Unión de Uniones subraya que desde 2001 España ha perdido 218.800 hectáreas de potencial vitícola.

El Ministerio de Agricultura publicó ayer en el BOE el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola que introduce algunos cambios en el régimen de concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo.

Entre las principales novedades se incluye como criterio de admisibilidad no tener viñedo ilegal (antes sólo era una prioridad); además de aplicarse un límite máximo de 5 hectáreas de superficie por solicitante.

Tras la desaparición desde el 1 de enero de 2016 de los derechos de plantación, el régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones es el único medio del que disponen los agricultores para ampliar la superficie de viñedo de su explotación (que no sea adquirir directamente viñas, claro). Recordamos, sin embargo, que hasta el 31 de diciembre de 2020 hay posibilidad de transformar los antiguos derechos de plantación de viñedo que se posean y tengan vigencia, en autorizaciones de replantación. Actualmente quedan algo menos de 15.000 de estos derechos para los que aún no se ha pedido la conversión.

En cuanto al mecanismo de nuevas autorizaciones está limitado anualmente a un máximo del 1 % de la superficie vitícola nacional plantada, lo que vendría a ser unas 9.500 hectáreas cada ejercicio. No obstante, el Ministerio ha dejado caer la decisión de llegar o no a ese tope a las Organización Interprofesional del Vino de España, que hasta ahora ha recomendado que se autoricen nuevas plantaciones aproximadamente por la mitad de esa superficie. Esta decisión ha sido criticada por Unión de Uniones que considera que llegar al tope no representaría mayor problema para el mercado, habida cuenta de que, además, el potencial vitícola español se ha reducido en un 18,3 % desde el 2001, habiéndose perdido casi 218.800 hectáreas.

Para 2019, deberemos conocer, según el Real Decreto ahora publicado, la decisión del cupo de nuevas plantaciones que se podrán conceder antes de acabar el año 2018 mientras que con la normativa derogada su aprobación se podía retrasar hasta enero.

Al margen de lo anterior, no hay cambios sustanciales en cuanto a plazos, procedimientos, renuncias, etc. Las principales modificaciones vienen fundamentalmente en el apartado de los criterios de admisibilidad de las solicitudes y de las prioridades con las que las mismas serán atendidas.

Así, por ejemplo, la no titularidad de viñedo no autorizado o ilegal se convierte en un criterio de admisibilidad (si se tienen no se admite la solicitud), mientras que hasta ahora era un elemento de prioridad (si se tienen hay menos posibilidades de concesión).

Se incluye, además, la posibilidad para las Comunidades Autónomas de exigir como condicional adicional a cualquier criterio de prioridad que el solicitante sea persona física que no tenga más de 40 años.

También se ha establecido un tope máximo de hasta 5 hectáreas de autorizaciones de nueva plantación por solicitante. Ahora bien, este límite sólo entra en funcionamiento si el número de solicitudes supera el cupo máximo decidido cada año de nuevas plantaciones. Si no se llega a cubrir el cupo el límite se subirá de 0,5 en 0,5 hectáreas. Unión de Uniones considera que este es un elemento positivo; aunque al haber colocado el límite en la fase de admisión, y no en la fase de concesión, como pedíamos desde nuestra organización, a nuestro juicio complica innecesariamente la gestión.

 Fuera paracaidistas.

Cabe destacarse la exhaustividad introducida en los criterios de admisibilidad, que tienen que ver no sólo con la titularidad de las superficies donde se piensa ejecutar la plantación que se solicita; sino con la demostración de la capacidad y experiencia profesional exigida (cinco años de experiencia, alta en seguridad social agraria, contar con títulos de formación…). En fin, todo ello sirve, bien de manera aislada, bien de manera conjunta, para que las autoridades competentes puedan evitar que del sistema acaben beneficiándose “paracaidistas” que quieran llegar al sector, evitando siuaciones perversas que se han dado en el pasado.

En cuanto a los criterios de prioridad, se otorgan ventajas a los viticultores profesionales con pequeña explotación, que son los más favorecidos por la nueva baremación. Una demanda del sector en Rioja y en otras CCAA. Se ha conseguido.

Ajustes y cuestiones “en blanco”

En definitiva, en opinión de Unión de Uniones, el Real Decreto (a falta de que cada Comunidad Autónoma acomode sus normas regionales al margen que les ofrece), afina bastantes cuestiones que habían representado problemas, sobre todo en zonas productiva con mucha demanda de plantaciones (porque la viña y el vino son negocio) pero hay muchas reticencias a aumentar su potencial (hablamos de Rioja, Cava, Rueda, Ribera).

Sin embargo, se podrían haber introducido algunos otros instrumentos de racionalización del sistema; por ejemplo, la regionalización del cupo máximo de nuevas plantaciones, para que cada territorio pueda desarrollar una política vitivinícola adaptada a su modelo de explotaciones de viñedo y de comercialización.

El sistema de autorizaciones de nueva plantación, y de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos a autorizaciones de replantación, lleva funcionando tres campañas y es bueno que se vaya corrigiendo las deficiencias y vicios que se han ido detectando en un mecanismo totalmente novedoso que, de momento, nos durará hasta el 2030… A partir de ahí se abre (para los que lo vean), si nada cambia, un escenario totalmente distinto… el de la liberalización total de plantaciones.

