Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de norma y de aportación económica obligatoria, formulada por la Organización Interprofesional del Vino de España, OIVE durante el periodo de 1 de enero 2016 a 31 de diciembre de 2018.

El 31 de diciembre pasado se publicaba en el BOE el reconocimiento de la Interprofesional de Vino de España, constituida por las organizaciones ASAJA, COAG y UPA, las Cooperativas y la Federación Española del Vino. No se han descuidado mucho en ponerse de acuerdo para sacarle al sector durante los próximos tres años del orden de 17,1 millones de euros… dicen que para hacer promoción del consumo moderado. Ya le han presentado la petición al Ministerio de Agricultura para que se lo autoricen y el Ministerio ha aceptado, sometiendo a información pública la propuesta de extensión de norma que permitiría implantar esa cotización económica a todo el sector. Por nuestra parte tenemos más que serias dudas de que la Interprofesional del Vino haya acreditado tener la representatividad que exige la reglamentación comunitaria vigente para poder imponer esa tasa.

La extensión de norma representaría que todos los que hagan una declaración de vino y/o mosto, tanto cooperativas como elaboradores privados, así como los que comercialicen vino no español en nuestro territorio, tendrían que abonar la cantidad de 0,23 €/Hl., para el vino que se comercialice embotellado y de 0,065 €/Hl., para el granel. Esto representa recaudar del sector la friolera de 5,7 millones de euros al año durante los tres próximos años (2016, 2017 y 2018) prorrogables. Si en Castilla-La Mancha producimos la mitad del vino de España, nos toca apoquinar 2,85 millones de euros al año, o sea 8,55 millones de euros en total que son más de 1.422 millones de las antiguas pesetas. Y cuando decimos recaudar del sector, ya nos podemos imaginar de qué bolsillo acabará saliendo el dinero… del viticultor al que se lo repercutirá de una u otra manera o la cooperativa o la bodega de turno.

Para la Unión de Uniones esta derrama, además de ser de dudosa legalidad (y por eso nos planteamos recurrirla como ya hemos recurrido las que se han aprobado en otros sectores), es absolutamente inútil desde el punto de vista de los viticultores mientras no se vincule de alguna manera que las eventuales mejoras de las condiciones del mercado derivadas de la promoción repercuta sobre el precio de la uva.

Una Interprofesional del vino, en la que se sentaban prácticamente los mismos que en la de ahora, ya estuvo funcionando durante varios años y al final el Ministerio le retiró el reconocimiento porque no sirvió para nada. Y ahora se quiere repetir ronda, pero esta vez, nos tememos, invitando los viticultores.

Lo malo es que esto es contagioso y nuestra Consejería de Agricultura está pensándose hacer lo mismo en Castilla-La Mancha y ya se ha oído que se podría restaurar la actividad de la Fundación Tierra de Viñedo y convirtiéndola en una especie de Interprofesional regional.

Que conste que no estamos en contra de las Interprofesionales. De lo que somos contrarios es a que unos señores se junten en comandita y decidan, sin acreditar que tienen la representatividad mínima legal, que son una Interprofesional, que le van a sacar dinero, directa o indirectamente, a los productores, cuánto le van a sacar y cómo van a gastárselo.

Sería bueno que el Ministerio de Agricultura y nuestra Consejería, sobre todo a nuestra Consejería, acerca de a quienes les dan el pláceme para hacer estos enjuagues y sobre todo que miren hacia atrás y vean de que le están sirviendo este tipo de extensiones de norma a los agricultores y ganaderos, que acaban pagando las tasas, pero sin mejorar los precios de sus producciones.