Union de Uniones pide al Ministerio nuevos criterios de reparto de las plantaciones de viñedo y a la Consejería prudencia con la nueva reestructuración

autorización de nuevas plantaciones de viñedo
  • La organización sigue considerando preciso regionalizar el reparto de nuevas plantaciones y solventar así los problemas surgidos en el pasado ejercicio en lo referido a dichos criterios en algunas CCAA y DOP.
  • Se ha reclamado al Ministerio contundencia para que la UE sancione los actos vandálicos contra los transportes de productos agrarios españoles.
  • Ante la nueva convocatoria de reestructuración de viñedo, se ha planteado a la Consejería que no es el momento de cambiar criterios.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en una reunión mantenida ayer entre el Director de General de Producciones Agrarias, Fernando Miranda, y el grupo sectorial del vino de la organización, ha insistido en la necesidad de revisar los criterios de admisibilidad de solicitudes de nuevas plantaciones de viñedo, teniendo en cuenta que el régimen deberá estar vigente, en principio, hasta el 2030.

Unión de Uniones, quien ya hiciera hincapié en este tema en noviembre, ha insistido en la conveniencia de establecer un límite por solicitante y año de 5 hectáreas en el reparto de nuevas autorizaciones de plantación así como en la redefinición de los criterios de prioridad, atendiendo a la demanda de los jóvenes viticultores y agricultores profesionales. Estas medidas deberían ser negociadas en el ámbito comunitario en el marco del llamado Reglamento Omnibús, actualmente en discusión en Bruselas, que afectaría al reglamento base de la PAC en el que se enmarca la Organización Común del Mercado del Vino.

La organización sigue considerando preciso regionalizar el reparto de nuevas plantaciones y alcanzar hasta el máximo del 1 % sobre la superficie de viñedo estatal que permite la reglamentación comunitaria, con el fin de no perder potencial productivo. Por otro lado se ha interesado por las razones que podrían llevar al Ministerio a no admitir los topes de nuevas plantaciones propuestos por las denominaciones de origen Navarra, Cariñena y Cava.

Asimismo, Unión de Uniones ha expuesto sus planteamientos sobre la medida de reestructuración y reconversión de viñedo, solicitando una actualización de los módulos de costes subvencionables y ha reclamado una cierta armonización del programa que evita la inclusión de criterios discriminatorios en el acceso a las subvenciones de esta medida.

De igual forma, en el capítulo de la eliminación o aprovechamiento de subproductos, la organización ha subrayado la necesidad de que primen los aspectos medioambientales y ha pedido al Ministerio de que, cara a la futura revisión de la organización del mercado del vino, se abra el debate sobre las ayudas a los destiladores por la destilación de subproductos se puedan transformar en un régimen de ayudas al productor.

Por último, la organización ha trasladado su indignación ante los nuevos ataques a camiones españoles en Francia y ha reclamado, nuevamente, que se ponga en marcha mecanismos sancionadores tanto a los autores de los hechos como a las autoridades del Estado miembro que no adoptan medidas para erradicar estas prácticas.

Nueva Reestructuración en Castilla-La Mancha.

Por otra parte, la pasada semana Unión de Uniones se reunió también con la Directora General de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce, para abordar la nueva convocatoria de planes de reestructuración de viñedo que estaría estudiando publicar la Consejería de Agricultura.

Se trataría de una convocatoria para una cantidad reducida de hectáreas, en el entorno de las 2.500 hectáreas, para proyectos que tendrían que estar ejecutados en junio de 2018. La Consejería plantea modificar los criterios de prioridad para la concesión de estas nuevas ayudas. Entre las principales novedades, al margen de variar los baremos de puntuación, según tipo de plan, de solicitante y de forma de pago, estaría que también daría más puntuación haber suscrito el seguro de explotación de viñedo y ser socio de una entidad asociativa prioritaria de interés regional (EAPIR).

Pero el más importante de ellos es que para tener derecho a estas ayudas habría que firmar un compromiso a 6 años, de entregar, a partir del tercero, la uva de la parcela reestructurada a una bodega o cooperativa que haga pago por calidad. Sin entrar a discutir que el pago por calidad sería bueno que se implantase como práctica general en el sector, parece más lógico exigir que se exija que hagan el pago por calidad a las bodegas y cooperativas que se benefician de las ayudas del FOCAL a la comercialización o a la promoción del vino en países terceros, que al viticultor.

Por otro lado primar el fomento de las entidades asociativas prioritarias con objeto de concentrar la oferta y reforzar el papel de los productores en la cadena, parece un objetivo loable del Gobierno regional. No obstante, hay que tener en cuenta que las normas de reconocimiento de este tipo de entidades se publicaron a mediados de diciembre pasado y que, además, parecería mejor que sean las propias EAPIR las que, con su buen  funcionamiento, capten cada vez más cooperativas en su seno o más socios; pero tampoco depende del viticultor directamente que su cooperativa, o la que haya en su pueblo, se integre en una EAPIR o pida el reconocimiento como tal. Desde la Unión de Uniones no lo vemos claro.

En cualquier caso, es muy posible que haya que darle una vuelta a los criterios de criterios de concesión de la ayuda a la reestructuración del viñedo. No obstante, en un escrito que la Unión de Uniones ha remitido a la Directora General, nos parece que no es ésta la oportunidad más adecuada para ello. Se trata de una convocatoria muy reducida, para la que hay poco tiempo y que, además, supone que en el mismo Plan de Apoyo Vitivinícola tendríamos dos convocatorias de reestructuración con condiciones de acceso muy diferentes y, por lo tanto, una cierta discriminación de unos solicitantes respecto a otros.

Coste del trabajo del viticultor en la reestructuración.

Lo que si tiene que cambiar necesariamente es el computo de los costes del trabajo de propio viticultor con medios propios en el plan como consecuencia de la modificación del Reglamento 2016/1149, que regula estas ayudas. En esta nueva convocatoria habrá que utilizar el procedimiento de “contribuciones en especie” para estos gastos, que realmente supone endurecer las condiciones para que los trabajos que realiza el viticultor puedan ser subvencionados.

Lo que dice el Reglamento, y que tendrá que aplicarse ahora para los nuevos planes, es que la ayuda a la reestructuración o reconversión, cuando se contemplen contribuciones en especie no deberá superar el gasto subvencionable total, sin contar las contribuciones en especie. Es decir que la ayuda nunca va a ser mayor que lo que se justifique en factura. Por lo tanto, cuanto más se pretenda hacer con trabajo propio (con contribución en especie), menor será la facturación y más posibilidades hay de que se nos reduzca la ayuda.

Por ejemplo, si el coste del proyecto es de 6.000 euros y justificamos con factura sólo 2.500 euros; la subvención que nos correspondería con un 75 % de ayuda sería de 4.500 euros, pero no nos darían nada más que 2.500 euros, que es lo que hemos justificado con factura. Si hubiéramos justificado con factura 5.000 euros, sólo nos darían los 4.500 euros que nos corresponde de subvención.

Así que, si hay alguien interesado en presentarse a esta nueva reestructura, ojo a los cambios y sobre todo a este de las contribuciones en especie.

 

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