1.056 ganaderos menos de vacuno de leche en los últimos 12 meses
- FEGA: En los dos primeros meses de 2017 las entregas de leche de vaca se reducen un 2,7 % y se mantuvo el precio medio en 31,6 céntimos.
El FEGA ha hecho público su test mensual de entregas de leche de vacuno que ofrece datos de los dos primeros meses de 2017.
Las entregas acumuladas en enero y febrero suman 1.124.370, 2 toneladas, que están un 2,7 % por debajo de las 1.155.203,3 entregadas en el mismo período de 2016.
El importe medio del precio declarado ha estado en los 31,6 céntimos €/litro en febrero, que es el mismo precio que en enero. Esta cotización supera a la de los meses de enero y febrero del pasado año, cuando el promedio estuvo en 30,8 y 30,6 céntimos €/litro respectivamente, pero está por debajo de los 32,8 céntimos con los que arrancaba en 2015 y aún mucho más aún de los más de 39 céntimos de inicios de 2014.
Respecto del número de ganaderos con entregas, sigue bajando. De febrero a enero se han borrado del sector otros 121 ganaderos, hasta situarse en los 15.216, que son ya 1.056 menos que hace un año.
Castilla-La Mancha
Por su parte, en Castilla-La Mancha el volumen de entregas en febrero de 2017 fue de 19.970,3 toneladas, sumando en los dos primeros meses 41.381,2 toneladas, lo que supone haber incrementado las entregas en un 3,5 % sobre enero y febrero de 2016.
El precio medio en Castilla-La Mancha se mantiene por encima de media nacional, según el FEGA, con una cotización en febrero pasado de 33 céntimos €/litro, por debajo de los 33,2 céntimos de enero, y aproximadamente 1 céntimo por encima de los del arranque de 2016.
En Castilla-La Mancha el número de ganaderos también está reduciéndose progresivamente. Hace un año eran 213 en la región los que hacían entregas, mientras que en febrero pasado fueron 199.
Castilla-La Mancha aprueba recurrir al Supremo la multa de 32,3 millones de euros por el incumplimiento de Coeficiente de Pastos
- Unión de Uniones considera responsables a las administraciones y ha pedido a la Consejería que en ningún caso tenga repercusión sobre las ayudas de agricultores y ganaderos.
El Consejo de Gobierno ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a interponer ante el Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 que aprobó la derivación a la Comunidad Autónoma de la responsabilidad de la corrección financiera impuesta por la Unión Europea por valor de 32,3 millones de euros por el incumplimiento del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos durante varias campañas.
En julio del pasado año la Comisión Europea tomó la decisión de imponer a España una corrección financiera (una multa) de un total de 270,5 millones de euros por, según la autoridad comunitaria, deficiencias en la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos que tenían como consecuencia considerar como admisibles a efectos de activar derechos de pago determinadas superficies que, en función de la definición comunitaria, no podían ser pastables. La decisión afecta fundamentalmente a zonas de dehesa. En los esquemas europeos se concibe difícilmente que determinadas zonas arboladas puedan ser aprovechadas por el ganado, algo que sin embargo es habitual en el modelo silvopastoral de muchas regiones españolas.
La discrepancia entre la realidad y la interpretación española y la definición comunitaria ha tenido como consecuencia esta multa, que en el caso de Castilla-La Mancha asciende a 32,3 millones de euros.
El Estado español ha recurrido la decisión europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, que aún no se ha pronunciado, pero este hecho no es causa de la suspensión del procedimiento de repercusión financiera.