Con la vendimia empezada ya hace dos semanas, la Interprofesional del Vino publica su informe sobre situación del sector al mes de junio pasado. Según Unión de Uniones, lo más reseñable quizás por su incidencia con la presente vendimia, son las cortas existencias y el mantenimiento de las salidas de exportación, junto con una esperada buena calidad de la uva y una vendimia de volúmenes medios, los precios de la uva deberían tener un comportamiento positivo.  Leer Más…

A finales del pasado mes de julio se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Orden 123/2018, de 24 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que modifica la Orden de 01/09/2015, que es la que regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha, para someter a un control más riguroso que al resto aquellas explotaciones vitícolas que presenten parcelas con rendimientos por hectárea superiores a los 20.000 kg., para las variedades tintas y 25.000 kg., para las blancas. Unión de Uniones considera que en realidad el efecto sobre la calidad general de la producción vinícola de Castilla-La Mancha va a ser mínimo, porque los rendimientos medios se quedan muy por debajo de esas cifras, pero busca comprobar la veracidad de las declaraciones.

En principio, según la consulta previa que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha expuso a información pública, la norma prevista para intentar meter en vereda las parcelas vitícolas con rendimientos excesivamente altos iba a tener norma de Decreto y de lo que se hablaba era de estabilizar las producciones regionales y fomentar la valoración de la calidad de los productos “mediante la limitación de las producciones de las parcelas de viñedo de Castilla-La Mancha que no estén inscritas en las DOP/IGP dentro del territorio regional”. Leer Más…

Los viticultores pidieron 15.611 hectáreas.

De haber hecho caso a Unión de Uniones podían haberse concedido 9.500 hectáreas, en vez de 4.950 hectáreas.

Los solicitantes deben tener la notificación de concesión antes del 1 de agosto.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado a las Comunidades Autónomas la superficie a conceder por solicitud, de las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo. Esta comunicación se ha realizado tras haber centralizado y ordenado, a nivel nacional, las solicitudes admisibles puntuadas remitidas por las CCAA.

El reparto de la superficie se ha realizado bajo los nuevos criterios de priorización establecidos por el Real Decreto 772/2017 de potencial vitícola. Estos criterios han permitido reducir en gran medida las solicitudes sometidas a prorrata que generaban en ocasiones concesiones de superficies muy inferiores a las solicitadas.

Superficie Concedida.

Así, de las 15.611 hectáreas solicitadas que han sido admisibles, se han concedido 4.950 hectáreas, lo que supone la totalidad de la superficie disponible para 2018. No obstante, en su momento, Unión de Uniones se dirigió al Ministerio para indicar que esta cifra le parecía insuficiente y que sería bueno llegar hasta el máximo que permite la reglamentación comunitaria, unas 9.500 hectáreas, habida cuenta de que España está perdiendo potencial vitícola en los últimos años. No obstante, para el Ministerio pesó sobre todo la decisión de la Interprofesional de Vino.

En cualquier caso, tras las decisiones del Ministerio, de la superficie concedida, 3.306 hectáreas corresponden a solicitudes de los tres primeros grupos de prioridad de viticultor con pequeña y mediana explotación, que han podido ser aprobadas íntegramente. Las restantes 1.644 hectáreas corresponden al último grupo de prioridad de viticultor con pequeña y mediana explotación y a los jóvenes nuevos viticultores de superficie. En estos casos se ha aplicado un porcentaje de prorrateo, concediéndose el 81% de la superficie admisible solicitada.

Todo ello, según se establece en la normativa comunitaria y nacional, salvo en las zonas geográficas de determinadas Denominaciones de Origen Protegidas en donde se han aplicado limitaciones.

Tras la comunicación del Ministerio, las Comunidades Autónomas deberán notificar la resolución a los solicitantes antes del 1 de agosto.

El régimen de autorizaciones

El 1 de enero de 2016 entró en vigor el nuevo régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo, que sustituye al antiguo sistema de derechos y que permite continuar con un crecimiento controlado del potencial de producción. El nuevo sistema permite obtener una autorización a partir de un cupo que se establece cada año para nuevas plantaciones.

El 29 de diciembre se publicó en el BOE la Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fijó como límite de superficie disponible para la concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones para 2018, en el 0,52% de la superficie plantada a 31 de julio de 2017, lo que equivale a 4.950 has.; lo que como ya se ha comentado, a Unión de Uniones le pareció insuficiente ya que se podía haber llegado sin problemas al 1 % máximo permitido por Bruselas.

Además, en dicha Resolución se establecen limitaciones a nuevas plantaciones y/o restricciones a la replantación y conversión para las Denominaciones de Origen pluricomunitarias que habían presentado recomendaciones a 1 de noviembre: Rioja y Cava. En concreto, se estableció que, para el año 2018, la superficie disponible para autorizaciones de nueva plantación en la respectiva zona geográfica delimitada de la DOP será de un máximo de: 0,1 ha en la DOP “Rioja” y 57,4 has en la DOP “Cava”.
Además, en el ámbito de las Denominaciones de Origen que son competencia de una comunidad autónoma se han establecido limitaciones a nuevas plantaciones en las DOPs de “Chacolí de Bizkaia”, “Chacolí de Getaria”, “Chacolí de Álava” y “Ribera del Duero”.