Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, quien ya presentara a los partidos políticos sus enmiendas a la Ley de Sequía cree que, pese a la mejora del texto original, lo aprobado tiene aún bastantes carencias que limitan su aplicación en relación a la magnitud de la sequía y dejan sin concretar puntos importantes.

Unión de Uniones ha realizado una primera valoración de lo aprobado la pasada semana en el Congreso y, aunque valora positivamente algunos aspectos que considera que suponen un avance respecto a lo que había antes, como las exenciones de cánones, el Fondo de Sequía o la moratoria de un año a las cuotas a la seguridad social, considera que habría que haber dado un paso más contundente en beneficio de los agricultores y ganaderos y las pérdidas que la sequía ya ha ocasionado y sus efectos que aún se dejarán notar.

 En este sentido, la organización considera que los beneficios tributarios se quedan cortos. La sólo moratoria de las cuotas de la seguridad social únicamente sirve para posponer el problema, según Unión de Uniones, y, por otro lado, la reducción de módulos es la habitual a una situación que es excepcional, sin aumentar el porcentaje y límites de gastos de difícil justificación en estimación directa. Igualmente, considera que la exención del IBI va a quedar restringida por las condiciones establecidas.

Por lo que respecta a la gran novedad del Fondo de Sequía, recuerda que su aplicación queda reservada sólo para titulares de explotación con seguro y con daños en elementos afectos a la explotación no asegurables, hasta un límite máximo del 70 % de los daños u ocho mil euros.

 La organización recuerda, por un lado que la materialización de dicho Fondo, así como de otras medidas contempladas, como la subvención al precio del agua desalada para que no supere los 0,3 €/m3, o las exenciones de tasas y cánones de riego o el contrato especial para regadío, o la reducción del peaje para instalaciones de autoconsumo, también para regadío, deben aún desarrollarse y consignarse en su caso los presupuestos necesarios para llevarlas a cabo.

 “Creemos que, en definitiva, es una Ley que concreta poco, además que el papel parece que todo lo aguanta. Habrá que esperar a ver si el Gobierno lo pone realmente en marcha, cuándo y cómo lo que la Ley dispone” – afirman desde Unión de Uniones.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos políticos para explicar sus enmiendas a la nueva Ley de Sequía que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado y que han sido presentadas por escrito a todas las formaciones.

La organización, que hoy se ha reunido con Compromís, insiste en que las medidas propuestas por el Ministerio hasta ahora son del todo insuficientes para hacer frente a una de las sequías más fuertes de las últimas décadas. Por otra parte, señala el déficit en materia de infraestructuras que deberían permitir afrontar mejor preparados situaciones de este tipo, recordando que el presupuesto de inversiones reales con el que cuenta Agricultura se ha visto reducido en más de un 60% en los últimos años y que, además, es uno de los capítulos con una ejecución más deficiente. Leer más…

La organización ha insistido hoy en el Ministerio que la sequía sigue siendo un problema en el campo a pesar de las últimas lluvias y que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes

Unión de Uniones ha pedido que no se deje fuera al Guadiana de los decretos de sequía

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la grave situación de sequía que está atravesando el campo, ha mantenido una reunión en el Ministerio de Agricultura con Gonzalo Eiriz, sudbirector general de Análisis, Prospectiva y Coordinación, y JoséMaría García de Francisco, director de ENESA, para exponer las medidas planteadas por la organización encaminadas a mitigar los problemas de los agricultores y ganaderos derivados de la falta de agua.

Unión de Uniones quiere poner el foco en que, a pesar de las últimas lluvias y nevadas y el aumento de la reserva hidráulica, éstas han sido escasas y muy localizadas y los efectos ocasionados por la falta de agua ha provocado ya una serie de problemas en muchas cosechas y en la alimentación de ganado y otros efectos que se medirán en la próxima campaña.