En consecuencia, el Gobierno adoptó en febrero el Acuerdo de colocarle a la Junta de Comunidades la responsabilidad de correr con las consecuencias de la corrección ya que, argumenta el Ministerio de Agricultura, es la competente en la gestión, control, resolución y pago de los fondos agrícolas. Por lo tanto se atribuye a Castilla-La mancha la obligación de devolver a la Unión Europea el montante de la multa en tres plazos iguales de 10,7 millones de euros. El primero de ellos cumplió el pasado 5 de octubre y los dos siguientes serán el 5 de octubre de 2017 y 2018. A esto se añaden, además, otras correcciones que elevan la cantidad que se debería abonado la Junta el pasado mes de octubre a 11,3 millones de euros, pero de la que sólo satisfizo algo más de un millón de euros de multas por irregularidades en la reestructuración del viñedo y pagos indebidos en la PAC y errores en la gestión de las ayudas al desarrollo rural. Por lo tanto, se aplicará a la multa del primer plazo los intereses de los 10,6 millones de euros que aún se adeudan, según el criterio de la Comisión y la decisión del Ministerio.
Si la Junta no paga voluntariamente estas cantidades en los plazos estipulados, se puede proceder por parte de la Administración General del Estado a compensarlas o deducirlas reteniendo los libramientos que corresponda hacer a la Junta por cuenta del FEAGA o el FEADER para la aplicación de la PAC.
Primera alegación rechazada
Castilla-La Mancha ya alegó en septiembre pasado, y se volvió a reiterar en diciembre, al Ministerio que es el Estado quien debería asumir la corrección financiera basándose en que la administración regional se limita a aplicar la normativa básica estatal, porque las deficiencias de admisibilidad de las superficies de pastos son achacables al SIGPAC y porque el FEGA no ha hecho bien su trabajo de coordinación y control en este asunto. El Ministerio rechazó estas alegaciones y traslada la responsabilidad tanto del incumplimiento de la reglamentación comunitaria, como de la no actualización del SIGPAC y de las superficies admisibles, al organismo pagador, es decir, a la Consejería de Agricultura.
Tampoco se le ha admitido a Castilla-La Mancha la petición de suspender la ejecución de la multa, hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre el tema, con lo cual, la única vía que le queda al Gobierno de la región es presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, no ya contra la multa europea (que está recurrida por el Estado español), sino contra el acuerdo de que sea Castilla-La Mancha quien tenga que pagarla. Ese es precisamente el Acuerdo que ha adoptado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado martes 28 de marzo.
¿Quién paga?
Entre tanto se comprueba si son galgos o podencos, el problema es que, o Castilla-La Mancha paga en los plazos marcados, o puede empezar a descontarse dinero de las transferencias que el Ministerio tiene que hacer a la región de fondos del FEAGA para el pago de las ayudas PAC… y en ese caso habrá que ver como procede la Consejería de Agricultura: si carga el pago de la multa directamente a las arcas de la Comunidad Autónoma o bien trata de recuperarlo de alguna manera.
En febrero pasado la Unión de Uniones ya se dirigió por escrito al Consejero Martínez Arroyo para preguntarle cómo iba a proceder y para pedir que, en ningún caso, la corrección financiera tenga repercusiones a los agricultores y ganaderos, que nos hemos limitado a cumplir la normativa que han publicado en los Diarios Oficiales y que, además, no han cobrado ni un euro de más, sino, simplemente repartido en más hectáreas. Son por lo tanto las administraciones las responsables últimas de la sanción. Seguimos esperando la respuesta.
Pese a la reducción de la producción, los precios de la leche de oveja y cabra sufren otro recorte en enero
- La caída de la leche de oveja en Castilla-La Mancha es importante, pero más amortiguada que la del conjunto de España y en la leche de caprino se observa una mejora de la cotización en la región
El FEGA publica su informe mensual de declaraciones del sector de ovino y caprino para leche con los datos relativos al mes de enero de este año.
2017 ha arrancado con producciones muy similares a las mismas que se dieron en el mes de enero de 2016. Concretamente, la leche de oveja producida ha sido de 30.987.000 litros, lo que equivale a una reducción del 1,3 % respecto al volumen de hace un año. En el caso de la leche de cabra la producción la bajada de producción ha sido mayor, de un 3 %, hasta situarse en un total de 32.829.000 litros. Leer Más…
Unión de Uniones: La sanidad animal hecha desde los despachos no nos sirve a los ganaderos
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, quien ya se mostrara contraria con el nuevo plan de erradicación de tuberculosis bovina anunciado por el MAPAMA en las semanas anteriores, ha solicitado a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, entre otras cuestiones, la revisión de los protocolos de aislamiento, la eliminación de la prueba de gamma interferon que aumenta los falsos positivos entre los animales por su sensibilidad, así como la necesidad de un mayor control sanitario de la fauna silvestre y de incrementar las indemnizaciones por sacrificio y vacíos sanitarios.
