Unión de Uniones pide al Ministerio ampliar el plazo de solicitud de nuevas plantaciones de viñedo
Para hacerlo coincidir con la ventanilla de la PAC y facilitar el acceso a los nuevos viticultores
- El régimen de autorizaciones debe cambiarse para regionalizar las autorizaciones, priorizar en favor de los jóvenes que se incorporan y la redimensión de explotaciones y establecer límites máximos de concesión por explotación
- La organización ha mostrado su desacuerdo en el procedimiento de constitución y reconocimiento de la Interprofesional de Vino y en la legitimidad de la misma para recaudar dinero mediante extensión de norma.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado al Ministerio, en una reunión mantenida este jueves con la Dirección General de Producciones y Mercados y con la Dirección General de Industria Agroalimentaria, su posición respecto del régimen de nuevas autorizaciones de viñedo y sobre la Interprofesional del sector.
La organización, que ya presentó alegaciones al borrador de la resolución de autorizaciones de viñedo, considera que se podría haber llegado al cupo del 1 % máximo que establece la reglamentación comunitaria. Unión de Uniones estima que el Ministerio debería haber tenido en cuenta que, con este sistema de autorizaciones, desaparece tanto la posibilidad de transferir derechos entre viticultores, como el acceso a las Reservas Regionales de Derechos de Replantación, con lo que se perderán en el futuro las autorizaciones no ejecutadas en su período de vida. Además, entre los años 2012 y 2015 el potencial vitícola español se ha reducido en un 2,5 %. Ambas cuestiones hacían recomendable, en opinión de la Unión de Uniones, haber ido al cupo máximo de autorización de nuevas plantaciones en España, tal y como han hecho, por ejemplo, Francia e Italia.
Por otro lado, publicada ya la convocatoria de este año el día 30 de enero mediante una Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del MAGRAMA, la Unión de Uniones considera que el régimen de autorizaciones debe modificarse de cara a próximos ejercicios, toda vez que algunas de los cambios sugeridos por la organización deberán negociarse en Bruselas. Unión de Uniones ha propuesto una regionalización de las nuevas plantaciones, así como contemplar como beneficiarios preferentes en la concesión a los agricultores jóvenes en incorporación y viticultores que inviertan en redimensionamiento de superficies y fijar límites máximos de hectáreas de autorización por explotación. Algunas de estas cuestiones deberán negociarse directamente en Bruselas
De momento, para el Ministerio ha decidido autorizar como máximo para repartir este año un total de 4.173 hectáreas. Con el fin de facilitar el procedimiento de solicitud esta campaña, Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura que amplíe el plazo, fijado de momento hasta el 15 de marzo, para hacerlo coincidir con el período de cumplimentación de la PAC, propuesta que el Ministerio ha tomado en consideración para su estudio. De todas maneras, con los plazos previstos de resolución y comunicaciones va a ser prácticamente imposible que los agricultores a los que se les aprueben un cupo de autorización para hacer nuevas plantaciones las puedan poner hasta el próximo año (recordamos que una vez concedidas hay tres campaña para ejecutarlas).
Llama la atención que solo cuatro Denominaciones de Origen hayan puesto límites a que esas nuevas plantaciones vayan a sus territorios. Algunas de ellas, en concreto Rioja, Navarra, Ribera del Duero y Chacolí de Bizkaia, no quieren correr el riesgo de que un cupo excesivo de nueva plantaciones ponga en peligro su equilibrio de mercado. La mayor parte de ellas, ninguna de las de Castilla-La Mancha, no ha hecho ninguna alegación al Ministerio. Una situación que contrasta, sin embargo, con el hecho de que la Consejería de Agricultura le pidiera al Ministerio que aprobase la mitad de autorizaciones que finalmente han salido en la convocatoria.
Tampoco ha hecho ninguna alegación la Interprofesional del Vino que es otra de las entidades que debería haber dado su opinión, si es que tiene realmente vocación de ser un agente de ordenación del sector. Seguramente andaban ocupados preparando la petición al Ministerio de Extensión de Norma por la que se quiere recaudar del sector la friolera de 5,7 millones de euros anuales durante las próximas campañas.
Precisamente en la reunión, la Unión de Uniones le expresó al Ministerio su desacuerdo tanto en el procedimiento de reconocimiento de la Interprofesional de Vino, como en la citada extensión de norma y que, con objeto de dirimir esta cuestión, llegado el caso, la organización hará uso de los instrumentos legales a su disposición tanto a nivel estatal como comunitario.
En la derecha en primer plano Fernando Miranda, Director General de producciones y mercados; al fondo Fernando Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria
En la izquierda en primer plano Ricardo Sanchez, Sectorial Vitivinícola de la Unión de Uniones; Luis Javier Navarro, responsable de sectores agrícolas de la Comisión Ejecutiva de Unión de Uniones; Joan Santó, responsable de la Sectorial Vitivinícola de la Unión de Uniones y al fondo Constantino Gil Técnico Coordinador de la Sectorial Vitivinícola de la Unión de Uniones
Unión de Uniones pide al Ministerio de Agricultura que promueva una Ley Estatal del Régimen de ganadería integrada
Unión de Uniones considera que, dada la dispersión de las regulaciones a nivel estatal y el alto número de explotaciones adscritas a este régimen, se debe potenciar una la Ley Estatal que consiga dotar de mayor seguridad, equilibrio y transparencia a este sistema de gestión
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha dirigido a la Ministra de Agricultura una petición para promover una Ley con el objetivo de regular el Régimen de ganadería integrada a nivel del Estado, ya que la actual es incompleta y se halla dispersa entre diferentes regulaciones.
