Por José Manuel de las Heras Coordinador de Unión de Uniones

En febrero de 2012 Miguel Arias Cañete, recién asumida la cartera de Agricultura, anunció en la tribuna del Congreso de los Diputados su compromiso de elaborar una Ley para “impulsar y desarrollar un proceso electoral, de ámbito estatal, que permita fijar la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en los procesos de gobierno del sistema”.

 Razones había más que suficientes para remozar una representación agraria heredada de mecanismos obsoletos y con un evidente déficit democrático. En 6 de las 17 Comunidades Autónomas jamás se han celebrado elecciones en el campo; y en otras 8 de ellas las consultas tienen ya como mínimo 12 años de antigüedad. Sólo en tres territorios Cataluña, Castilla y León y Madrid, los agricultores y ganaderos hemos podido votar a nuestros representantes, a nivel autonómico, y la verdad es que el paisaje de organizaciones agrarias coloreado por las urnas se distancia bastante del cuadro que puede verse en las mesas de del Ministerio de Agricultura, cuando este cita a los aparentes representantes del campo.

La elaboración de la Ley anunciada por Arias Cañete fue controvertida. Paradójicamente sus mayores detractores fueron las tres organizaciones agrarias acomodadas en el Consejo Asesor Agrario del Ministerio cuya representatividad vendría a ser confirmada o desmentida por la convocatoria de elecciones. Pusieron muchas excusas: que el censo no era el adecuado, que la consulta no les ofrecía garantías, que si el procedimiento era desacertado…

Únicamente la Unión de Uniones recibió  como una buena noticia para los agricultores y ganaderos que podrían, por fin, con sus votos nombrar el Consejo Asesor de Ministerio y sentar a las mesas de negociación a quien considerasen que mejor podían defender sus intereses profesionales.

¿El proceso diseñado adolecía de imperfecciones?. Si, sin duda. Nunca hemos sido tan ingenuos como para pensar que Arias Cañete fuera víctima de un ataque de altruismo político cuando pensó en convocar elecciones. Y seguramente las imperfecciones del proceso eran fruto de que el entonces Ministro tuviera en cabeza como caballo ganador a ASAJA, la asociación ideológicamente más próxima al Partido Popular e integrada en la Patronal CEOE.  Pero lo absolutamente inaceptable era, y es, seguir escamoteando la democracia al sector.

Tras la marcha del anterior ministro a la Comisaría de Energía y Medioambiente de la UE quedó empantanado en trámite parlamentario el proyecto de Ley, con una Ministra del ramo, Isabel García Tejerina, y tres organizaciones agrarias con nulo interés en arriesgar la comodidad de ser considerados representativos sin necesidad de acreditarlo mediante el “molesto” trámite de ser elegidos para ello.

Posiblemente por eso, en un regate de última hora, el Gobierno instó al Grupo Parlamentario Popular a enmendar su propia Ley para boicotear el proceso. ¿Cómo?. Sencillo: haciendo depender la convocatoria de consulta de la publicación de un reglamento que ni se elabora, ni se aprueba.

 Entretanto se mantiene la representación institucional en el Consejo Asesor Agrario de la anterior Ley, derogada por inútil para medir la representatividad. Por kafkiano que parezca, es lo que se ha hecho, y transcurridos ya 14 meses desde la entrada en vigor de la Ley, el reglamento ni está, ni se le espera.

Y en esas estamos. Con los agricultores y ganaderos sin poder votar y supuestamente representados por una interlocución tripartita y paritaria reconocida a nivel estatal por un Ministerio que “la engrasa” con abundantes fondos públicos a través de subvenciones y que la autoriza además, a recaudar millones de euros de los productores a través de las llamadas “extensiones de norma” de las Organizaciones Interprofesionales sectoriales.

Arrellanarse en este tipo de status quo es una tentación en la que es posible caer porque en ausencia de elecciones “las organizaciones domésticas” no tienen necesidad de justificarse ante quienes no pueden elegirlos, los agricultores  y ganaderos, sino ante quien les sienta en la mesa y les permite nutrirse económicamente. Es, a mi juicio,  un grave vicio del sistema.

Un vicio que no sólo abarca al ámbito de acción del Ministerio de Agricultura, sino  que se extiende  injustamente, por irradiación y por la vía de los hechos, al ámbito de la negociación del Convenio Estatal del Campo, de las actividades representativas ante otros ministerios, de la representatividad en las Comunidades Autónomas que no celebran elecciones agrarias -que como he dicho son la mayoría- e incluso ante la Unión Europea.

La Unión de Uniones, y otras organizaciones legítimamente constituidas y representativas en sus ámbitos,  además de lógicamente los agricultores, sufren las consecuencias a diario de este “corralito agrario”.

Nuestra organización ha reclamado, y reclama, con insistencia que se celebren elecciones en el campo. Lo hemos hecho en las reuniones con los responsables del Ministerio cada vez que hemos tenido oportunidad; en los medios de comunicación; con los grupos parlamentarios en las Cortes… Hasta a la Defensora del Pueblo hemos acudido por entender que la actual situación vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos agricultores y ganaderos a participar en la acción de gobierno a través de sus representantes.

Nuestra insistencia, no se debe a que la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos presuma de tener garantizado ganar unas elecciones caso de celebrarse. Creemos en el derecho de nuestra organización, o cualquier otra que obtenga respaldo en las urnas, a sentarse en las mesas de representatividad. Creemos en la obligación de los poderes públicos de dialogar con los legítimos representantes de los ciudadanos, no con los más del gusto del político de turno o con los más  complacientes con las decisiones del gobernante. Y creemos, sobre todo, en el derecho de los agricultores y ganaderos a elegir.

Pedimos elecciones por higiene del propio sistema. Es sano que las organizaciones agrarias quedemos comprometidas, por el voto periódico, a merecer y ganarnos la confianza de aquellos a quien decimos representar y a  hacer uso de ella con profesionalidad y honradez.

El gobierno actual ha dilapidado su credibilidad en este asunto y no convocará, como prometió, elecciones en esta legislatura; pero podría aún tener un gesto de coherencia consigo mismo y de respeto hacia los agricultores y ganaderos aprobando al menos el Reglamento de la Ley y dejar así el proceso electoral despejado para la próxima legislatura.

En esta que ahora se cierra, políticamente muy ajetreada, se han removido muchos cimientos corporativos que parecían inamovibles. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y algunas organizaciones agrarias se han resistido a esos cambios en lo social y representativo y siguen hurtando a los agricultores y ganaderos el derecho a elegir quien les representa de forma libre secreta y directa. Ya es hora de que eso cambie y pasar del “me reconoce el poder luego estoy”, al “me votan los agricultores luego existo”.