El sector ganadero de Unión de Uniones con su responsable, Alfredo Berrocal, se ha reunido esta semana con Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, y miembros de su equipo, para debatir sobre saneamiento ganadero y las propuestas que tiene la organización agraria para mejorar dichas campañas.
Unión de Uniones recuerda que en la ganadería extensiva es habitual que se compartan pastos entre distintas explotaciones ganaderas y, además, con la fauna silvestre. A pesar de los estrictos controles que se llevan a cabo, cíclicamente los ganaderos de las zonas de montaña, sufren repuntes de las enfermedades objeto del saneamiento oficial, provocando una situación de gran perjuicio económico que en muchos casos, llega a suponer el abandono de la actividad.
En este sentido, la organización ha pedido que, ya que los controles sobre el ganado son numerosos y exhaustivos, deben ser igualmente rigurosos también para la fauna silvestre, especialmente en aquellas comarcas con alto riesgo de contaminación y donde existen altos niveles de prevalencia. La organización considera que sin esta actuación será imposible controlar el repunte de la enfermedad aunque se sacrifique decenas de miles de vacas y se causen cuantiosas pérdidas a los ganaderos.
Respecto a este tema, por su parte, los responsables del Ministerio han reconocido que, en algunas zonas, la fauna salvaje es, efectivamente, un reservorio de tuberculosis bovina y están de acuerdo en que hay que poner una especial atención.
Asimismo, Unión de Uniones reclama la puesta en marcha de pruebas de contraste que eviten el sacrificio innecesario de animales que han dado positivo por la prueba gamma interferón y que ésta sólo se realice bajo petición de parte, como ocurre a nivel europeo.
Por otro lado, se ha manifestado la necesidad de incrementar las indemnizaciones por sacrificio y por repoblación en caso de vacio sanitario y una mayor flexibilización de movimiento en una misma explotación o hacia cebaderos, así como la autorización a la adquisición de animales a las explotaciones positivas que quieran introducir reses en su actividad ganadera y no someter a pruebas diagnóstico a las explotaciones que hayan comprado animales 12 meses antes de la aparición de positivos en la explotación de origen.
Unión de Uniones ha insistido en la importancia de trabajar codo con codo con la Administración en los planes de erradicación, también con las administraciones de las Comunidades Autónomas que tienen una importante responsabilidad, tanto en la aplicación correcta de los planes sanitarios como en la realización de las propuestas para su modificación.
“Creemos que los ganaderos son los que deben participar en la elaboración de las medidas y de los planes” – ha afirmado Alfredo Berrocal – “Porque somos los primeros interesados, porque no queremos una sanidad animal de despacho y porque somos nosotros quienes estamos en contacto con la realidad del día a día” – ha añadido.
El precio de los corderos cae en España un 23,8 % en el último año
La Comisión Europea ha publicado su tablero de situación del mercado de ovino de carne correspondiente a mediados del presente mes de marzo, con una caída generalizada de los precios del cordero, tanto pesado como ligero.
En el caso del cordero ligero (hasta 13 kilos) el recorte más acusado de cotizaciones de todos los Estados de la UE se ha producido en España, que a mediados de marzo presentaba un precio medio de 518 €/100 kg./ canal, lo que representa un 23,8 % menos que la cotización en marzo de 2016.
Respecto de los corderos pesados, que en la segunda semana de este mes estaban a unos 455 € 100 kg./canal, la pérdida de precios ha sido algo menor, concretamente del 8,5 %.