La organización y el Ministerio se han mostrado de acuerdo en la importancia de los seguros agrarios. En este sentido, Unión de Uniones ha señalado la necesidad de que esta figura cuente con mayores recursos y mejoras técnicas, entre las que destaca la modalidad de aseguramiento para sequía en cultivos de regadío, opción que Enesa ya estaría estudiando.

No obstante, la organización considera que las medidas propuestas por el Ministerio hasta ahora son del todo insuficientes dada la gravedad de la situación. En materia hidráulica Unión de Uniones ha pedido que se recupere el presupuesto de inversiones reales, que se ha visto reducido en más de un 60% en los últimos años.

El Ministerio ha anunciado que a los decretos de sequía de Júcar, Segura y Duero, se unirá próximamente el de la Cuenca del Guadalquivir, habiendo solicitado la organización que no se excluya de estas normas, que permiten inversiones excepcionales, al Guadiana, en concreto a la parte alta de la Cuenca, afectada igualmente por la sequí y con algunos de sus sistemas y embalses en situación de alerta o emergencia.

Medidas concretas y Ley de Sequía

Unión de Uniones ha pedido que se pongan en marcha los mecanismos permitidos por la Unión Europea y se otorguen las ayudas directas a todos los agricultores y/o ganaderos a título principal para compensar, al menos, parcialmente, los daños causados por la ausencia de precipitaciones en sus explotaciones, incrementando el tope máximo por explotación de 15.000 € que permite la UE, en función de las unidades productivas de superficie o ganado de cada explotación.

Asimismo ha solicitado la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social, por un período de doce meses, y no moratoria como ha sido publicado mediante la Orden ESS/1006/2017, de 19 de octubre. También ha propuesto la condonación del pago anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción o exoneración del pago de tarifa de utilización de agua y la correspondiente al canon de regulación, considerándolo un sinsentido en la situación en la que se encuentran muchas explotaciones y cultivos.

Igualmente, Unión de Uniones ha señalado que el acceso a los créditos, tal y como están ahora planteados, no ayuda a los que de verdad tienen problemas, al no conceder SAECA los avales necesarios. “Los productores entran en un bucle sin fin y no consiguen nada” – han afirmado miembros de Unión de Uniones – “Se debe cambiar la forma de otorgar estos créditos y préstamos para aquellos que los necesitan. Si tienen que tener dinero para acceder a los préstamos, igual es que tampoco los necesitan” – han explicado.

Por otro lado, la organización ha insistido en la necesidad de dotar de presupuestos a la Ley de Sequía que actualmente está en tramitación en el Senado, así como de contemplar medidas concretas para evitar que se convierta en un brindis al sol o una mera declaración de intenciones.

En este sentido, Unión de Uniones ya tiene agenda varias reuniones con los grupos parlamentarios para trasladarles éstas y otras propuestas encaminadas a crear una Ley de Sequía que favorezca de verdad al campo y resuelva los problemas de los productores.

En estos primeros días de agosto el Ministerio de Agricultura ha publicado la Orden APM/728/2017, de 31 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, por titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones.

Se trata de una ampliación, aunque con algunas matizaciones, de la línea de la que ya informamos en su momento desde estas mismas páginas. En aquella ocasión el Ministerio ponía a disposición del sector unos 4,3 millones de euros repartidos entre 2017 y 2021 para sufragar el coste de los avales de SAECA para préstamos de sequía hasta un volumen total de 90 millones de euros.

Ahora lo que hace el Ministerio es incrementar los recursos en otros 5,6 millones de euros para 2017 (luego son en total como máximo, unos 10 millones) para que los avales pueden cubrir otros 110 millones de euros en préstamos, o sea, para llegar a un volumen global de crédito de 200 millones.

No obstante, los que se acojan a esta segunda línea tendrán que tener en cuenta una serie de diferencias respecto de la primera. Ambas medidas cerrarán el plazo de solicitud en principio el 20 de septiembre, por lo que los interesados podrán optar por una u otra. Existe la posibilidad de ampliar esta segunda hasta el 29 de septiembre, pero de momento, hay que contar con que el 20 es la fecha tope.