De acuerdo con su definición, este régimen tiene una serie de connotaciones en cuanto a las relaciones entre los productores y la industria que la diferencian de otros tipos de ganadería, por lo que, dado el vínculo contractual que los une, resulta necesario delimitar específicamente cuáles son las obligaciones y responsabilidades tanto del ganadero, como de la empresa integradora respecto de los ámbitos zoosanitario y ambiental, así como regular las condiciones económicas y sanciones en caso de incumplimiento.
El régimen de ganadería integrada, según se define en la Ley de Sanidad Animal es aquella relación contractual ganadera en la cual una parte, denominada integrador, se obliga a aportar los animales y/o o los productos para la alimentación animal, productos sanitarios y asistencia veterinaria, y la otra, denominada ganadero integrado, aporta los servicios de alojamiento del ganado, instalaciones, mano de obra y cuidados a los animales. A estos efectos, el integrador o el integrado pueden ser personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades asociativas agrarias de cualquier tipo.
A pesar de no existir estadísticas oficiales sobre el régimen de integración ganadera (grado implantación, remuneración recibida, condiciones contractuales…) se estima que en el sector de avicultura de carne (broiler) la cifra es de entre el 90 y el 98 % de la producción.
En el caso de la cría y engorde de porcino este régimen de producción puede suponer entre el 60-70 %, y en ciclo cerrado, es del orden del 30 %. En cuanto al bovino de engorde, la presencia de explotaciones en integración es menor y, además, más variable según las zonas productivas.
Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, ya han recogido la necesidad latente en el sector y disponen de una ley de contratos de integración.
Unión de Uniones considera que, dada la dispersión de las regulaciones a nivel estatal, el alto número de explotaciones adscritas a este régimen y teniendo en cuenta que ya las comunidades autónomas están tomando la iniciativa, el Ministerio de Agricultura debiera estudiar la redacción de una la Ley, donde se establezca un marco normativo estatal que consiga dotar de mayor seguridad, equilibrio y transparencia a este régimen de gestión. Así, la organización ha manifestado este hecho en un escrito presentado al MAGRAMA el pasado día 21 de enero, acompañado de un informe sobre la implantación de la ley y la legislación vigente.
Publicado en el FEGA el listado de ganaderos de vacuno de leche beneficiarios de las ayudas «de mínimis»
El pasado 9 de enero se publicaba en el BOE la Resolución del 23 de diciembre de 2015 del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que resolvía las ayudas acogidas al régimen de mínimis establecidas para los ganaderos de vacuno de leche con motivo de la crisis de precios por la que atraviesa el sector productor.
A estas ayudas, debido al procedimiento de concesión decidido por el Ministerio de Agricultura, sólo han optado apenas una decena de ganaderos de Castilla-La Mancha, de los casi 7.000 beneficiarios de toda España, pero principalmente de Galicia que reúne a casi el 85 % de los ganaderos que recibirán este pago.
La Unión de Uniones rechazó el desequilibrio en el reparto de las subvenciones a los ganaderos en crisis, que afectan tanto a estas ayudas por un montante de 2o millones de euros, como a las establecidas con fondos comunitarios por un global de otros 25,5 millones de euros, y presentó al Ministerio una propuesta de distribución más equitativa que, finalmente, no ha sido tenida en cuenta.
En cualquier caso, el BOE anunciaba que, una vez revisados los expedientes y resultas las alegaciones presentadas, en la página web del FEGA se publicaría la relación de beneficiarios finales. Dicha relación ha sido colgada hoy junto con la de desestimaciones de la ayuda por unos u otros motivos. Los listados publicados son los siguientes:
Anexo I. Alegaciones desestimadas por cuestiones de plazo.
Anexo II. Expedientes sin ayudas por incompletos o no cumplimiento de las condiciones.
Anexo III. Relación de beneficiarios y ayudas aprobadas.
Anexo IV. Alegaciones desestimadas por incumplimiento de las condiciones.
Contra la resolución del FEGA se puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra en el plazo de un mes desde su publicación en el BOE, o sea, hasta el 9 de febrero próximo.
La PAC y sus 40 modificaciones.
Los jóvenes agricultores accederán a la Reserva de Derechos si tienen capacitación suficiente.
En recintos arrendados no habrá que indicar el NIF del propietario si son de 2 Has., o menos.
Este año las cesiones de derechos se comunicarán entre el 1 de febrero y la fecha final de presentación de la PAC.
El pasado 30 de diciembre se publicaba en el BOE el Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre que introduce determinados ajustes y modificaciones en los Reales Decretos 1075/2014; 1076/2014 y 1077/2014, que regulan el Régimen de Pago Básico y otras ayudas directas, así como el SIGPAC. Leer Más…
La Unión de Uniones traslada al Grupo Popular su preocupación por los recortes en Agricultura para 2016 y las reivindicaciones del sector lácteo
José Manuel de las Heras, Coordinador Estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha trasladado hoy al Grupo Popular en el Congreso, en una reunión mantenida con el Portavoz de Agricultura, José Cruz Pérez Lapazarán, la preocupación de la organización por el recorte del 13,4 % de los presupuestos operativos del Ministerio de Agricultura para 2016. De igual forma se han abordado las reivindicaciones de los ganaderos materializadas en la Marcha Blanca. Leer Más…