Por otro lado, según el informe sobre situación del mercado de ovino en España del Ministerio de Agricultura español, el valor de la producción de la carne de ovino en nuestro país en la campaña 2016 ha sido de algo menos de 1.100 millones de euros, un 3 % menos casi que en el año precedente.
Igualmente se ha reducido el censo en un 3,4 %, hasta situarse en unos 15,96 millones de cabezas, de las cuales unas 8,3 smillones serían ovejas para carne. Extremadura, con el 21 % tendría el mayor porcentaje de ovejas reproductoras, seguida de Castilla y León y Castilla-La Mancha con el 19 % y el 16 % respectivamente.
El número de explotaciones para carne en España en enero de 2017 era de 86.469, con una disminución apreciable respecto de enero de 2016 cuando superaban sobradamente las 90.000.
El informe del MAPAMA, que aporta también datos del sector caprino, incluye igualmente situación de precios (aunque menos actualizados que el informe de la UE), así como información sobre comercio exterior y consumos. También se hace referencia en el mismo a la situación del ovino de leche, que recoge la negativa evolución que también ha tenido a lo largo del año pasado, que el Ministerio traduce en una disminución del 12,3 % del precio medio de 2016 en relación al 2015.
La ayuda asociada al ovino de la PAC 2016 es de 11,6 €/animal. La de caprino en zona de montaña es 8,3 €/animal y baja a 6,9 € si no lo son.
El FEGA ha calculado ya los importes provisionales de las ayudas asociadas al ganado ovino y caprino correspondientes a las solicitudes de la PAC de 2016.
Estas ayudas son distintas según se trate de ovino y caprino y también según la explotación esté en la España Peninsular o la Insular y/o zonas de montaña.
En el caso del ganado ovino y para la región peninsular, se han presentado 28.218 solicitudes, por un total de 10,6 millones de animales elegibles. Teniendo en cuenta que el presupuesto para esta medida asciende a 124,4 millones de euros, la cuantía de la ayuda por cabeza es de 11,66 euros.
En Castilla-La Mancha el número de ganaderos beneficiarios es de 3.106 ganaderos con un total de 1,7 millones de ovejas subvencionables, por lo que en la región esta ayuda supone algo menos de 20 millones de euros.
Para la región insular el importe de ovino sube hasta los 19,5 euros por animal.
En cuanto al caprino, hay 4.591 explotaciones de caprino que recibirán la ayuda asociada de región insular o por zona de montaña, a razón de 8,26 €/cabeza, hasta repartirse el montante de casi 5, millones de euros previstos para esta medida entre los 614.814 animales primables.
En Castilla-La Mancha, las explotaciones de caprino de montaña han pedido la ayuda son 443, con 94.427 cabras subvencionables.
En aquellas zonas no insulares ni de montaña, las peticiones en España han ascendido a 4.451, para 782.433 cabezas de caprino, lo que arroja un importe individual de 6,87 euros al distribuir los cerca de 5,4 millones de euros con los que está dotada la medida.
En Castilla-La Mancha, los ganaderos solicitantes que no están en zonas de montaña han sido 779, con 195.548 cabras.
No son cuantías definitivas.
Estos importes de momento son provisionales. Antes del 30 de abril de 2017, las comunidades autónomas realizarán un segundo envío al FEGA de las solicitudes aceptadas para el pago y el número de animales con derecho al pago de la ayuda, a efectos de poder calcular los importes unitarios definitivos a aplicar tanto a los pagos pendientes, como a los pagos complementarios a los ya realizados con el importe provisional.
Ayuda asociada al ovino 2016
Ayuda asociada al caprino 2016
El Ministerio insiste en matar vacas y eliminar ganaderos en su nuevo plan de erradicación de la tuberculosis bovina
- El índice medio de prevalencia en España en 2015 es superior al de 2002, con una preocupación alarmante en comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura Y Castilla-La Mancha.
