos se ha aplicado un porcentaje de prorrateo, concediéndose el 81% de la superficie admisible solicitada.

Todo ello, según se establece en la normativa comunitaria y nacional, salvo en las zonas geográficas de determinadas Denominaciones de Origen Protegidas en donde se han aplicado limitaciones.

Tras la comunicación del Ministerio, las Comunidades Autónomas deberán notificar la resolución a los solicitantes antes del 1 de agosto.

El régimen de autorizaciones

El 1 de enero de 2016 entró en vigor el nuevo régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo, que sustituye al antiguo sistema de derechos y que permite continuar con un crecimiento controlado del potencial de producción. El nuevo sistema permite obtener una autorización a partir de un cupo que se establece cada año para nuevas plantaciones.

El 29 de diciembre se publicó en el BOE la Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fijó como límite de superficie disponible para la concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones para 2018, en el 0,52% de la superficie plantada a 31 de julio de 2017, lo que equivale a 4.950 has.; lo que como ya se ha comentado, a Unión de Uniones le pareció insuficiente ya que se podía haber llegado sin problemas al 1 % máximo permitido por Bruselas.

Además, en dicha Resolución se establecen limitaciones a nuevas plantaciones y/o restricciones a la replantación y conversión para las Denominaciones de Origen pluricomunitarias que habían presentado recomendaciones a 1 de noviembre: Rioja y Cava. En concreto, se estableció que, para el año 2018, la superficie disponible para autorizaciones de nueva plantación en la respectiva zona geográfica delimitada de la DOP será de un máximo de: 0,1 ha en la DOP “Rioja” y 57,4 has en la DOP “Cava”.
Además, en el ámbito de las Denominaciones de Origen que son competencia de una comunidad autónoma se han establecido limitaciones a nuevas plantaciones en las DOPs de “Chacolí de Bizkaia”, “Chacolí de Getaria”, “Chacolí de Álava” y “Ribera del Duero”.

Permitirá poner a disposición del sector medidas financiadas por la UE con un presupuesto previsto de más de 1.000 millones de euros

Las medidas elegibles para solicitar ayudas serán promoción de vino en terceros países, reestructuración y reconversión de viñedo, destilación de subproductos e inversiones

El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Real Decreto 5/2018, para aplicar en España las medidas del Programa de Apoyo al sector vitivinícola para el periodo 2019-2023, que ha sido publicado este mismo sábado en el BOE.

La regulación comunitaria establece que los Estados miembros, entre los que se encuentra España, deben presentar un Programa de Apoyo quinquenal que contenga al menos alguna de las medidas admisibles previstas en la misma.

Dado que el Programa Nacional de Apoyo para el periodo 2014-2018 finaliza el 15 de octubre de 2018, España presentó en julio de 2017 a la Comisión Europea un nuevo Programa para la aplicación de las medidas admisibles en el periodo quinquenal siguiente, que la Comisión ya ha aprobado.

El Real Decreto contiene medidas financiadas por la UE al 100 %, con un presupuesto previsto para los 5 ejercicios financieros de más de 1.000 millones de euros. Dicho presupuesto se divide en anualidad de 210,3 Millones de euros, que se distribuyen entre las medidas que el Ministerio de Agricultura ha decidido poner en marcha en España y que son:

– 72,5 Millones de euros para reestructuración y reconversión de viñedos

– 56 Millones de euros para inversiones

– 50 Millones de euros para promoción en los mercados de países terceros

– 31,8 Millones para destilación de subproductos

Hay otras medidas, como por ejemplo la vendimia en verde, que se han quedado fuera del Programa.

España es el país con la mayor superficie de viñedo del mundo, con más de 950.000 hectáreas, siendo el viñedo un cultivo presente en todas las comunidades autónomas, que juega un papel socioeconómico y medioambiental de la máxima importancia en las regiones vitícolas. Con este presupuesto el Ministerio se plantea el objetivo de  reestructurar unas 100.000 hectáreas de viñedo, lo que supone aproximadamente un 11% de la superficie plantada de viñedo a nivel nacional.

Asimismo, medidas como las de inversiones o promoción del vino en terceros países, previstas en el Programa, permitirán incrementar la capacidad comercializadora en un sector que exporta anualmente por valor de 2.700 Millones de euros.