El Tribunal de Cuentas Europeo dice que el pago básico de la PAC no ayuda al objetivo de proporcionar un nivel de vida justo a los agricultores y ganaderos

Reforma de la pac

En España la convergencia de ayudas se ha limitado a menos de un 6% y el número de beneficiarios excluidos por no tener actividad agraria ha sido de un 4%.

Unión de Uniones, que considera que la próxima Reforma de la PAC debería orientarse hacia la consecución de los objetivos originales para esta política enunciados en el Tratado de Funcionamiento de la UE, se alinea con la postura de los auditores europeos que dictaminan que el pago básico no ha contribuido que los agricultores avancen hacia un nivel de vida justo y con que el sistema tiene defectos inherentes que deberían subsanarse en la siguiente PAC.

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha examinado el sistema de pago básico introducido en la PAC en 2015, que representa unos 18.000 millones de euros concedidos a unos cuatro millones de productores, y acaba de publicar sus conclusiones. La principal de ellas es que el régimen de pago básico operativamente funciona de manera correcta, pero que apenas ha contribuido a hacer una PAC más simple, ni ha servido para orientar adecuadamente esta política, ni tampoco permitido avanzar en la convergencia de las ayudas, que era uno de los elementos propuestos en la anterior Reforma.

Unión de Uniones está de acuerdo en muchas de las conclusiones del Tribunal de Cuentas, al respecto de las deficiencias del sistema actual de pago básico que la organización ha venido poniendo públicamente de manifiesto en reiteradas ocasiones.

El sistema de pago básico, según los auditores europeos se ha puesto en marcha sin apenas errores materiales, pero con retrasos, puesto en que 2017 los valores de los derechos eran aún provisionales o estimaciones; y que en determinados casos los Estados miembros no siempre interpretaron bien los reglamentos comunitarios y necesitaron de la orientación de la Comisión.

Pese a que uno de los principios rectores de la reforma de la PAC de 2013 era la simplificación, las opciones aplicadas por los Estados miembros, no facilitan la gestión, sino que la hacían más compleja. Según señala el Informe, esto ha sucedido en el caso de España, que introdujo 50 nuevas regiones de pago básico que se ajustaba al marco jurídico de la UE, pero que ha complicado la gestión de las tierras, pese a que las diferencias entre los valores de los derechos podían ser solo marginales.

El Tribunal de Cuentas justifica sin embargo que el Reglamento Ómnibus introdujera la posibilidad para los Estados miembros de prescindir de la figura de agricultor activo para la percepción de pagos, ya que el uso de la “lista negativa” para excluir a aquellos beneficiarios cuya actividad principal no fuera la agricultura, ha tenido una eficacia parcial, ha representado una carga administrativa importante y ha podido provocar diferencias en el trato dado a solicitantes similares. En el informe el Tribunal determinada que España se ha excluido a un 4% de beneficiarios sin actividad agraria o con una actividad marginal (no el 19% que dice el Ministerio que ha filtrado).

Por otro lado, el Tribunal recuerda que en la Reforma de la PAC de 2013 se intentaba implantar niveles de ayuda por hectárea más equitativos, mediante mecanismos de convergencia de las ayudas. Aunque existe una diversidad de modelos de aplicación nacionales, se concluye que, en algunos casos, se han mantenido niveles especialmente elevados de ayuda derivados de anteriores niveles de subvenciones, por el mantenimiento de criterios históricos en las asignaciones. Según los auditores europeos, el sistema de regionalización establecido para España ha dificultado la convergencia, de manera que los importes redistribuidos solo han afectado al 5,9 % de montante nacional de pago básico.

Otro de los defectos inherentes al sistema que diagnostica el Tribunal es que, al estar vinculado a las superficies, tiende a favorecer a las explotaciones de mayor tamaño. Los pagos no tienen en cuenta condiciones del mercado, el uso de la superficie agrícola o las circunstancias individuales de la explotación y tampoco se basan en un análisis de la situación de renta global de los agricultores. De hecho, los auditores concluyen que este régimen de pago básico no ha contribuido a avanzar en el objetivo de la PAC enunciado en el Tratado de la Unión Europea de garantizar un nivel de vida justo para los agricultores.

Por último, el Tribunal de Cuentas, de cara a la próxima Reforma recomienda a la Comisión que analice los factores que afectan a la renta de todos los grupos de agricultores, sus necesidades de apoyo a la renta y el valor de los bienes públicos que proporcionan. Asimismo, pide que se vincule desde un principio las medidas propuestas a objetivos operativos adecuados y a niveles de referencia con los que se pueda comparar el rendimiento de las ayudas, para ver si se cumplen los mismos.

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