- El propio Ministerio reconoce en el texto del PNETB que “la aplicación del Programa Nacional ha supuesto en 2015 un marcado retroceso en la evolución de la lucha frente a la enfermedad”
- Unión de Uniones reitera su profundo rechazo a medidas que no han servido para resolver el problema y en las que sigue insistiendo el Ministerio y reflejándolas en su nuevo plan de erradicación
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos muestra su descontento ante el nuevo plan de erradicación de tuberculosis bovina anunciado por el MAPAMA y que insiste en la misma estrategia pese a los resultados negativos conseguidos.
Unión de Uniones denuncia que el Ministerio insiste en mantener y potenciar las mismas actuaciones que han llevado a que en los últimos años, lejos de remitir, la tuberculosis bovina haya repuntado de manera alarmante, a pesar de sacrificar miles de vacas cada año, la mayoría sanas, y a la imposición de restricciones de todo tipo que llevan a los ganaderos a la desesperación, y a cientos de explotaciones a la ruina.
Según los datos que refleja el propio plan de erradicación de la tuberculosis bovina (PNETB), el índice medio de prevalencia en España en 2015 es superior al de 2002, con una preocupación alarmante en comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura, donde los índices llegan casi a doblar los de hace 15 años.
En el caso de Castilla y León, sin embargo, y a pesar de la insistencia de los políticos por minimizar el problema, a juicio de Unión de Uniones, la situación también es alarmante. En esta región existen gran cantidad de comarcas en las que el índice de prevalencia en rebaños supera el 3%. En el mismo sentido, y contradiciendo el triunfalismo oficial, el número de vacas sacrificadas por campañas de saneamiento en esta comunidad autónoma fue de 6.211 en 2010, mientras que en 2015 fue de 6.148, es decir, prácticamente un número invariable.
La organización resalta cómo el propio Ministerio reconoce en el texto del PNETB que “la aplicación del Programa Nacional ha supuesto en 2015 un marcado retroceso en la evolución de la lucha frente a la enfermedad”, reconociendo también como principales causas, “el incremento de la sensibilidad diagnóstica” refiriéndose expresamente al “elevado número de pruebas de gamma-interferón realizadas en rebaños infectados”, el “incremento de los controles oficiales sobre los veterinarios de campo”, y el “creciente papel como reservorio de la fauna silvestre”.
“Si para erradicar la enfermedad, tal como recoge el PNETB, España debe estar durante 6 años consecutivos con una prevalencia en rebaños inferior al 0,1 %, el Ministerio debe pararse a reflexionar seriamente sobre su política sanitaria” – afirman desde Unión de Uniones –“Se empeñan a matar moscas a cañonazos, y el Ministerio debería ya saber que este objetivo en España es de todo punto imposible” – añaden con contundencia.
En este sentido, Unión de Uniones reitera su profundo rechazo a medidas que, a lo largo de los años, no han servido para resolver el problema y en las que sigue insistiendo el Ministerio y reflejándolas en su nuevo plan de erradicación, tales como la utilización obligatoria de la prueba gamma-interferón, opción permitida por la reglamentación comunitaria al no contemplarla como obligatoria sino como complementaria a criterio del estado miembro. De igual forma, la organización pide que se cumpla la sentencia del tribunal superior de justicia que reconoce el derecho de los ganaderos a realizar pruebas de contraste en caso de desacuerdo con los resultados oficiales, así como a la regulación de un procedimiento que permita la defensa de los ganaderos ante las actuaciones de saneamiento y unos baremos de indemnización por sacrificio que compensen íntegramente el valor del animal.
Asimismo la organización reclama una mayor flexibilización de los movimientos en las explotaciones positivas, permitiendo, como mínimo, poder vender animales con destino a matadero, moverlos dentro de la propia explotación, y comprar para reposición.
Por último, insiste en que la fauna silvestre y las fincas cinegéticas tengan el mismo nivel de controles que la ganadería, algo necesario para evitar el contagio continuo de enfermedades.
2017 se inició con 1.038 ganaderos menos de vacuno de leche
El FEGA acaba de publicar el informe de entregas del sector vacuno de leche a enero de 2017. Según los datos que en él se recogen, las entregas durante el año 2016 han ascendido a 6,887 millones de toneladas, frente a los 6,794 millones de toneladas del 2015, lo que supone un incremento del 1,4 %.