Recordamos que son ayudas del Ministerio para financiar el importe de la comisión de gestión del aval de SAECA para los préstamos que se pidan y también la comisión de estudio, pero sólo si se es contratante de un seguro del Plan de Seguros Agrarios Combinados.

El mecanismo es muy similar al de la medida anterior, con algunos matices. Por ejemplo, esta segunda convocatoria está reservada para los sectores de cereales, leguminosas, oleaginosas, lúpulo, patata, uva, así como ganadería extensiva o apicultura y el préstamo puede ser de hasta 60.000 euros, con plazo de amortización a 5 años, pudiendo contemplarse hasta dos de carencia.

La solicitud de la ayuda al Ministerio se incorpora en la propia solicitud del aval de SAECA y podrá hacerse de forma telemática en el enlace que se habilitará en la sede electrónica del Ministerio (para lo que hace falta contar con algún tipo de identificación del tipo de firma digital). En el caso de personas jurídicas es obligatorio este tipo de presentación; mientras que las personas físicas podrán presentarlas en los registros de las administraciones públicas o por correo y también podrán tramitarlas directamente a través de SAECA.

No es imprescindible tener un seguro agrario hecho para pedir estas ayudas, pero otorga más puntos a la hora de la concesión, lo mismo que si se es socio de una Entidad Asociativa Prioritaria o joven agricultor.

Al tratarse de ayudas de las llamadas “de minimis” están limitadas a que el montante total que se haya podido percibir por un mismo beneficiario con ésta y otras ayudas “de mínimis” no sobrepase la cantidad de 15.000 euros en tres ejercicios fiscales.

El plazo de resolución que se da la Administración para resolver es de 6 meses (o sea, hasta finales de año como máximo, aunque deberían cerrar los expedientes mucho antes) y se publicará la lista de solicitudes aprobadas en la web del Ministerio. Los interesados tendrán que estar atentos y comunicar que aceptan la subvención; no obstante, si no alegan nada en un plazo de 15 días hábiles se considera que están de acuerdo con la subvención concedida.

Como hemos venido diciendo, a la vista de los daños que la sequía ha producido en el cereal, del perjuicio que está suponiendo para la ganadería extensiva y de la amenaza seria de pérdidas importantes que hay ya en cultivos leñosos si la situación no cambia mucho, estas ayudas (si es que se las puede calificar como tales) no alivian ni mínimamente la situación del sector y es muy criticable la falta de sensibilidad que tanto el Ministerio de Agricultura como, en general, las Comunidades Autónomas están teniendo con esta situación. De hecho la organización miembro de Unión de Uniones en Castilla y León (UCCL), con diferencia la región más afectada, se está movilizando este mes de agosto para reclamar nuevas líneas de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados.

El Ministerio de Agricultura presentó ayer su programa de medidas para paliar los efectos de la sequía, entre las que no se contemplan ayudas directas para compensar las pérdidas ocasionadas. Entre sequía, heladas y pedriscos el año viene torcido y ni las cuentas del Ministerio, ni las de la Comunidad Autónoma están por enderezarlo.

El conjunto de medidas propuestas por el Ministerio contra la sequía se estructura en cuatro grupos: el seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y la PAC. Además se han anunciado las medidas que están en tramitación dentro de un Real Decreto-ley que incluirían exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de la seguridad social. Leer más…

• El seguro agrario necesita ser muy mejorado para ser una alternativa real ante crisis de este calibre.
• La medida de refinanciación que pondrá en marcha el Ministerio apenas supondrá para el Ministerio un coste de entre 3,5 y 4 millones de euros según estima la organización, cuando las pérdidas sólo en cereales rondan los 1.000 millones en España y unos 170 millones en Castilla-La Mancha.
• La organización ha dado traslado de sus propuestas al Ministerio y a la Consejería de Agricultura

Unión de Uniones ha reclamado al Ministerio de Agricultura en una reunión mantenida con la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación una mayor implicación presupuestaria para hacer frente a los graves daños y los sobrecostes que la sequía está provocando en la agricultura y la ganadería de extensas zonas, con especial incidencia en Castilla y León y de forma también muy intensa pero desigual en Castilla-La Mancha y otras regiones.