En el mes de enero de 2017 el volumen de leche entregada ha sido de 580.700 toneladas, un 1,3 % por debajo de las de enero del año pasado.
Respecto al precio alcanzado en enero pasado, la cotización media en España fue de 0,316 euros por litro, superior al precio con el que arrancó 2016 (0,308 €/litro); pero muy por debajo de los precios de 2015 (0,328 €/l) y mucho más del de enero de 2014 (0,393 €/litro).
Este año se ha iniciado en España con 15.309 ganaderos que han realizado entregas de leche; lo que se traduce en 1.038 ganaderos de vacuno de leche menos de los que empezaron 2016 y 1.781 menos de los que había en enero de 2015. Leer Más…
Hasta 2 chequeos anuales para las ganaderías T3 históricas en Castilla-La Mancha… y más novedades.
La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha publicado hoy una Resolución que modifica determinado aspectos de los programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades animales para el año 2017, debido a la evolución de los indicadores epidemiológicos durante el último año y para acomodar determinadas cuestiones a Plan Nacional de Erradicación. Damos un repaso a las principales novedades. Leer Más…
Unión de Uniones pide al Consejero de Agricultura que la multa por el Coeficiente de Pastos no afecte a ganaderos ni agricultores
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se ha dirigido hoy por escrito al Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha Francisco Martínez Arroyo para interesarse por las posibles consecuencias que podría tener la corrección financiera impuesta por la Comisión Europea por incumplimiento del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos recogida por algunos medios de comunicación y ha pedido que las mismas, en cualquier caso, no se trasladen, a los ganaderos ni a los agricultores.
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó determinados acuerdos sobre la finalización el procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado el 29 de agosto de 2016 a Castilla-La Mancha y a otras Comunidades Autónomas. Estos acuerdos se traducirían en el reparto de las responsabilidades financieras a cada Comunidad Autónoma de las correcciones impuestas por la Unión Europea sobre los pagos PAC realizados entre 2009 y 2013 derivados del incumplimiento de la normativa europea sobre aplicación del coeficiente de admisibilidad de Pastos (CAP).
La corrección se elevaría a casi 263 millones de euros, de los cuales, 32 millones de euros corresponderían a Castilla-La Mancha. Por encima estarían las sanciones a Extremadura (cerca de 80 millones de euros), Andalucía (64 millones) y Castilla y León (58 millones), que absorberían la mayor parte de la corrección.
Todas las regiones, salvo Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares y Navarra (que habrían aplicado el CAP correctamente desde un principio) estarían afectadas en mayor o menor medida.
El tema arranca de largo, puesto que la decisión de la Unión Europea se conocía ya desde marzo del año pasado y tras publicarse la misma en el Diario Oficial de la UE se abrió el plazo para que las Comunidades Autónomas alegasen a la misma, lo que ha dado lugar a una ligera rebaja de la sanción en principio anunciada por las autoridades comunitarias, que era de 272 millones de euros.
En esta corrección y otra precedente por el mismo tema en los años 2007 y 2008 está el origen de las modificaciones del CAP de estas últimas campañas y que ha llevado a rebajar la superficie elegible a efectos de ayudas, por entender según los criterios de la Unión Europea que parte de ella no era aprovechable para pastos por su cobertura arbolada u otros motivos, ignorando en muchos casos las particularidades de paisajes agrarios españoles como la dehesa.
Tras su paso por el Consejo de Ministros, queda aún el recurso de acudir al Tribunal Supremo, según se explicó desde el FEGA en marzo del pasado año al iniciarse el expediente.
Ante estas preocupantes noticias, Unión de Uniones se ha dirigido por escrito al Consejero de Agricultura para confirmar su alcance y ser informado del sujeto de la responsabilidad financiera de la corrección impuesta, una corrección que según nuestra organización ha expresado al Consejero, en ningún caso debería repercutirse sobre los pagos percibidos o a percibir por los ganaderos y agricultores.
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