Unión de Uniones presentó ayer al Ministerio de Agricultura una propuesta con 20 medidas para apoyar el mantenimiento de la renta de los agricultores y ganaderos, flexibilizar la aplicación de determinados mecanismos PAC que eviten que los afectados incurran en penalizaciones afectados y la aplicación de beneficios fiscales. La organización ha remitido hoy a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha el mismo documento, que también recuerda los daños por helada que se han producido en pasadas fechas y para los que pide similares ayudas.

La organización ha coincidido con el MAPAMA que el seguro agrario es un instrumento en general muy valorable; pero señaló en la reunión que en crisis como las actuales revela deficiencias que deben mejorarse, puesto que lo hacen poco atractivo o directamente inasumible para el agricultor o ganadero, sobre todo en los secanos de bajo rendimientos. Esto hace que las cifras de contratación en las zonas más afectadas sean muy bajas tanto para el seguro de herbáceos como el de pastos. Para la organización, además, ha sido un error el recorte de los apoyos que el Plan de Seguros ha sufrido en estos pasados ejercicios tanto por parte del Ministerio como de las Comunidades Autónomas.

La oferta del Ministerio se limita a una línea de financiación de 90 millones de euros, que se publicará en breves fechas y cuyo coste para el Ministerio, subvencionando sólo el coste del aval de SAECA rondará, según cálculos de la organización, entre los 3,5 y los 4 millones de euros. A falta de una valoración global de los daños en los cultivos agrícolas de secano y los sobrecostes por la alimentación suplementaria de sus animales para el ganadero y el mayor coste en los regadíos, de la que el Ministerio aún no dispone, dicha cantidad es a todas luces insuficiente cuando Unión de Uniones considera que sólo las pérdidas en cosecha de cereales están en el entorno de los 1.000 millones de euros. De estas pérdidas alrededor de unos 170 millones de euros corresponderían a daños en Castilla-La Mancha.

La organización ha insistido en la necesidad de mejorar el seguro agrario, pero en la inmediatez del problema pidió la puesta de ayudas directas centradas en los agricultores y ganaderos profesionales que viven fundamentalmente del trabajo de su explotación y que tendrán problemas económicos, no sólo por los malos resultados de esta campaña, sino para asumir los costes de planificación de la siguiente. Unión de Uniones subrayó al Ministerio que esta es, por desgracia, la mejor oportunidad para reclamar a Hacienda los alrededor de 19 millones de euros que dejarán de devolverse a los agricultores por el recorte de la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Esta medida ha sido propuesta por la organización y asumida por algunos Grupos Parlamentarios en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que actualmente se discuten.

Respecto de las reducciones fiscales, Unión de Uniones manifestó al Ministerio que estas tendrán un impacto limitado porque cuando los ingresos son cero o mínimos las reducciones pierden  sentido y ha indicado al Ministerio que también sería un momento idóneo para que se planteara, tal y como la organización ha trasladado igualmente durante el debate de Presupuestos del Estado a las fuerzas políticas, la aplicación del tipo más reducido del IVA a los inputs agrarios, lo que si supondría de hecho un alivio importante para los agricultores y ganaderos.

En definitiva la organización considera que existen instrumentos al alcance del Gobierno para mejorar la oferta de medidas que hasta ahora ha trasladado al sector y que es necesario una mayor implicación tanto por parte del Ministerio, como de las Comunidades Autónomas, a las que la organización reclama igualmente que den un paso al frente de esta grave situación.

Propuestas de Unión de Uniones